Estimada Gobernadora de Zamora Chinchipe: Con el debido respeto y consideración que merece su investidura, me permito expresar una preocupación legítima que recorre las calles, los ríos y las voces de nuestra provincia: no se combate la corrupción sancionando a los más débiles.
Lo que escuchamos hoy es una vez más la repetición de un patrón profundamente injusto. Las sanciones caen sobre los pequeños propietarios de terrenos donde se realizaron actividades mineras, mientras los verdaderos responsables—los que otorgaron permisos, los que se beneficiaron en silencio, los que miraron hacia otro lado desde las oficinas del poder—siguen envueltos en la impunidad y protegidos por las sombras de la burocracia.
La corrupción no germina en la periferia. Nace en los núcleos del poder y se alimenta de la omisión, del silencio cómplice, de la permisividad institucional. Por ello, la solución no puede limitarse a castigar a quienes, en muchos casos, solo buscaban sobrevivir. Se requiere una investigación técnica, profunda y sin concesiones, que revele quiénes autorizaron, quiénes toleraron y quiénes lucraron con el ecocidio que hoy golpea nuestros ríos y amenaza la vida misma de nuestras comunidades.
Los dueños de predios, muchas veces forzados o intimidados, tienen hoy una oportunidad crucial para romper el cerco del miedo: denunciar a quienes los visitaban bajo el amparo de la noche para extorsionarlos o exigir pagos a cambio de impunidad. Es hora de revelar los nombres y las redes. La corrupción no actúa sola; opera en complicidad con funcionarios, autoridades locales e instituciones que, por acción u omisión, permitieron que la ilegalidad se normalizara.
Señalar únicamente a los más vulnerables es una estrategia antigua y deliberada. No podemos permitir que los que buscaron un sustento sean convertidos en los chivos expiatorios, mientras los verdaderos destructores de la naturaleza se esconden tras discursos vacíos y estructuras de poder que les protegen.
Zamora Chinchipe exige más que titulares: necesita un proceso real de fiscalización, verdad y justicia, que no termine en sanciones simbólicas ni lavados de imagen institucional. La responsabilidad debe ser integral, sin excepciones.
Recuperar nuestros ríos es urgente. Pero más urgente aún es restaurar la dignidad colectiva y la confianza en las instituciones. Eso solo será posible cuando la justicia alcance a todos, sin miedo, sin favores y sin distinciones.
