Nacionales
QueenWater S.A., empresa de la esposa de alias ‘Fito’, se reactivó en 2024 con ingresos por USD 222.000
Después de tres años de inactividad, la empresa QueenWater S.A., de la esposa de alias ‘Fito’, cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, se reactivó en 2024 y ese año reportó ingresos por más de USD 200.000, dinero cuya procedencia se atribuyó a la venta de bienes y productos.
La información de esa compañía y de sus movimientos económicos consta en los expedientes judiciales y financieros de las investigaciones de la Fiscalía a la red de empresas vinculadas a la familia de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, en los casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Por estos delitos, la esposa, hermanos, cuñados y hasta los familiares de una segunda pareja de alias ‘Fito’ han sido procesados por la justicia desde 2020. En la última indagación, en el caso denominado Blanqueo Fito, por lavado de activos, esta empresa y otras tres fueron intervenidas en allanamientos el 2 de junio de 2025.
Agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional resumieron que en ese operativo se incautaron 47 propiedades, entre casas y terrenos, además de 10 vehículos y dos motocicletas, bienes a nombre de tres estructuras ligadas a ‘Fito’: sus padres y hermano; su esposa, hermanos e hijos; y su novia y sus parientes.
Entre los bienes de su esposa, Inda Mariela P., consta la empresa QueenWater, dedicada a la “fabricación, elaboración, distribución y comercialización de hielo purificado para consumo humano, helados de frutas saborizados en diferentes presentaciones”.

Momentos del operativo en el que fueron detenidos los familiares de José Adolfo Macías, en el caso Blanqueo Fito, el 2 de junio de 2025.Fiscalía de Ecuador
Creada legalmente en mayo de 2018, QueenWater S.A., funcionaba desde varios años atrás, según los peritos financieros que declararon que Inda Mariela le compró a su suegro la marca del agua en 2015 y que le pagó por ella la cantidad de “USD 50.000 de contado y en efectivo”.
“Respecto de la empresa QueenWater se ha determinado que la misma opera en dos cantones, en Manta, en la lotización Altamira, y en el cantón El Empalme, en la parroquia El Rosario”, señala el expediente judicial, en el que constan los seguimientos que los agentes hicieron a esta empresa.
En allanamientos realizados a las dos sedes de la compañía, en julio de 2020, los agentes decomisaron USD 8.167 en la de Manta y USD 3.305 en la de El Empalme. Incluso, entrevistaron a un empleado de la embotelladora “que no quiso dar nombres por temor a represalias”, pero que dijo que la planta de agua se encontraba funcionando con normalidad.
Evidencias de este y otros allanamientos de esta investigación fueron incinerados por la Policía ante una orden judicial dispuesta en enero y ejecutada en marzo pasado. Entre lo quemado constaron indicios como talonarios de facturas, laptops, escrituras de compraventas, celulares.
Inactiva tres años
QueenWater se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y no tiene deudas, según los registros de la Superintendencia de Compañías, entidad a la que le reportó ingresos de USD 222.947 durante el año 2024, después de tres años de inactividad.
Esta firma había sido declarada como disuelta por la Supercias en abril de 2024 debido a que no había presentado la información económica en más de dos años. Al mes siguiente, los socios resolvieron reactivarla y presentar toda la documentación.
Los informes financieros señalan que los ingresos de 2024 correspondieron a la venta de bienes, aunque no se menciona si se trata de productos, servicios o propiedades. Pese a ello, el 17 de marzo de 2025, la gerente de esta firma, Inda Mariela P., señaló que QueenWater no obtuvo utilidades en 2024 y que “presentó un resultado negativo de USD 76.549”.

La esposa de alias ‘Fito’ administra esta empresa y posee el 80% de las 10.000 acciones, mientras que su hermano figura como presidente y dueño del 20% de las acciones. A nombre de Inda Mariela, el Servicio de Rentas Internas, SRI, le registraba cinco actividades comerciales.
Entre ellas la crianza de ganado vacuno, en una hacienda, en el cantón Pichincha; la comercialización de agua embotellada, con la empresa QueenWater, en Manta y El Empalme; el servicio de taxis, la venta de todo tipo de carnes y el transporte de carga pesada.
En el sistema financiero, señalaron los peritos, la esposa de Macías Villamar había reportado ingresos por USD 2,1 millones en el periodo 2013-2019, sin embargo, en ese lapso sus ingresos en relación de dependencia fueron de USD 116.711, según los oficios del IESS.
La Fiscalía le atribuyó a Inda Mariela un patrimonio de USD 4,8 millones y unas siete propiedades, media docena de vehículos y acciones en empresas. Ella, una enfermera de 49 años, notarizó en 2011 la disolución conyugal de su matrimonio, para separar sus bienes de los de su esposo, alias ‘Fito’.

La empresa embotelladora de agua se reactivó el año pasado, después de que en 2021, 2022 y 2023 no registró operaciones o actividades. “La empresa permaneció inactiva, por tal motivo no existen ingresos ni gastos”, señaló la gerente Inda Mariela.
En 2021, sin embargo, los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, señalan que recibió contrataciones de ínfimas cuantías de parte de dos entidades públicas, la CELEC EP y la central Marcel Laniado.
En 2020, QueenWater si presentó ingresos, por USD 212.695, y se debieron también a la venta de bienes o productos. Los años anteriores, en 2019 y 2018, QueenWater reportó ingresos por USD 336.144 y USD 55.381, respectivamente, según los documentos financieros de la Fiscalía.
En estos años -2018 y 2019-, la empresa reportó utilidades de USD 4.566 y USD 1.983, y pagó los aportes de sus trabajadores correspondientes al IESS. Fuente: Primicias
Nacionales
Aquiles Alvarez es sentenciado a tres años de prisión por el Caso Grillete
El Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró este lunes 3 de agosto culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, condenándolo a tres años de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, es decir, USD 4.820.
Encarcelado desde inicios de febrero
Álvarez permanecía privado de libertad provisionalmente desde el 8 de febrero, mientras enfrenta otras dos causas penales. Inicialmente, dentro del caso «Triple A», en el que se investiga una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, el alcalde cumplía la medida cautelar de uso de grillete electrónico.
Sin embargo, tras su detención en febrero, dentro de su vivienda ubicada en Samborondón, en la provincia de Guayas, por el caso «Goleada», que investiga el presunto delito de lavado de activos, la Fiscalía solicitó sustituir esa disposición por la prisión preventiva, al señalar, sutentándose en las imágenes del operativo, que el dispositivo había sido manipulado y retirado previamente.
Nacionales
USD 300 millones cuesta el seguro para proteger a Ecuador de las caídas de precios del petróleo
Han pasado un poco más de tres meses desde que en abril de 2026, el Gobierno de Ecuador anunció que contrató un seguro petrolero, también conocido como hedging.
En esencia, Petroecuador pagó una prima de seguro, hasta diciembre de 2026, para proteger a las finanzas públicas en caso de que el precio del petróleo caiga por debajo de un precio establecido.
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Esto, debido a que luego de la recaudación de impuestos, las exportaciones de petróleo son el segundo ingreso más importante del Presupuesto del Estado.
Petroecuador destinó USD 300 millones a esa prima de seguro, confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, en entrevista con PRIMICIAS el pasado 10 de junio de 2026.
La cifra también apareció en el reporte de la petrolera estatal bajo el rubro de gastos por soporte administrativo en abril de 2026.
¿Era prioritario contratar un seguro petrolero?
La exgerente del Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que el seguro busca proteger al país de riesgos por caída de precios, «pero los ingresos del país corren riesgos mayores por otros factores como los problemas de generación eléctrica en el sector petrolero».
«Un seguro para los precios no era una prioridad», dice Reinoso.
El gasto de USD 300 millones en ese seguro es un monto similar a todo lo que Petroecuador ha destinado en inversión en exploración y producción petrolera en el primer semestre de 2026, que fueron USD 327 millones.
Esto, en un momento en el que la producción de Petroecuador tuvo una caída de 2,42% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2025.
Y añade que los recursos también se pudieron usar para atender la erosión regresiva del río Coca.
Construir una variante definitiva para el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), la principal arteria petrolera del país, pudo cubrirse con ese dinero, ya que se estima que la obra costaría unos USD 200 millones, dice.
Lea: La erosión se acerca a la captación de Coca Codo Sinclair, reubicar esta toma de agua es costoso y tomará tiempo
Esta obra es crucial para proteger este oleoducto del fenómeno de la erosión regresiva que amenaza la continuidad del transporte de petróleo.
Por roturas y suspensiones, el Sote no pudo transportar unos 23,5 millones de barriles de petróleo y se dejaron de percibir unos USD 1.124 millones entre 2020 y 2025.
¿Un seguro o un fondo de ahorro petrolero?
El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, reconoce que el seguro petrolero es una herramienta útil para mitigar el impacto que podría tener en el Presupuesto del Estado el desplome de los precios del barril, que es una materia prima muy volátil.
Sin embargo, considera que para Ecuador, una herramienta más apropiada y menos costosa que un seguro es un fondo de ahorro petrolero. «Ecuador ya lo tuvo, cuando fui ministro lo hicimos crecer, pero en el gobierno de Rafael Correa se lo gastaron», recuerda.
Se refiere a dos fondos de ahorro, uno llamado Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que se conformaba con el 55% de los excedentes petroleros y otro denominado Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep).
Pozo dice que un fondo de ahorro «es más sostenible y sano para las finanzas del país», porque el dinero se invierte para que siga creciendo, siempre que exista la política de mantener orden fiscal. «Si el gasto crece mucho y el Estado está obeso es difícil implementar el fondo», dice.
La exgerenta de Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que debido a que el precio del petróleo ha vivido un período de altísima incertidumbre, no se puede saber todavía si el hedging contratado va a ser efectivo y dar beneficios al país.
Y añade que sería clave conocer el precio al que se aseguró el barril.
Petroecuador solo ha informado que el seguro cubre un aproximado de 30 millones de barriles, que representan entre el 40% y 50% de los volúmenes que Petroecuador vendería hasta diciembre de 2026.
El viceministro de Petróleo, Eduardo Racines, explicó a PRIMICIAS que se definió un volumen de crudo a exportar a un precio mínimo asegurado por barril, pero no confirmó el valor.
«Independientemente de lo que pase en el mercado externo, el precio de venta es el que está asegurado. A mayor precio del seguro, menor posibilidad de cobertura de volumen».
Eduardo Racines, viceministro de Hidrocarburos.
Esto significa que, mientras más alto sea el valor asegurado por barril, el dinero pagado alcanza para cubrir menos barriles.
Boom de precios: Los ingresos de Ecuador por venta de petróleo en lo que va de 2026 casi igualan a lo recibido en todo 2025
El instrumento fue contratado por Ecuador en un año en el que el precio del petróleo en el mundo ha experimentado alzas, por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Reinoso, explica que lo adecuado es contratar este tipo de seguros cuando el precio del petróleo está alto, pues es una forma de blindarse por anticipado ante las probabilidades de que se desplome luego de un período de crecimiento.
«Cuando el precio está bajo no es muy lógico contratar un seguro, porque ¿contra qué te estás protegiendo si ya está bajo el precio?»
Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador.
Antes de la guerra, en enero y febrero de 2026, el precio promedio del WTI, que es el de referencia para Ecuador, fue de USD 62 por barril.
Pero entre marzo y mayo de 2026, el WTI se disparó y alcanzó un precio promedio de USD 95,4 por barril. Entre junio y lo que va de julio el precio promedió los USD 80 por barril.
El petróleo ecuatoriano se ha vendido también a un precio más alto del que el Ministerio de Finanzas fijó como precio promedio esperado para 2026: USD 53,5.
En el primer semestre de 2026, el barril de Ecuador se vendió en USD 70,78 en promedio.
Así fue el proceso de contratación del seguro
El Gobierno empezó a allanar el camino para contratar el hedging desde enero de 2026.
En enero de 2026 un decreto ejecutivo reformó el reglamento del Código de Finanzas Públicas para viabilizar estas operaciones.
El nuevo decreto reconoce ese pago del seguro como un costo legítimo de gestión de riesgo y otorga seguridad jurídica a las instituciones que ejecuten esas operaciones. De manera que el pago de primas por coberturas no constituye daño al Estado, blindando a los funcionarios responsables de realizar estas operaciones.
¿Cómo funciona el seguro petrolero?
Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador dice que no existe una cobertura perfecta, y que se trata de una decisión de enorme responsabilidad que requiere un equipo altamente técnico.
«Existe una línea muy delgada entre una decisión estratégica orientada a proteger los ingresos del Estado y una apuesta sobre la dirección futura del mercado.” Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador.
Noboa explica que estas son las opciones que hay en el mercado:
1Opción de venta, conocido como Put
La opción Put funciona como un seguro. El país paga una prima para asegurarse un precio mínimo de venta. Si el petróleo cae por debajo de ese nivel, la cobertura compensa la diferencia. Pero si el precio sube, el país puede vender al valor de mercado y aprovechar esa subida.
En este caso se habla de un costo de USD 300 millones, lo que hace pensar en una estructura con opciones, porque ahí sí existe el pago de una prima.
2Collar con precio piso y un techo
El Collar combina una protección hacia abajo con un límite hacia arriba. Se compra una opción Put para establecer un precio mínimo y, al mismo tiempo, se vende una opción Call para fijar un techo.
Eso permite reducir u en algunos casos eliminar el costo de la prima. La desventaja es que, si el petróleo sube mucho, el país ya no aprovecha completamente esa subida. Por ejemplo, si se fija un piso de USD 60 y un techo de USD 80, el país queda protegido si en el mercado cae por debajo de USD 60. Pero si el precio sube a USD 100, el beneficio queda limitado por el techo que se acordó.
3Swaps o Forwards
En un Swap o un Forward se fija desde el inicio un precio para un volumen determinado de petróleo y para una fecha o período futuro.
Normalmente aquí no se paga una prima como en una opción Put. Por eso, si realmente hubo un pago de USD 300 millones, no parecería que se trató de un Swap o un Forward simple. El efecto sería el siguiente: si se fija un precio de USD 70 y luego el mercado cae a USD 55, el país mantiene los USD 70. Pero si el mercado sube a USD 90, igual recibe los USD 70 y deja de aprovechar esa subida. Fuente: Primicias
Nacionales
Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’
El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.
Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.
Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas
En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.
Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.
Declarar la culpabilidad de todos los procesados.
Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.
Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.
Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.
Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.
La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación
Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.
El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.
El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».
Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.
Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo
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