Durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Zamora, la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, informó a los medios de comunicación y ciudadanía sobre los principales avances y acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en diversos ámbitos estratégicos, como salud, infraestructura vial, educación superior, minería, gestión de riesgos y asistencia social.

Transparencia en minería y catastro minero
La autoridad destacó que el Gobierno ha iniciado la apertura del catastro minero en su primera fase, correspondiente a áridos y pétreos, como parte del compromiso de transparentar el proceso de adjudicación de concesiones mineras. Se espera que las siguientes etapas se abran progresivamente, cumpliendo con las directrices del Ministerio de Energía y Minas.

Panchi invitó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales antes de emitir juicios sobre este proceso, resaltando que “los gobiernos anteriores no respondieron a estos requerimientos, y hoy se cumple con responsabilidad institucional”.

Nuevo hospital y diseño técnico financiado
Uno de los anuncios más relevantes fue el avance en la construcción del nuevo hospital de Zamora, que ya cuenta con el terreno asignado por el GAD Municipal y con el costo definido del diseño arquitectónico. “Este gobierno ha priorizado la adjudicación de los recursos necesarios para concretar este proyecto fundamental para la salud pública provincial”, aseguró la Gobernadora.

Cuarto eje vial: ejecución en 2026
En el ámbito de infraestructura, Panchi anunció que ya se cuenta con el financiamiento de 150 millones de dólares para el esperado cuarto eje vial. Se prevé que a finales de 2025 se firme el contrato de ejecución, con inicio de obra en el primer semestre de 2026. “Es una deuda histórica que este gobierno está dispuesto a saldar con hechos concretos”, enfatizó.

Educación superior: fortalecimiento universitario
La Gobernadora informó que la Universidad Estatal Amazónica, ubicada en El Pangui, ha sido fortalecida con nuevas carreras y que se analiza la creación de hasta cuatro universidades adicionales, como parte de un proceso de ampliación de oportunidades educativas para los jóvenes de la provincia. “Este trabajo se ha iniciado en los primeros 60 días de gestión y se construye con visión a largo plazo”, puntualizó.

Respuesta a emergencias y gestión de riesgos
Durante la emergencia vial en la E50 por deslizamientos, la Gobernación lideró la coordinación interinstitucional para restablecer el paso vehicular en cinco días, con apoyo de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y bomberos. Se movilizaron 15 maquinarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y se continúa con la gestión para atender puntos críticos con intervenciones integrales.

En el área social, la Secretaría de Gestión de Riesgos levantó información de 819 familias afectadas, totalizando 3.045 personas, y se activaron cinco albergues con kits de asistencia humanitaria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reportó 700 usuarios afectados y 1.100 atenciones entre apoyo psicológico y actividades lúdicas.

Reactivación económica y asistencia a productores
En articulación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se activaron los proyectos PIDARA y Ganadería Sostenible, que contemplan subvenciones del 75% para agricultores y ganaderos. Además, BanEcuador activó líneas de crédito especiales para mujeres y familias afectadas por la temporada invernal.

Las pérdidas registradas en el sector agrícola y pecuario ascienden a 609.60 hectáreas afectadas y 641 animales perdidos.

Gestión financiera y respaldo internacional
La Gobernadora destacó que el Ecuador recibirá una inyección de 600 millones de dólares como resultado de la reciente gira internacional del Presidente de la República, recursos que permitirán aliviar las obligaciones del Estado y mejorar la ejecución de proyectos estratégicos. En lo local, se confirmó que no existen deudas con los GAD parroquiales.

Ivonne Panchi concluyó su intervención con un llamado al trabajo conjunto, dejando de lado intereses personales o protagonismos políticos. “La cohesión es clave para el desarrollo de Zamora Chinchipe. Los tiempos de politizar el dolor de la gente ya pasaron. Hoy trabajamos con acciones concretas, diálogo y compromiso”.

En una rueda de prensa desarrollada este lunes 21 de julio, la coronel Alexandra Salcedo, comandante de la Subzona de Policía Zamora Chinchipe N°19, presentó el informe de actividades operativas y comunitarias ejecutadas entre el 14 y el 20 de julio de 2025, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y el orden público en la provincia.

“Estoy complacida de trabajar en esta provincia con gente buena y trabajadora”, expresó la oficial, quien asumió recientemente el mando de la subzona. En su intervención, detalló los principales resultados alcanzados en la última semana, entre los que destacan 9 personas detenidas, por diferentes causas: violencia intrafamiliar (2), boletas judiciales (3), tenencia de sustancias sujetas a fiscalización (2) y contravenciones de tránsito por conducir en estado etílico (2).

Asimismo, se informó sobre la ejecución de 1.772 operativos, entre ordinarios, conjuntos, y estrategias de control como los planes «Noche Segura» y «Ciudad Segura», realizados en colaboración con distintas entidades del Estado.

Resultados operativos destacados:
• 18 automotores retenidos por infracciones de tránsito.
• 2 vehículos recuperados en investigaciones judiciales.
• 3 armas de fuego decomisadas.
• 972 dosis de base de cocaína incautadas.
• 1.000 galones de hidrocarburos decomisados, producto de un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas el pasado 16 de julio.
• 4 accidentes de tránsito registrados y 25 vehículos con polarizados retirados.

Policía Comunitaria y prevención
Como parte del trabajo preventivo y de proximidad con la ciudadanía, la Policía Comunitaria activó 25 botones de seguridad, realizó 98 visitas a locales comerciales y organizó 2 ferias de seguridad en distintos cantones de la provincia. Además, se atendieron 98 emergencias a través del ECU 911.

Un tema de relevancia abordado fue el incidente registrado el 19 de julio, en el que una persona resultó herida por arma de fuego. La Policía informó que tanto la víctima como el presunto agresor fueron identificados, y se compartieron fotografías del sospechoso en redes comunitarias para facilitar su localización.

Control migratorio y movilidad
En coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, efectivos policiales brindan apoyo en los ejes viales de la provincia, especialmente en la vía Loja–Zamora, ante los constantes deslizamientos de tierra. Los controles buscan prevenir accidentes y garantizar la movilidad segura de los ciudadanos.

En materia migratoria, la coronel Salcedo indicó que se han intensificado los controles a ciudadanos extranjeros en situación irregular, en conjunto con la Intendencia y Migración. Se recordó que todo proceso de deportación se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y debe cumplir con los procedimientos legales vigentes.

Respecto a temas disciplinarios dentro de la institución, la coronel informó que casos como el del denominado “LORE” se encuentran bajo investigación interna y judicial. Subrayó que la Policía Nacional actúa en contra de quienes falten a sus deberes, garantizando que la institución mantenga su integridad y servicio a la ciudadanía.

Finalmente, se hizo referencia a las gestiones para reforzar la movilidad policial motorizada, incluyendo la recuperación de motocicletas y la posible firma de convenios con entidades privadas para nuevas donaciones. La comandante recalcó que todo bien donado permanece al servicio de la comunidad, en el marco de convenios formales.

En el marco del programa jurídico «La Tertulia», desarrollado el pasado miércoles 16 de julio, se llevó a cabo un importante conversatorio sobre el derecho de alimentos en el Ecuador, con el tema central: “Lo que todo padre y madre debe saber”.

El espacio contó con la participación de la abogada Evelyn Carolina Castillo Viera, reconocida jurista de la ciudad de Quito, experta en derecho de familia, quien compartió criterios fundamentales sobre el alcance, aplicación y garantías del régimen de pensiones alimenticias en el país.

Durante su intervención, la doctora Castillo destacó que el derecho de alimentos es una garantía constitucional consagrada en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador, orientada a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Este derecho, afirmó, abarca no solo la alimentación propiamente dicha, sino también rubros como salud, educación, vestimenta, vivienda, recreación y desarrollo integral.

Uno de los puntos más relevantes abordados fue la obligación de los progenitores de cumplir con este derecho, incluso cuando no existe una relación de convivencia con el menor. La jurista explicó que la ley ecuatoriana contempla el otorgamiento de pensiones hasta los 18 años, y su extensión hasta los 21 años en casos de estudios continuados. En personas con discapacidad, el derecho se mantiene durante toda la vida.
Asimismo, se analizó la existencia de tablas de pensiones alimenticias, emitidas por el Consejo de la Judicatura, las cuales establecen montos mínimos según el ingreso del alimentante. No obstante, Castillo aclaró que dichas tablas representan solo el piso legal y pueden ser ajustadas al alza conforme a las necesidades reales del menor y la capacidad económica del obligado.

Desde el plano procesal, la abogada subrayó que los ciudadanos pueden iniciar demandas de alimentos sin la necesidad de contratar abogados privados, ya que el Estado garantiza el patrocinio de defensores públicos. Sin embargo, recomendó una adecuada asesoría legal para una correcta defensa del interés superior del menor.

El diálogo también abordó temas vinculados a la fijación de la pensión en contextos de divorcio, los requisitos para que el juez otorgue la tenencia y régimen de visitas, y la protección patrimonial en caso de bienes compartidos. En este punto, Castillo fue enfática en señalar que el único bien inmueble de la pareja divorciada debe quedar a favor de los hijos como medida de protección.

Finalmente, se expuso sobre los mecanismos legales y probatorios que permiten garantizar pensiones justas, en especial cuando el obligado percibe ingresos superiores al salario básico pero busca ocultarlos. Se recomendó el uso de herramientas como el mecanizado del IESS, oficios a empleadores y documentos que evidencien el nivel de vida del menor, con el fin de sustentar un posible incremento de la pensión por parte del juez o jueza competente.

Este espacio de análisis permitió acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía y reafirmar que el derecho de alimentos es un deber ineludible y prioritario para el Estado, la sociedad y, especialmente, para quienes tienen bajo su responsabilidad la vida y bienestar de niños, niñas y adolescentes.