Una nueva forma de fijar el presupuesto público

Dentro del primer paquete de medidas económicas para su segundo período, el Gobierno de Daniel Noboa anunció el 2 de junio de 2025 que cobrará la llamada «tasa de fiscalización» a los concesionarios mineros o empresas mineras en todos los segmentos: pequeña minería, de mediana y de gran escala.

La tasa se cobrará, además, sin importar en qué fase se encuentre el proyecto: exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica del proyecto o en la fase final, que es la de explotación de materiales.

En Ecuador existen 1.536 concesiones mineras, incluyendo aquellas para extraer minerales metálicos y no metálicos.

¿Pero para qué una tasa? El Gobierno justifica el cobro porque asegura que las actividades de supervisión y control que realiza la Agencia de Regulación y Control Minero requieren un fortalecimiento que permita aumentar su operatividad dentro del contexto del incremento de actividades mineras no autorizadas e irregulares».

Así, la administración de Noboa prevé recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones al año con esta tasa.

Y aunque el Ministerio de Finanzas ya tiene proyección de cuánto recaudará el Fisco, la Agencia de Regulación y Control Minero todavía está puliendo los detalles de la tasa y recibiendo comentarios de las empresas mineras.

Según el Ministerio de Energía, hasta el 15 de junio de 2025 está prevista la fase de elaboración de los mecanismos de ejecución para el cobro de la tasa. Y para el 30 de junio se prevé comenzar a cobrarla.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, explicó en una entrevista con WQ Radio, que la tarde del 2 de junio de 2025, en el sitio web de la Agencia ya se colgó un documento con los detalles de cómo se calcularía la tasa para las mineras.

No obstante, aclaró que no es un documento definitivo. «Se colgó un documento en etapa de socialización, de consulta pública», detalló Silva.

La vocera de la Cámara dijo que al sector le sorprendió leer el documento. «Es una medida totalmente desproporcionada», mencionó. Y agregó que los más afectados serán las empresas con concesiones en etapa de exploración.

Además, Silva cuestionó que el Gobierno busque cobrar a la industria minera una tasa que recaudaría un monto similar al total de inversión extranjera que llegó a Ecuador en 2024, que fueron USD 232 millones.

Según la Cámara, las empresas mineras pasan años explorando las concesiones, sin tener un retorno de su inversión en ese momento, por lo que cargarlos con una tasa sería un desincentivo para que sigan explorando, con lo que el país dejaría de recibir inversiones de esas empresas.

«Levantar los fondos para hacer esa exploración es un trabajo bastante complicado, más todavía cuando el destino de esos fondos es un país con un alto riesgo país, con una carga tributaria ya alta frente a la región», mencionó.

¿Cómo se calculará la tasa?
La fórmula que propone el Gobierno de Noboa en el documento que revisaron las empresas mineras se basa en los siguientes elementos:

• Cantidad de hectáreas autorizadas o concesionadas al titular minero.

• Un coeficiente por fase minera, que representa la intensidad, frecuencia y complejidad del control regulatorio requerido en cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto minero.

• Y un factor de ajuste del Salario Básico Unificado (SBU), que según el Gobierno «asegura que la tasa se ajuste proporcionalmente al incremento del salario, manteniendo su relación con los costos».

Según el reporte de la Agencia, el mayor aporte vendrá por las concesiones en exploración inicial y avanzada en el segmento de minería a gran escala de minerales metálicos (oro, plata, cobre). Esto ocurre porque son las que tienen más hectáreas de concesiones.

¿Cuándo se considera minería metálica a gran escala?

Cuando se extrae desde 1.001 toneladas por día (t/día) en minería subterránea; desde 2.001 t/día en minería a cielo abierto y desde 3.001 m3/día en minería aluvial.

Según la Agencia de Regulación y Control Minero, existen 714.509,7 hectáreas de concesiones de gran minería metálica en etapa de exploración inicial.

De ahí que, según la fórmula, esas empresas tendrían que pagar en total USD 85,9 millones en 2025, tomando en cuenta que el actual salario básico en Ecuador es USD 470.

Y, por otro lado, existen 131.352 hectáreas de concesiones en etapa de exploración avanzada, con lo que, según la fórmula, a ese grupo le correspondería pagar USD 46,3 millones en 2025.

Andrés Ycaza, abogado especialista en temas mineros, explica que el problema con la tasa que propone el Gobierno es que se calcula según el número de hectáreas y no es proporcional a lo que realmente producen las minas, las ganancias que tienen o la fase en la que se encuentran los proyectos que todavía no explotan.

Según Ycaza, hay proyectos que tienen más hectáreas de concesiones, porque las empresas se han arriesgado a hacer más exploración y a invertir más, pero eso no significa que tendrán más ganancias.

Y añade que la exploración en grandes espacios no es una garantía de que la minera extraerá más material, pues la exploración es precisamente para identificar el potencial del yacimiento.

Así, hay proyectos que ya están en explotación y tienen ganancias, que pagarán casi lo mismo que proyectos que recién están invirtiendo en explorar, explica Ycaza.

¿Qué proyectos son los que más aportarán?
Entre los proyectos más importantes de minería a gran escala en Ecuador en etapa de exploración está Cangrejos, aunque está previsto que este año se firme el contrato de explotación.

El proyecto está ubicado sobre unas 6.374 hectáreas en los cantones Santa Rosa y Atahualpa.

La minera a cargo, Lumina Gold Corp. ha informado que Cangrejos está en el puesto 13 de los mayores depósitos de oro primarios sin desarrollar en el mundo. La empresa prevé inversiones por USD 2.200 millones.

Se trata de un proyecto que tiene reservas por alrededor de 11,6 millones de onzas de oro, lo que la convertirán en la mina de oro más grande de Ecuador.

Otros proyectos clave que también están en exploración son:

En tercer lugar, con mayor aporte estarían las concesiones de pequeña minería metálica en etapa de exploración-explotación. Y es que la legislación ecuatoriana permite que las concesiones de pequeña minería se pueda explotar a la par mientras se sigue explorando.

Según la Agencia, existen 350.384,6 hectáreas de concesiones de pequeña minería metálica en etapa de exploración-explotación, con lo que las empresas de este grupo tendrían que pagar USD 32,9 millones.

Se considera pequeña minería metálica cuando se extraen hasta 300 t/día en minería subterránea, hasta 1.000 t/día en minería a cielo abierto y hasta 1.500 metros cúbicos/día en minería aluvial.

En cambio, en el segmento de la mediana minería metálica, el mayor monto se espera de las concesiones en exploración inicial, que aportarían USD 12 millones.

Por otro lado, las concesiones que ya están en explotación en el segmento de minería a gran escala pagarán USD 3,5 millones. Se trata de:

1. Mirador (Zamora Chinchipe), la mina de cobre a cielo abierto a cargo de la empresa de capitales Ecuacorriente (Ecsa).

2. Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), la mina subterránea de oro a cargo de la empresa Aurelian, subsidiaria de la canadiense Lundin Gold.

Desde que entraron en fase de explotación, en 2019, las dos empresas han ido creciendo hasta posicionarse entre las más grandes del país, por sus altos ingresos.

En el caso de Aurelian, fue la quinta empresa con más ingresos en 2024, con USD 1.205 millones. Ese año, además, tuvo USD 107,5 millones de Impuesto a la Renta.

Ecuacorriente fue la sexta empresa con más ingresos en 2024, con USD 1.222,3 millones. Su Impuesto a la Renta causado fue de USD 88,5 millones.

¿En qué se usarán los recursos?
El Gobierno ya tiene previsto el fin de los recursos a recaudar de las mineras.

Para ello, el presupuesto que ha previsto la Agencia de Regulación y Control Minero es de USD 233 millones.

El monto más alto es el que se piensa destinar a talento humano y capacitaciones, con un presupuesto de USD 70 millones. Le siguen otros gastos como:

Tecnología (licencias satelitales, desarrollo de sistemas de inteligencia minera, implementación de laboratorio acreditado): USD 65 millones.
Movilización y logística: USD 59 millones.
Equipo de campo (drones, GPS, brújulas, tablets): USD 39,9 millones. Fuente: Primicias

Un Tribunal de Garantías Penales de El Oro sentenció a 34 años y ocho meses de prisión a Andy Yair A. N. y Carlos Jhonny M. P., como autores materiales del asesinato Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo. Los hechos sucedieron el 19 de abril de 2024.

Ese día, Maldonado recibió varios impactos de bala de parte de un sujeto que se movilizaba con un acompañante a bordo de una motocicleta.

Una denuncia en 1800 DELITO permitió a las autoridades localizar a uno de los perpetradores del crimen en Guayaquil.

Este fue identificado como Andy Yair A.N, que poseía dos dispositivos móviles en su posesión. Al inspeccionar los teléfonos, la Fiscalía recolectó pruebas del crimen, incluida la identificación de Carlos Jhonny M.P., autor de los disparos que terminaron con la vida del alcalde.

En la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó más de veinte testigos y pruebas periciales de audio y video, de informática forense y de identidad humana. Asimismo, el análisis telefónico, la pericia balística y el informe de la inspección ocular técnica.

El Tribunal acogió las evidencias de Fiscalía y dictó el fallo contra los dos procesados. Además de la condena tendrán que pagar una multa de 1.000 salarios básicos unificados (USD 470.000) cada uno y USD 30.000 como reparación integral a los familiares de la víctima. Fuente: El Telégrafo