Persisten las denuncias ciudadanas en contra de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe (EMMSZACH E.P.), con sede en Zumbi, por el incumplimiento en la entrega de certificados de revisión técnica vehicular correspondientes al año 2024, a pesar de que los valores fueron cancelados por los usuarios hace más de nueve meses.
Los testimonios recabados evidencian un patrón sistemático de afectación a los derechos de usuarios que confiaron en el proceso institucional de renovación vehicular. “Realicé el pago en septiembre de 2024 y, hasta hoy, la empresa no ha entregado el documento habilitante para circular. Ahora exigen que vuelva a pagar por el trámite 2025”, manifestó uno de los perjudicados.
Según declaraciones recogidas, el incumplimiento estaría vinculado a la falta de integración de EMMSZACH al sistema Axis 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), requisito técnico indispensable para la emisión legal de los certificados. Esta omisión se atribuye al no cumplimiento por parte de la empresa de los requerimientos establecidos en el marco del Acuerdo Ministerial vigente para la regularización de los centros de revisión vehicular en el país.
La administración actual, encabezada por el Ing. Leonardo Rogelio Mendoza Armijos, ha emitido certificaciones provisionales que, en la práctica, no garantizan la legalidad para circular. Lo más preocupante es que la empresa estaría condicionando la atención de trámites pendientes al pago anticipado del periodo 2025, lo cual ha sido rechazado por los usuarios por considerarlo injusto, ilegal y contrario a los principios de buena fe administrativa.
Este incumplimiento ha generado afectaciones legales y económicas a decenas de propietarios de vehículos, principalmente de los cantones Palanda y Chinchipe, quienes han sido multados e incluso han sufrido la retención de sus automotores por no contar con la documentación regularizada. Todo esto ocurre a pesar de que la empresa ha anunciado recientemente la reanudación de su servicio de revisión técnica.
Los usuarios exigen una respuesta institucional inmediata y transparente, así como la entrega de los documentos pendientes sin nuevos cobros, advirtiendo que, de no existir una solución efectiva, emprenderán acciones legales respaldadas por el marco constitucional y normativo vigente. “El respeto a los derechos ciudadanos y la legalidad del proceso no son negociables. De ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales”, señalaron.
Hasta el momento, la Agencia Nacional de Tránsito no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación, que refleja una grave falla en la administración pública mancomunada y un riesgo para la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el sistema de movilidad del sur del país.
