El Ministerio de Finanzas confirmó este 4 de agosto de 2025, que un desembolso más del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por USD 600 millones ya llegó a las cuentas del Estado.

Según Finanzas, este desembolso se concretó en julio de 2025, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa aprobó la segunda revisión de metas fijadas dentro de este programa de crédito, conocido como Servicio Ampliado del FMI (SAF).

Se trata del tercer desembolso por parte del multilateral, con lo que el Gobierno de Noboa ya ha recibido USD 2.100 millones del FMI dentro de este programa de crédito vigente desde mayo de 2024.

Reformas tributarias y auditoría a Petroecuador, estos son los nuevos compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI
Y todavía quedan pendientes otros USD 2.900 millones por desembolsar hasta 2028, si el Gobierno aprueba las revisiones pendientes, pues el crédito aprobado por el multilateral para Ecuador asciende en total a USD 5.000 millones.

Ecuador es el cuarto país que más dinero le debe al FMI, luego de Argentina, Ucrania y Egipto.

Ecuador: Calendario propuesto de revisiones y desembolsos

En millones de USD.

¿Qué metas debe cumplir todavía Ecuador?
Entre las metas pendientes que tiene que cumplir el Gobierno están implementar un esfuerzo fiscal adicional del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) o equivalente a USD 1.400 millones, que se aplicará gradualmente entre 2025 y 2027, mediante un incremento de los ingresos no petroleros y la priorización del gasto en el Presupuesto del Estado.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno ya se adelantó y tomó algunas medidas, como imponer una tasa de USD 20 por los envíos 4×4 que entró en vigencia desde el 16 de junio de 2025 y la tasa minera que empezó a regir desde el 20 de junio.

En cambio, las reformas adicionales incluirán, entre otras, la simplificación de gastos tributarios ineficientes para generar aumentos significativos en la recaudación del Impuesto a la Renta de empresas.

Por ahora una de las propuestas de cambios tributarios más reciente está en el proyecto de Ley de Fundaciones, presentado el 29 de julio de 2025. El Gobierno de Daniel Noboa propone cobrar un nuevo impuesto a las empresas que no repartan las utilidades a sus accionistas.

Y en el plano de reducción del gasto público, el Gobierno también anunció el 24 de julio de 2025, el despido de unos 5.000 funcionarios y la fusión de ministerios y secretarías.

Además, el Gobierno habla de que hará una renovación del marco fiscal del sector minero para mejorar su eficiencia y potencial recaudatorio, lo que debe concretarse hasta fines de diciembre de 2025, con la asistencia técnica del FMI.

Inicialmente, se esperaba que estos ajustes tributarios dejen unos USD 258.000, pero ahora el Gobierno cree podrían dejar ingresos adicionales de USD 1.032 millones en 2025.

Hay que considerar de que con la tasa minera, que ya entró en vigencia, el Gobierno conseguirá entre USD 200 millones y 229 millones al año. Fuente: Primicias

La minería metálica en la provincia de Napo opera en un contexto de impunidad ambiental, debilidad institucional y falta de control estatal. Así lo revela el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado, que auditó el otorgamiento y la supervisión de concesiones mineras entre 2019 y 2022.

El documento —resultado de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales— evidencia múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de inspecciones, la operación sin licencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los concesionarios.

Según el informe, 43 de las 82 concesiones artesanales registradas durante el período analizado no fueron inspeccionadas por ninguna de las dos instituciones encargadas del control: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Esta omisión permitió que varias de ellas funcionaran sin permisos ambientales, sin certificados de no afectación hídrica y sin licencia para operar maquinaria pesada.

En cuanto a la pequeña minería, de las 37 concesiones existentes, 17 no fueron inspeccionadas por la ARCERNNR y 10 tampoco por el MAATE. Las inspecciones realizadas arrojaron serios incumplimientos: uso de agua sin autorización, falta de tratamiento de aguas residuales y explotación aurífera antitécnica. En la mayoría de los casos, no se iniciaron procesos sancionatorios.

Además, el informe alerta sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias: 55 concesiones no presentaron declaraciones de impuestos, acumulando una deuda de más de 47 mil dólares por concepto de patentes de conservación. Aunque la Ley de Minería contempla la caducidad de concesiones en estos casos, la falta de personal técnico y jurídico en la oficina distrital de la ARCERNNR impidió actuar al respecto.

Otro punto crítico es la presencia de actividades mineras ilegales dentro de concesiones legalmente otorgadas, sin que las autoridades hayan intervenido. También se reportan graves afectaciones ambientales: desviaciones de ríos, acumulación de aguas contaminadas sin tratamiento, tala indiscriminada y frentes de explotación abandonados.

Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, la oficina de la ARCERNNR en Napo contaba con un solo técnico para atender los sectores de energía, hidrocarburos y minería en tres provincias: Napo, Pichincha y Orellana.

La Contraloría concluye que el Estado ha incumplido su rol como ente regulador y garante de derechos, y recomienda medidas urgentes como la elaboración de instructivos de control, sanciones, y solicitudes de caducidad de concesiones. Hasta la fecha de corte del informe, no existe evidencia de que estas recomendaciones se hayan implementado.

El informe posiciona a Napo como un caso emblemático del descontrol estatal frente al avance minero en territorios amazónicos, con impactos directos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades.

Otra vez no funciona la aplicación del Banco de Pichincha. (Foto: captura)

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