URRUTIA DICE QUE ES INOCENTE

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, denunció, le martes 8 de julio de 2025, una grave crisis institucional en el sistema judicial del país. La entidad, que tiene al pleno con autoridades prorrogadas, está al borde de que se declare en emergencia judicial.

En una entrevista con Radio Democracia, Godoy detalló que desde que asumió el cargo han sido destituidos 100 servidores judiciales a escala nacional, incluidos 53 jueces, 11 fiscales y otros funcionarios como secretarios, citadores, técnicos de ventanilla y directores provinciales.

“En cada entrevista que tengo el número crece”, expresó Godoy. Precisó que 40 de los destituidos están relacionados con casos de alta connotación nacional: 10 en el caso Purga, 10 en Metástasis, tres en Plaga, uno vinculado tanto a Plaga como a Metástasis, y seis por el caso de lavado de activos ligado a Daniel Salcedo. “Algunos están enjuiciados, otros han ido a la cárcel”, añadió.

Godoy también advirtió sobre las condiciones precarias en las que opera actualmente la Función Judicial. Informó que hay un déficit de 754 jueces en todas las materias e instancias, lo que ha generado una fuerte sobrecarga procesal.

Esto se traduce en retrasos en los trámites, acumulación de causas y un mayor margen de error en los fallos judiciales. A esta situación se suma el deterioro de la infraestructura judicial y un déficit presupuestario de USD 205 millones.

Frente a este panorama, el titular de la Judicatura planteó la necesidad de declarar en emergencia al sistema judicial, para así habilitar mecanismos excepcionales que permitan atender los problemas estructurales de forma urgente.

Las declaraciones de Godoy se dan en un contexto de tensión institucional. Las últimas semanas, el ministro del Interior, John Reimberg, ha criticado el accionar de ciertos jueces y pidió a la Judicatura asumir con firmeza los procesos disciplinarios.

Incluso mantuvo una reunión con las principales autoridades del Consejo de la Judicatura, en medio de la presión pública por la liberación de personas vinculadas al crimen organizado.

Judicatura sin quórum
Para el martes 8 de julio, estaba prevista una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar cinco expedientes disciplinarios. Sin embargo, la reunión no se realizó por falta de quórum.

Solo asistieron Mario Godoy y la vocal Yolanda Yupangui. La tercera vocal, Solanda Goyes, presentó un certificado médico que le impide asistir durante varios días.

La Judicatura actualmente funciona con tres de sus cinco vocales, todos en funciones prorrogadas, lo que ha complicado la toma de decisiones. Fuente: Primicias

Hacer frente al rápido crecimiento de la minería ilegal en Ecuador es la tarea más ardua que tiene hoy la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que por —ahora cuenta— con 164 funcionarios y un presupuesto de USD 5,7 millones para 2025.

Pero la realidad de la Agencia está por cambiar porque desde el 31 de julio de 2025 esta pequeña entidad pasará a cobrar la tasa de fiscalización minera que el Gobierno de Daniel Noboa impuso a todas las empresas que tienen concesiones en exploración y en explotación.

Con esto, la Arcom pasará a tener un presupuesto de alrededor de USD 200 millones al año desde 2026. Recursos que, según el director de la entidad, Patricio Bonilla, son necesarios para mejorar las capacidades de Arcom para hacer frente al azote de la minería ilegal.

Entre agosto y diciembre de 2025 el presupuesto de Arcom todavía no llegará a USD 200 millones porque las empresas mineras tendrán que pagar solo el proporcional de la tasa.

Pero uno de los primeros pasos será aumentar el número de funcionarios. Para agosto de 2025, Bonilla dijo que serán, al menos, 190 empleados en la Agencia. Además, el plan contempla la creación de más oficinas técnicas y direcciones distritales.

En la rendición de cuentas de Arcom, el pasado 4 de julio de 2025, Bonilla dijo que la agencia cerró 2024 con seis direcciones distritales y dos oficinas técnicas, pero para 2025 la meta es tener 11 direcciones distritales y siete oficinas técnicas.

Eso sin contar con que la entidad contempla equiparse con camionetas blindadas, equipos de seguridad para sus funcionarios, drones y espectrómetros de alta tecnología, aunque todavía no se conoce cuánto de los USD 200 millones irá a estos equipos.

Cámara de Minería cuestiona poca transparencia sobre el uso del millonario ingreso que dejará la tasa minera
Por ahora, de su presupuesto de USD 5,7 millones previsto para 2025 (en el que todavía no se incluye el cobro de la tasa de fiscalización minera), unos USD 4,3 millones son para pagos de sueldos de los funcionarios. Solo USD 156.610,31 están previstos para lo que se conoce «propiedad, planta y equipo».

¿Qué escenario enfrenta Arcom con la minería ilegal?
La Arcom asume el reto de manejar un millonario presupuesto para que las cifras de campamentos de minería ilegal, que destrozan sobre todo la Amazonía, se reduzcan. Pero ¿cómo está hasta ahora el escenario?

Bonilla dijo que la entidad ha identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias de las 24 que tiene Ecuador.

Según la Agencia, el problema es que los enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados y los militares de Fuerzas Armadas que participan en operativos son cada vez más numerosos.

Además, el reporte menciona que «las comunidades que ven en la minería ilegal una fuente de réditos económicos de primera mano dan un soporte logístico a esta actividad minera y apoyo inmediato en contra de la fuerza pública en los operativos de control».

De los 387 puntos de minería ilegal, 40 puntos ubicados en nueve provincias son identificados como «muy peligrosos», por presencia de Grupos Armados Organizados.

El reporte de Arcom detalla que Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe  «presentan los sectores más álgidos de minería ilegal».

Entre los puntos rojos están zonas que ya fueron intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas en el pasado, por ejemplo, en Imbabura está La Merced de Buenos Aires.

En esta zona, el pasado 3 de julio de 2025, de hecho, murió un militar del Ejército durante un operativo en un campamento de minería ilegal.

Y en Napo están zonas en las que activistas y pobladores han denunciado por años que existe minería ilegal, como Río Punino, Río Jatunyacu, Arosemena Tola.

Precisamente en la zona de Punino, en Napo el pasado 9 de junio de 2025 11 militares del Ejército fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal.

Durante la rendición de cuentas, Bonilla dijo que en Napo el problema no se limita a terceros que invaden zonas concesionadas a empresas para extraer material de forma ilegal. Hay incluso problemas con empresas que tienen concesiones autorizadas.

Bonilla dijo que 15 concesiones mineras en Napo, adjudicadas a empresas formales, fueron denunciadas por la ciudadanía por «incumplimientos a la ley», aunque no precisó de qué tipo.

De esas denuncias, Bonilla dijo que después de las inspecciones, Arcom encontró que en 11 de las áreas denunciadas hubo infracciones que ameritaban la suspensión de las concesiones y en cuatro, infracciones que implicaron que las concesiones caduquen.

En este cuadro está el resto de puntos críticos de minería ilegal identificados por Arcom:

La Agencia ha identificado como los problemas más graves de la minería ilegal otros delitos conexos como: asociación ilícita, tenencia y porte de armas y explosivos, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, defraudación tributaria, extorsión, trata de personas, trabajo infantil, explotación laboral, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En este contexto, Bonilla informó que desde el 26 de julio hasta diciembre de 2024, la Agencia realizó 30 operativos contra la minería ilegal. El reporte no detalla operativos del año completo porque hasta abril de 2024 solo existía la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (Arcernnr).

Pero el 9 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa decidió separar en tres agencias a esta entidad, con lo que la Arcom comenzó a ser una entidad separada.

Estos son los resultados de los operativos: