En una reciente entrevista en el espacio Frente a Frente de Diario El Amazónico, el concejal del cantón Loja, Santiago Erráez, explicó las causales que sustentan el pedido de remoción del alcalde Franco Quezada. Durante su intervención, Erráez detalló los mecanismos legales para la destitución de un alcalde y argumentó que la remoción es un proceso interno del cabildo que requiere el voto favorable de dos terceras partes del Concejo Municipal.
El edil destacó cinco causales que sustentan esta solicitud:
1. Desobediencia a ordenanzas y resoluciones del cabildo. Según Erráez, el alcalde incumplió dos ordenanzas y tres resoluciones municipales, incluyendo la exigencia de retirar los logos institucionales de color rojo, cuya similitud con símbolos partidistas fue señalada por el cabildo.
2. Falta de ejecución del «Mes de la Música» en marzo, una actividad planificada para dinamizar la economía y la vida cultural de Loja, cuya omisión contravino disposiciones municipales.
3. Desacato a la normativa sobre recorridos de desfiles cívicos. La ordenanza establece que los desfiles deben realizarse en la parte norte de la ciudad, sin embargo, el alcalde habría autorizado su desarrollo en el centro de la urbe por dos años consecutivos.
4. Irregularidades en la designación de funcionarios. Erráez sostuvo que varios funcionarios municipales no cumplen con los requisitos de perfil y experiencia establecidos en el manual de valoración de impuestos y en la normativa municipal.
5. Conflicto de intereses en el nombramiento de una funcionaria. Se señaló que una nuera del alcalde ocupa un cargo directivo en una empresa pública sin cumplir con los requisitos exigidos.
El concejal mencionó que esta es la segunda vez que se plantea una solicitud de remoción. En la primera ocasión, el proceso fue devuelto debido a la falta de un trámite notarial de reconocimiento de firmas, lo que impidió su avance. No obstante, en esta nueva solicitud se han fortalecido los argumentos con cinco causales debidamente documentadas.
En cuanto al proceso de remoción, Erráez explicó que la vicealcaldesa debe convocar a la Comisión de Mesa para el análisis del caso en un plazo de diez días. Posteriormente, se emitirá un informe que será sometido a votación en una sesión extraordinaria del cabildo. De aprobarse la remoción con al menos ocho votos a favor, el alcalde aún podría interponer un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, instancia que resolvería el caso en un lapso de dos a tres meses.
Erráez enfatizó que la ciudadanía está inconforme con la gestión actual y que diversas encuestas reflejan un descontento mayoritario.
Asimismo, advirtió que la falta de ejecución presupuestaria ha limitado el desarrollo de obras en la ciudad, afectando servicios esenciales como el sistema de agua potable y alcantarillado.
El concejal finalizó su intervención subrayando que, de aprobarse la remoción, la vicealcaldesa asumiría el cargo en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando la continuidad de la administración municipal.
