El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sobre una “depuración sistemática” en la institución legislativa ha desatado un intenso debate público. Más allá de los titulares y las acusaciones cruzadas, el tema expone problemas estructurales sobre ética política, transparencia en la contratación pública y la representatividad que reclaman los territorios históricamente marginados, como Zamora Chinchipe.
La desvinculación de asesores señalados por presuntos vínculos familiares con asambleístas, si bien se presenta como un acto de saneamiento institucional, ha generado críticas que apuntan a un trasfondo político y a una práctica de doble estándar. En la provincia amazónica, líderes sociales y ciudadanos cuestionan en redes sociales la coherencia de sus representantes, quienes en campaña ofrecieron priorizar el talento local, pero en la práctica han favorecido a profesionales de otras provincias en cargos de alta remuneración.
Equipos de trabajo bajo la lupa
De acuerdo con el Observatorio Legislativo, hasta el 30 de junio de 2025, el asambleísta Héctor Valladares (RC5) contaba en su equipo con:
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Asesor 1: Maldonado Gaona Hilver Leonardo
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Asesor 2: Pazmiño Lucio Tatiana Marianela (separada el 15 de julio de 2025)
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Asistente 1: Castillo Calva Karina Elizabeth
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Asistente 2: Guayanay Correa Norma Elizabeth
Mientras tanto, la asambleísta Esperanza Rogel (ADN) tiene como colaboradores a:
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Asesor 1: Basantes Camacho Francisco Javier
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Asesor 2: Ludeña Ontaneda Cristian Antonio
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Asistente 1: Villalta Salinas Mariuxi Yadira (única profesional de Zamora Chinchipe)
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Asesor 3: Cruz Fernández Paola Elizabeth
En ambos casos, los cargos mejor remunerados están en manos de personas externas a la provincia, lo que alimenta el descontento popular en una tierra donde el desempleo y la falta de oportunidades son preocupaciones constantes.
️ Respuesta y acusaciones cruzadas
En reacción al trino de Olsen, “Otro familiar del asambleísta prófugo…, Santiago Díaz, queda fuera de la Asamblea Nacional del Ecuador”, Valladares defendió a su exasesora Tatiana Pazmiño, subrayando que su contratación se basó en méritos y que su renuncia fue voluntaria, antes de la publicación presidencial.
“No existió injerencia del exasambleísta Díaz. Tatiana demostró ética, experiencia y compromiso con la provincia. Esta narrativa es una cortina de humo para distraer al país de problemas reales como la inseguridad, el desempleo y la minería ilegal”, declaró Valladares, quien también acusó a la bancada oficialista de mantener familiares en la nómina legislativa.
Críticas desde la base ciudadana
Para los ciudadanos de Zamora Chinchipe, el tema va más allá de un conflicto entre bloques políticos. Líderes comunitarios cuestionan en redes sociales a sus representantes por no cumplir su palabra de apoyar a profesionales locales y por permitir que los recursos humanos de la provincia sigan siendo marginados en favor de intereses externos.
“Nos pidieron el voto con la promesa de dar trabajo a nuestra gente, pero se olvidaron de Zamora Chinchipe. Esto no es un error, es una falta de ética y compromiso”, afirman.
Este descontento no se limita a la Asamblea; se extiende a otras instituciones públicas donde, según denuncias, las contrataciones también priorizan a foráneos, dejando de lado a quienes contribuyeron en campañas electorales y quienes viven la realidad amazónica.
La tema trae al debate la necesidad de reformas profundas que garanticen meritocracia, transparencia y respeto a las comunidades locales en la administración pública. La confianza ciudadana en sus representantes continúa erosionándose en un contexto nacional marcado por crisis económicas, desastres naturales no atendidos y una creciente percepción de abandono estatal en territorios periféricos.
