Nacionales
Enmienda o reforma: dos caminos que puede tomar la consulta
Andrés García y Jorge González (I)
La posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una consulta popular vuelve a presentarse. La aplicación de esta herramienta constitucional se discutió desde la campaña electoral. También se mencionó en los primeros meses de gestión del Ejecutivo y ahora se retoma con una fecha tentativa de ejecución: en las elecciones seccionales de 2023.
Uno de los temas que se evalúa tiene que ver con la arquitectura institucional de la Función Judicial. La opción que se analiza es la de eliminar el Consejo de la Judicatura (CJ) “para evitar conflictos con la Corte Nacional de Justicia”.
El anunció abrió discusiones en el ámbito jurídico y político, pues las consultas populares de alcance nacional se aplicaron en seis ocasiones en los últimos 15 años.
En términos legales, si el plan de Lasso se concreta, la Corte Constitucional (CC) debe emitir un dictamen previo y definir la vía para dar paso a la eliminación del Consejo de la Judicatura.
El analista Mauro Andino y la politóloga Arianna Tanca coinciden en que el camino, según la intención preliminar que ha expresado Lasso, sería una reforma parcial a la Ley Suprema. Es decir, primero se tramitaría en la Asamblea Nacional en dos debates, con 90 días de diferencia. Después se aprobaría y luego se llamaría a referendo en las urnas.
Pero si lo que se busca son cambios en términos de la composición del Consejo de la Judicatura, quizás ahí la vía sí pueda ser una enmienda constitucional, a través del referendo convocado por el Ejecutivo.
Andino cree que detrás de este anuncio hay una “cortina de humo” y que el Ejecutivo apelaría a esta opción, por la poca capacidad de maniobra que tiene en la Asamblea Nacional. “El Consejo de la Judicatura, con matices y ciertas diferencias, ya existía desde los noventa. No es ninguna novelería”.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, señaló el miércoles que esa institución se encarga de la selección y evaluación de jueces. Cree que sería un “error metodológico” su eliminación.
El antecedente más cercano sobre la ruta para eliminar una institución es el caso del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La Corte Constitucional señaló que el camino sería con una reforma parcial a la Norma Superior.
Lasso mencionó que en la consulta se consideraría reformar las atribuciones del Cpccs e incluir aspectos en materia laboral. Además, se mostró abierto a sumar temas del PSC, Unes, Pachakutik e Izquierda Democrática.
Arianna Tanca advierte que las consultas populares han tenido una relación directa con la aceptación que gozan los gobernantes y han servido para capitalizar apoyo. “La mayoría de los presidentes llamó a consultas en los primeros años de Gobierno y con una aceptación superior al 50%”. Apunta que estos procesos deben ser estratégicos, tanto en la temporalidad como en las preguntas.
Según el último reporte de Click, Lasso tiene una calificación buena de su gestión, con el 51,81%. Perfiles de Opinión, en cambio, dice que su calificación es mala, con el 45,78%. Mientras que Cedatos lo colocó como el personaje del año 2021, con el 21,8%.
Para que este plan coincida con las seccionales, la consulta debería estar definida hasta cerrar 2022, ya que los comicios se calculan para febrero del próximo año. Los mecanismos de democracia directa también se impulsan desde la ciudadanía. La CC ha conocido 27 iniciativas de consulta popular y 15 de referendo, entre mayo de 2019 y octubre de 2021. De ellas, solo una fue aprobada.
Así, el 7 de febrero de 2021 se celebró en Cuenca una consulta que aprobó en las urnas (con más del 80% de los votos) la prohibición de explotación minera en las zonas de recarga hídrica de cuatro ríos. De las 27 propuestas de consultas, 18 fueron nacionales y 9 seccionales. Se pidieron dictámenes para instalar asambleas constituyentes, eliminar pensiones para exmandatarios, reapertura de casinos o reducción de asambleístas. (I) Fuente: El Comercio
Nacionales
Cedulación en Ecuador: ¿por qué los niños deben esperar hasta los siete años para tener el código dactilar permanente?
A los siete años de edad, las niñas y niños registran por primera vez sus huellas dactilares en la cédula de identidad. Es recién en esta etapa cuando las crestas papilares (los relieves en la piel que forman las líneas de los dedos, palmas y plantas de los pies) alcanzan la nitidez y definición necesarias para garantizar una identificación biométrica confiable.
En este proceso responde a criterios científicos y técnicos y es un dactiloscopista de la entidad, quien realiza una verificación técnica y registra el código dactilar permanente, el cual reemplaza al registro temporal asignado durante la primera infancia.
¿Por qué las huellas dactilares son confiables?
Las huellas dactilares poseen características que las convierten en uno de los métodos de identificación más seguros del mundo. Estas son algunas de ellas:
- Son únicas: No existen dos personas en el mundo con el mismo dibujo dactilar.
- Son permanentes: Se mantienen sin variaciones estructurales desde su formación y maduración técnica.
- Son inmutables: No cambian con el paso del tiempo ni por el crecimiento físico.
Al acudir a cualquiera de las agencias a nivel nacional, el ciudadano debe presentar la siguiente documentación según su caso:
- En caso de requerir una renovación del documento se debe acercar a la institución con su cédula anterior.
- Si la cédula fue robada o se perdió, será necesario llevar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea.
- Llevar el recibo impreso solo si la transacción se realizó previamente en canales virtuales o banca externa.
La cédula emitida por primera vez tiene un costo de USD 5; sin embargo, por renovación su precio cambia a USD 16.
Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Registro Civil del Ecuador extendió la atención de los servicios de cédulas y pasaportes, sin agendamiento de turno hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión, se implementó en todas a las agencias de la entidad a escala nacional. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional que presuntamente recibieron dinero a cambio de una sentencia
La Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en el norte de Quito, como parte de una investigación previa de un presunto caso de cohecho, que se desprende el caso Plaga.
El Ministerio Público detalló que investiga a jueces de la Corte Nacional de Justicia, «quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación en una causa en la que estaría involucrada una empresa china».
La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, informó la Fiscalía.
Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.
La Fiscalía todavía no ha proporcionado más detalles de este caso. Pero hay antecedentes.
El abogado quiteño Michael Hernández, conocido en círculos judiciales como ‘Mike’, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, declaró en septiembre de 2024 que habría operado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En su testimonio anticipado vinculó a los entonces magistrados Iván Saquicela y Wilman Terán con una supuesta estructura de favores y pagos ilegales.
Según Hernández, se habrían entregado USD 30.000 a Saquicela para influir en un proceso relacionado con la empresa china China Railway, que reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano. El caso terminó con una decisión judicial que ordenó un pago cercano a USD 59 millones a favor de la compañía.
La causa se originó por un contrato firmado en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la empresa inició acciones legales y obtuvo fallos favorables en tribunales administrativos.
Saquicela rechazó las declaraciones de Hernández y calificó el testimonio como una supuesta maniobra política. Por su parte, Terán purga actualmente condenas por corrupción. Fuente: Primicias
Nacionales
Banco Mundial aprueba crédito de USD 750 millones para Ecuador; este será el destino del nuevo préstamo
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que es parte del Grupo Banco Mundial, aprobó el 28 de julio de 2026 un nuevo crédito para Ecuador, por USD 750 millones.
Según el multilateral, esta operación respaldará el programa de reformas económicas impulsado por el Gobierno ecuatoriano.
«El financiamiento apoya el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal mediante una mayor eficiencia del gasto público, mejoras en las transferencias sociales y una gestión más sólida de los ingresos y riesgos fiscales», dijo el organismo.
El multilateral destacó que Ecuador ha logrado avances importantes en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y en la recuperación de la confianza de los inversionistas.
Y es que en este 2026, luego de que el riesgo país cayó a menos de 500 puntos, Ecuador logró volver a emitir bonos y conseguir financiamiento en los mercados internacionales, algo que no podía hacer hace casi siete años, porque era considerado muy riesgoso para los inversionistas.
“Este financiamiento profundizará acciones que promuevan más empleo formal, amplíen el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas e incrementen capacidades para enfrentar choques externos”, dijo Ariel Yepez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Según estimaciones del Grupo Banco Mundial, el paquete de reformas respaldado por esta operación podría contribuir a crear más de 180.000 empleos adicionales y mejor remunerados para 2031, impulsando el crecimiento económico y ampliando las oportunidades para trabajadores, jóvenes y mujeres.
«El financiamiento impulsa un mejor clima de inversión, mayor acceso al financiamiento para las empresas y una participación más activa del sector privado»
Banco Mundial
Con el programa económico respaldado por el organismo, se espera que el Gobierno logre crear mejor clima de inversión, mayor acceso al financiamiento para las empresas y una participación más activa del sector privado, dijo el multilateral. Fuente: Primicias
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