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Por Scilla Alecci y el equipo de reporteros del ICIJ

Entre ondeantes banderas chinas y francesas, el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, descendieron de su avión oficial bajo un cielo lluvioso en París el pasado mayo. Al llegar para la primera etapa de una gira de cinco días para fortalecer los lazos europeos, la primera pareja de China fue recibida por simpatizantes que izaban la bandera roja de su país y grupos que realizaban danzas tradicionales del dragón y el león, al son de tambores y gongs.

Al otro lado de la ciudad, sonó el teléfono de Jiang Shengda. Jiang, de 31 años y líder del Frente de la Libertad en China, un grupo de activistas y artistas chinos, se disponía dirigirse a manifestantes en la Plaza de la República, un lugar célebre por acoger la libertad de expresión, la protesta y la disidencia.

El artista y activista nacido en Pekín solía hablar ante multitudes, uniéndose a menudo a uigures, tibetanos y hongkoneses en el extranjero para denunciar la opresión de los derechos humanos y las libertades civiles por parte de Xi, dentro y fuera de China. Pero ese día, se enfrentaba a un dilema angustioso.

La madre de Jiang estaba llamando desde 5.100 millas de distancia, en Beijing.

Jiang pensó que sabía por qué: la policía china la estaba obligando a realizar las llamadas, dijo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en una entrevista reciente.

Él no contestó.

«Definitivamente iba a transmitir el mensaje [de las autoridades] de que no debía participar en ninguna actividad pública durante la visita de Xi Jinping«, declaró Jiang a ICIJ, con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras y enmarcado por su pelo largo y una barba desaliñada. «Y entonces pensé: ‘Creo que es algo que tengo que hacer'».

Jiang es uno de los cientos de chinos que viven en el extranjero y que las autoridades chinas han perseguido directamente, mediante piratería informática y vigilancia; e indirectamente, mediante interrogatorios de familiares, amigos e incluso antiguos profesores.

La presión y el control aplicados al activista son parte de una campaña global diseñada por ese gobierno para coaccionar e intimidar a los miembros de su diáspora en lo que los analistas llaman “represión transnacional”.

ICIJ y sus socios de medios entrevistaron a 105 personas en 23 países que, como Jiang, han sido blanco de las autoridades en los últimos años por criticar las políticas del gobierno en público y en privado.

Entre ellas, se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigures y tibetanas oprimidas. Han sido señaladas por defender los derechos de las minorías étnicas de China y abordar otros temas considerados tabú por el Partido Comunista Chino (PCCh), como la independencia de Taiwán y Hong Kong y el movimiento espiritual Falun Gong.

Las entrevistas fueron parte de China Targets (Objetivos de China), una investigación transfronteriza liderada por ICIJ, que arroja nuevas luces sobre la escala de la campaña de represión global, y la respuesta ineficaz de las autoridades en naciones democráticas, donde aquellos que han sido atacados buscan refugio.

La investigación muestra cómo el fracaso a la hora de contener el autoritarismo le ha permitido llegar a instituciones intergubernamentales como las Naciones Unidas e Interpol, la organización policial internacional.

“La esencia del Partido Comunista no ha cambiado”, afirmó Michael Kovrig, exdiplomático canadiense y experto en política exterior china. “Lo que ha cambiado son sus capacidades. Pueden hacer más, así que hacen más”.

Kovrig afirmó que las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden de varios países democráticos carecen de la experiencia para abordar casos relacionados con las tácticas de represión y presión del PCCh dentro de sus fronteras. «Es un monstruo relativamente nuevo, y no saben cómo combatirlo», declaró Kovrig, quien estuvo detenido en China entre 2018 y 2021 en aparente represalia por el arresto por parte de las autoridades canadienses de un alto ejecutivo de Huawei, el gigante tecnológico chino.

China rechaza las acusaciones de represión transnacional como «infundadas» e «inventadas por un puñado de países y organizaciones para difamar a China«, según Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, DC. Liu dijo a ICIJ en una declaración que «no existe tal cosa como ‘llegar más allá de las fronteras’ para atacar a los llamados disidentes y chinos de ultramar».

Como parte de la investigación, el ICIJ coordinó a periodistas de los cinco continentes para entrevistar a las personas objetivo y analizar sus casos. El ICIJ también revisó un manual policial chino de 2004 y directrices confidenciales para agentes de seguridad que datan de 2013.

Los periodistas compararon las tácticas descritas en los documentos con las experiencias de las 105 personas objetivo, así como con interrogatorios policiales grabados en secreto, llamadas telefónicas y mensajes de texto entre 11 agentes de seguridad en China y nueve personas objetivo en el extranjero. Las tácticas empleadas reflejan las directrices sobre cómo controlar a las personas etiquetadas como amenazas a la seguridad nacional.

La mitad de las víctimas entrevistadas afirmó que el acoso se extendió a sus familiares en China. Varias declararon que sus familiares en China o Hong Kong fueron acosados ​​por la policía después de participar en protestas o actos públicos en el extranjero. Sesenta dijeron creer que habían sido seguidos o habían sido objeto de vigilancia. 27 aseguraron haber sido víctimas de una campaña de desprestigio en línea. 19 informaron haber recibido mensajes sospechosos o sufrido intentos de piratería informática.

Algunos afirmaron que sus cuentas bancarias en China y Hong Kong habían sido congeladas. Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Seguridad del Estado —dos de las agencias chinas con capacidad de inteligencia— fueron responsables de intimidar a algunas de las víctimas y a sus familias, según los testimonios. Veintidós personas afirmaron haber recibido amenazas físicas o haber sido agredidas por simpatizantes civiles del PCCh.

La mayoría de entrevistados afirmó no haber denunciado las amenazas a las autoridades de sus países de acogida, por temor a represalias de China o desconfianza de la capacidad de respuesta local. De los pocos que denunciaron, varios dijeron que la policía no dio seguimiento a su caso o les dijo que no podían hacer nada por falta de pruebas de un delito.

“Solo cuando vean mi cadáver actuarán”, dijo Nuria Zyden, una uigur residente en Dublín, sobre la respuesta de la policía tras denunciar que tres hombres chinos la seguían.

La investigación de China Targets (Objetivos de China) también se basa en registros de extradición; archivos confidenciales de Interpol; comunicaciones privadas entre funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la delegación china; y documentos judiciales, informes de inteligencia y registros gubernamentales de 34 países.

La investigación concluyó que, bajo el régimen de Xi, el complejo de la ONU en Ginebra se ha convertido en un entorno hostil donde disidentes y minorías que buscan protestar contra las políticas de Pekín se enfrentan al acoso y la intimidación de organizaciones no gubernamentales afines al gobierno chino. Los periodistas descubrieron que las autoridades de ese país también utilizaron la Interpol para perseguir no solo a delincuentes, sino también a disidentes, empresarios y defensores de los derechos de los uigures, en aparente violación de las normas de la organización.

En conjunto, la evidencia revela un esfuerzo coordinado y sistemático por parte del gobierno chino, para neutralizar la disidencia por parte de individuos en todo el mundo.

Después de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, cuando el ejército chino mató al menos a 10.000 manifestantes pacíficos, activistas huyeron al extranjero y crearon organizaciones de derechos humanos.

«Una vez que los disidentes salieron de China, quedaron fuera de su alcance; pudieron continuar con sus actividades», afirmó Katja Drinhausen, directora del programa de investigación de Política y Sociedad Chinas en el Instituto Mercator de Estudios sobre China en Berlín.

En respuesta, las autoridades chinas construyeron una red global de represión transfronteriza, codificando métodos para controlar y reprimir a los miembros de la diáspora en directrices de seguridad nacional, manuales policiales, directivas del PCCh y otros documentos internos dirigidos a los agentes de seguridad en China y en el extranjero. Algunos fueron revisados ​​por el ICIJ.

Entre los documentos internos hay un libro de texto impreso de la academia de policía que incluye consejos sobre “investigación en el extranjero”.

El manual sobre “Seguridad Nacional”, editado en 2004 por la unidad política de la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong, describía la investigación en el extranjero como algo distinto del “trabajo de inteligencia extranjera” y como algo que debe ser “a largo plazo”, “cuidadosamente implementado” y “específico”.

Desde que Xi asumió el poder en 2012, la represión contra los supuestos enemigos del partido-estado, incluidos aquellos en el extranjero, se ha intensificado, según los expertos.

“Xi se compromete a profundizar el control del Partido Comunista sobre China y la diáspora”, afirmó Emile Dirks, investigador sobre autoritarismo en el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. “No se tolera ninguna oposición, por pequeña o débil que sea”.

Una presentación de 84 diapositivas filtrada del archivo digital de un agente de la ley en el condado de Tekes, Xinjiang, y fechada en 2013, instruye a los agentes de seguridad nacional a utilizar métodos encubiertos.

La presentación, compartida con el ICIJ por Adrian Zenz, director de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, comparó la seguridad nacional con «un arma afilada en la lucha contra fuerzas y elementos hostiles, tanto dentro como fuera del país».

Un gráfico muestra cómo la policía secreta y los investigadores de la unidad de protección de la seguridad nacional del Ministerio de Seguridad Pública supervisaron las operaciones encubiertas. Las comisarías de policía de base, donde los ciudadanos pueden denunciar fraudes y otros delitos comunes, así como las «fuerzas sociales» (vecinos, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades civiles) ayudaron a «reprimir y frenar» actividades políticamente sensibles.

Varias páginas describen 18 “estrategias y métodos para la educación, rehabilitación y control” de “individuos clave” que se consideran una amenaza.

El ICIJ comparó las directrices de 2013 con el testimonio de las 105 víctimas y descubrió que las autoridades chinas usaron métodos similares para reprimir el disenso en el extranjero.

Un método se denominaba «influencia emocional del parentesco»: presionar a los familiares de los sospechosos para que cesen su activismo. «El trabajo afectuoso bien hecho, por un lado, puede conmover a la persona clave«. Por otro lado, «también puede evitar que los seres queridos de esa persona clave sean detenidos», afirmaba el documento. «Mata dos pájaros de un tiro».

Otro método fue llamado “sacar la escalera de la casa”: prohibir a los activistas regresar del extranjero.

Durante un interrogatorio grabado en secreto y obtenido por el ICIJ, un oficial le dijo al padre de una persona residente en EE. UU. que si su hijo continuaba escribiendo sobre temas sensibles, se le prohibiría volver a entrar en China o, si decidía regresar, no se le permitiría salir. (El ICIJ no revela detalles para evitar poner en peligro a la víctima y a su familiar).

Otras tácticas incluían «cortar el oxígeno» (intentar reducir los ingresos de las víctimas y controlar sus cuentas bancarias); «crear sospechas y desconfianza mutua entre cómplices»; monitorear internet e «impedirles comunicarse con el exterior»; y descubrir el «comportamiento inmoral» de las víctimas. «Nadie es un santo ni es inmune a los errores», reza una directriz.

Hijo de un oficial de seguridad del Estado y nieto de un alto funcionario gubernamental enviado a Mongolia Interior, Jiang asistió a escuelas de élite de Pekín, junto con otros hijos de personas adineradas. Recuerda a gente que buscaba favores de su poderoso padre, enviándole alimentos caros a la casa familiar.

A los 18 años, Jiang se unió brevemente al Partido de la Democracia de China, grupo político con sede en Estados Unidos que abogaba por la democracia constitucional. Esto le metió en problemas: fue arrestado, acusado de incitar a la subversión del poder estatal y detenido por la policía.

Se sorprendió al descubrir que la policía tenía un expediente sobre él, que incluía correos electrónicos privados y comentarios de un maestro de primaria. Estuvo detenido tres noches y le revocaron el pasaporte durante casi un año; su padre fue obligado a dejar su puesto en inteligencia extranjera y se fue a trabajar a una empresa estatal, afirmó Jiang.

En 2018, se mudó a Francia, país que admiraba por sus tradiciones democráticas.

Cuando llegó a París, miembros de la comunidad local de Hong Kong se manifestaban contra las nuevas leyes de seguridad en su país. Se convirtió en el líder del Frente de la Libertad en China y comenzó a criticar las políticas en su arte, bajo el nombre de Chiang Seeta.

Llamó la atención de las autoridades al construir un muro simbólico en la acera frente a la Embajada de China en París. Más tarde, como parte de una performance artística pública creada por Jiang, un actor vistió túnicas imperiales chinas y máscaras de Xi para burlarse de su «entronización» antes del XX Congreso Nacional del PCCh.

Los piratas informáticos atacaron su sitio web de arte docenas de veces mientras Google le advertía que “intrusos respaldados por el gobierno” estaban tratando de robar sus contraseñas.

Días antes del viaje de Xi a París en 2024, según Jiang, sus padres lo llamaron para contarle que policías secretos vestidos de civil los habían estado visitando durante meses. Dijeron que no querían preocuparlo, pero añadieron que su silencio continuo ya no era una opción.

Aquella tarde de mayo en la Plaza de la República, Jiang sabía que ignorar las advertencias a sus padres podía poner en riesgo su seguridad.Y, sin embargo, con el teléfono encendido, Jiang tomó el micrófono para dirigirse a la multitud de manifestantes tibetanos y hongkoneses.

Poco después de su discurso, Jiang llamó a sus padres. Justo antes de subir al escenario, agentes les habían llamado a casa exigiendo que el padre se reuniera con ellos en la noche. Le advirtieron: «Su hijo solía hacer ciertas cosas en el extranjero que contradecían las leyes chinas. Podríamos hacer la vista gorda. Pero esta vez, el gran líder viene [a Francia]. Si hace algo que lo avergüence» durante la visita de Xi, «nos resultará difícil de manejar».

Jiang declaró a ICIJ que las autoridades emplearon las mismas tácticas con las familias de otros miembros del grupo. Algunos abandonaron su activismo, afirmó.

Desde el ascenso de Xi al poder en 2012, varios sectores han documentado miles de casos de represión transnacional, según muestra una revisión del ICIJ de informes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación e investigaciones.

La tecnología para “gestionar la opinión pública” busca infiltrarse en las computadoras de los disidentes y robar información privada de la plataforma de redes sociales.

La campaña represiva del gobierno también se apoya en empresas de seguridad privada, hackers profesionales, personal de organizaciones no gubernamentales chinas con acceso a procedimientos de la ONU, agentes del orden retirados o corruptos en países extranjeros y miembros de la diáspora china vinculados al Departamento de Trabajo del Frente Unido, vinculado al PCCh. Las autoridades han convertido a las víctimas en perpetradores, obligando o incitando a disidentes y miembros de minorías étnicas a espiar a sus homólogos en el extranjero, eso consta en actas judiciales.

Con pocas excepciones, las víctimas de la represión informaron al ICIJ que las fuerzas del orden en sus lugares de residencia suelen desestimar sus denuncias. Las respuestas diplomáticas siguen siendo tímidas, lo que permite a China volverse más agresiva, según activistas. En Nepal, Tailandia y países que dependen del poder económico chino, las fuerzas del orden locales ayudan a las autoridades chinas a prevenir protestas y, en algunos casos, incluso a localizar y arrestar a disidentes, según el ICIJ.

El año pasado, Carmen Lau, una hongkonesa de 30 años en el exilio, escuchó cómo la policía de Hong Kong daba una conferencia de prensa en Nochebuena para anunciar restricciones a los activistas por la democracia en el exilio.

Oyó su nombre.

Un funcionario del gobierno anunció órdenes de arresto contra seis activistas prodemocracia; Lau, exmiembro del consejo de distrito de Hong Kong, era una de ellas. Las autoridades anunciaron que la habían acusado de «colusión con fuerzas extranjeras» y ofrecieron una recompensa de aproximadamente 130.000 dólares por su captura.

“Esto cambió mi vida”, dijo Lau. “Mentalmente, todavía lo estoy procesando”.

Lau es una de los cientos de hongkoneses que participaron en el movimiento prodemocracia, reprimido por las autoridades y que culminó en 2020 con una nueva ley de seguridad que restringe derechos y libertades civiles. En 2021, fue acusada de incitar a emitir un voto en blanco como forma de protestar contra unas elecciones que los activistas consideraron fraudulentas.

Lau estaba entre los miles de personas que huyeron al Reino Unido, los EE. UU. y otros países; es una de las 19 personas que están en la lista de recompensas de Hong Kong.

Las autoridades de Hong Kong congelaron su cuenta bancaria, junto con las de 126.000 residentes que abandonaron la ciudad. En febrero, dos días después de que Lau participara en una protesta contra la nueva embajada china en Londres, la policía de Hong Kong detuvo a su tía y a su tío. Los agentes se presentaron en su puerta a las 7 de la mañana y los mantuvieron en comisaría durante unas cinco horas, según medios locales. Nueve días después, la policía detuvo a otra tía «para colaborar en la investigación», informaron medios de Hong Kong.

Lau declaró a ICIJ que ya no tiene contacto con su familia en casa, pero que sigue preocupada por ellos y por su seguridad. «Fue una sensación compleja… porque sé que lo que hago es correcto», dijo. «Pero luego, debido a mi decisión puse en peligro a mis familiares y amigos».

Mientras Lau estaba de viaje en marzo, cinco de sus vecinos en un pueblo cercano a Londres recibieron una carta de un remitente anónimo desde Hong Kong, animándolos a entregarla a la Embajada de China y cobrar la recompensa. La carta incluía una foto reciente de Lau, etiquetándola como «persona buscada».

En una declaración al ICIJ, un portavoz de la Oficina de Seguridad de Hong Kong dijo que el gobierno “tomará todas las medidas” para perseguir a los sospechosos de haber violado las leyes de seguridad nacional de Hong Kong que han huido al extranjero, “incluido cortar sus fuentes de financiación, a fin de prevenir y reprimir que sigan participando en actos y actividades que pongan en peligro la seguridad nacional”.

El portavoz señaló, sin embargo, que el gobierno no envía cartas anónimas y advirtió que “se debe verificar la autenticidad de dichas cartas”.

Hoy, Lau usa mascarilla en público y minimiza su círculo social. Ha recibido amenazas de violación y muerte de cuentas anónimas en X y sospecha que dos hombres la siguieron y le tomaron fotos mientras asistía a un evento en Londres.

Dijo que las autoridades del Reino Unido han sido de poca ayuda, a pesar de la declaración del Secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, el año pasado de que el gobierno británico «no tolerará ningún intento por parte de gobiernos extranjeros de coaccionar, intimidar, acosar o dañar a sus críticos en el extranjero, especialmente en el Reino Unido».

Un agente de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana de Londres le aconsejó que no participara en protestas y minimizara su actividad en línea, según declaró. La policía de su ciudad le sugirió instalar una cámara de vigilancia en el exterior de su apartamento y una alarma personal. Los agentes le indicaron que llamara al 999, el número de emergencias, si sospechaba que había algún problema, pero no le ofrecieron protección adicional, añadió. (La policía se negó a comentar sobre el caso de Lau).

Por ahora, dijo, “no me siento segura en absoluto”.

Los entrevistados dijeron que las naciones democráticas han tardado en reconocer la estrategia de represión transnacional del gobierno chino, lo que ha tenido consecuencias.

Jonas Parello-Plesner, ex asesor principal sobre China del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, a quien un agente chino contactó para convertirse en espía en 2011, dijo que el “despertar” del problema comenzó en los países con las comunidades chinas más grandes, incluidos Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

“Hay una creciente concienciación sobre este problema en algunos sectores”, afirmó Parello-Plesner. “Pero no creo que exista una acción completamente coordinada capaz de abordarlo”.

Un gran cambio en la comprensión pública se produjo en 2022, cuando Safeguard Defenders, un grupo de derechos humanos, publicó un informe ampliamente leído que revelaba que las asociaciones empresariales chinas y otros grupos de servicios comunitarios civiles en docenas de ciudades de todo el mundo estaban actuando como centros de vigilancia secretos.

Muchos países, así como la Unión Europea, mostraron una nueva conciencia de las implicaciones del control que China ejerce sobre su diáspora.

Desde entonces, el Parlamento Europeo ha pedido una respuesta armonizada de los Estados miembros de la UE a la represión transnacional ejercida por «regímenes iliberales», incluida China. Suiza investigó la opresión ejercida por China contra los tibetanos y uigures y concluyó que la represión transnacional constituye una amenaza para la democracia, al igual que el terrorismo, porque erosiona la libertad de acción y expresión.

Pero según Parello-Plesner, las naciones democráticas aún no comprenden la magnitud.

“Creo que todavía estamos semi dormidos”, dijo.

Nuria Zyden guarda una foto de su madre en su escritorio. No espera volver a verla.

Zyden, que tiene 43 años y reside en Dublín, creció entre melocotones y albaricoques en Kashgar, en la región noroccidental china de Xinjiang, centro de la comunidad uigur, de mayoría musulmana.

Se mudó a Irlanda hace 15 años. En 2014, el gobierno chino impuso restricciones en Xinjiang, tras una explosión mortal en una estación de tren que Xi calificó de «ataque terrorista».

A medida que Zyden se volvió más activa en grupos de derechos de los uigures, su familia se preocupó y finalmente le pidió que cortara vínculos.

Su madre le había dicho: “No pienses en volver a casa”.

Investigadores afirman que el gobierno ha perpetrado violaciones de derechos humanos, incluyendo el encarcelamiento masivo de más de un millón de uigures, trabajos forzados y otros abusos con el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo religioso. Un informe de la ONU de 2022 concluyó que los abusos documentados «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El régimen ha mostrado un celo particular hacia los activistas uigures, a quienes acusa de fomentar un movimiento separatista y, en algunos casos, actos de terrorismo, muestran documentos internos del gobierno.

En octubre, Zyden viajó a Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, donde 176 delegados se reunían para la asamblea general del Congreso Mundial Uigur (CMU), organización que defiende los derechos de los uigures. Su viaje dio un giro inesperado.

Durante su escala en Fráncfort, Alemania, viajaba en una miniván hasta el aeropuerto cuando vio a dos hombres chinos que parecían tener una misión. Más tarde, en su hotel de Sarajevo, oyó gritos y los vio de nuevo: estaban discutiendo con Adiljan Abdukerim, organizador de la conferencia, quien los confrontó en chino por grabar a los asistentes con sus teléfonos.

«Son muy arrogantes», le gritó uno de ellos a Abdukerim, según contó el organizador a ICIJ. «Sabemos cómo tratarlos».

Abdukerim respondió: “¿Crees que esto es China?”

La seguridad del hotel intervino y los hombres, no identificados, se marcharon.

Días antes de que comenzara la conferencia, el gerente del hotel informó a los organizadores que la Embajada de China en Sarajevo había exigido reservar todo el hotel para las mismas fechas que la asamblea del CMU, según informó el sitio web de noticias bosnio Detektor. (El gerente se negó a hacerlo, según el informe).

Al regresar a Irlanda, Zyden recibió una llamada inesperada. Tras 10 años de silencio, su madre estaba al teléfono.

Usando un número de WeChat que su madre dijo que le había proporcionado un funcionario de asuntos exteriores local en Kashgar, le dijo que había oído que Zyden había estado en el evento en Sarajevo.

«¿Por qué hiciste eso?», preguntó.

“¿Por qué no piensas en nuestra seguridad?” intervino un pariente sentado al lado de su madre.

Zyden insistió en que no había hecho nada malo y exigió hablar con los funcionarios que, según ella, habían forzado la llamada.

En enero, Zyden recibió una llamada de un oficial de Kashgar.

«¿Qué quieres de mí?», preguntó.

«¿Qué esperas?».

Las autoridades se habían enterado de su activismo, le dijo, e interrogaron a su madre, quien entonces enfermó. Los agentes de seguridad chinos mantienen una base de datos de personas vinculadas al CMU, como de sus familiares, según un documento interno compartido con el ICIJ por Zenz, el experto en política de Xinjiang.

«Tranquila», recuerda Zyden que le dijo el agente. «Actuaba como si viniera amablemente a resolver el problema, como si quisiera proteger a mi familia, y ahora mi familia está, de alguna manera, bajo su protección». Se molestó mucho.

Zyden dijo que denunció todo a la policía irlandesa, incluyendo la llamada del agente y su encuentro con los dos hombres que sospechaba que la habían seguido hasta Bosnia. «Lo anoté todo», declaró a ICIJ.

Representantes de la policía irlandesa, dijeron al socio de ICIJ, el Irish Times, que están investigando la denuncia de Zyden.

«Sigo luchando», dijo Zyden. Una parte de ella dice «déjalo todo», dijo, «pero otra parte dice: ‘Si te quedas callada, te quitarán más. Tienes que alzar la voz. Tienes que contraatacar'».

Hasta hace poco, activistas y víctimas consideraban a Estados Unidos el país más activo en la lucha contra la represión transnacional. El FBI anima a cualquier persona con información sobre el tema a llamar a su línea directa. Sin embargo, las agencias gubernamentales tienen dificultades para definir la represión transnacional, según un informe de 2023 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos.

En una audiencia parlamentaria el año pasado, la subcomisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, reconoció que la injerencia extranjera, que incluye la represión transnacional, es uno de los delitos más complejos que investigan.

La fiscalía neerlandesa se lamentó de dificultades similares al investigar 24 denuncias de acoso, intimidación y otros actos amenazantes contra víctimas residentes en los Países Bajos. En un informe de 2020, la fiscalía concluyó que los presuntos responsables se encontraban en China, donde las autoridades neerlandesas carecen de jurisdicción, lo que les impide presentar cargos.

Tras las llamadas telefónicas durante la visita de Xi a París el año pasado, Jiang, el artista y activista, afirmó que las amenazas a su familia cesaron abruptamente.

En marzo, Jiang revisó uno de los cuatro teléfonos que usa para comunicarse de forma segura con personas en China y notó un mensaje.

Era de su padre. Devolvió la llamada y se enteró de que agentes de seguridad, incluido uno que había hablado antes con sus padres, querían reunirse con él.

Los agentes invitaron a una copa al padre de Jiang en Pekín y, con su habitual tono educado, le dejaron claro que su hijo debía dejar de colaborar con un conocido activista radicado en Italia, conocido como «El Maestro Li», quien había acumulado 1,9 millones de seguidores en X desde que empezó a publicar sobre las manifestaciones y el descontento en China a principios de la pandemia de COVID-19. (Jiang está filmando un documental sobre Li y contribuyendo al proyecto del activista para denunciar las prácticas laborales explotadoras en China).

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Los oficiales le dijeron al padre de Jiang que su hijo no debería estar “implicado” con Li porque es un “individuo clave”.

También tenían un mensaje para Jiang: “Si es necesario, te llamarán o te encontrarán donde estés”, dijo su padre.

Jiang captó el mensaje: «Yo interpretaría eso como que, ‘si quisiéramos encontrarte, podríamos hacerlo'». Fuente: Vistazo