La Asamblea Nacional nunca está exenta de escándalos y polémicas. Y el último episodio nació con el caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita entre cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El expediente fiscal del caso revela algunos de los chats extraídos del teléfono del exconsejero Augusto Verduga, parte de la ‘liga azul’: los candidatos del correísmo que llegaron a ocupar un puesto en el CPCCS y fueron destituidos por tener auspicios partidistas, prohibidos por el Código de la Democracia.

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Este caso judicial no solo estremeció al Consejo y salpicó al Legislativo, sino que también sacude el tablero político y electoral. Las figuras del oficialismo y de la Revolución Ciudadana (RC) se han enfrascado en una serie de acusaciones y cuestionamientos mutuos, en medio de una imparable precampaña de sus candidatos presidenciales.

Por ejemplo, la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) quiere saber quién o quiénes actuaron desde la Asamblea como contactos del exconsejero Verduga. Y la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón, lleva la batuta de la investigación.

¿Qué pasó en la Asamblea?
En las conversaciones de Verduga, quien huyó del país, uno de los protagonistas es el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, quien era el vínculo entre la cúpula correísta, la ‘liga azul’ y la bancada legislativa de la RC.

Entre ellos dos y otros alias digitales, estas figuras del correísmo hablaban de las intervenciones o silencios que necesitaban del Legislativo o sus comisiones para respaldar o impulsar las acciones de la ‘liga azul’ en el CPCCS. Y viceversa.

El objetivo de las interacciones era precautelar los intereses de la Revolución Ciudadana, para lo que delineaban estrategias jurídicas y políticas. Por ejemplo, por todos los medios intentaron mantener una mayoría en el mismo CPCCS, para influir directamente en la designación de autoridades de control.

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Pero como no lo lograron, se dedicaron a analizar y explotar las vías posibles para cambiar o retrasar algunas nominaciones, así como intentar esquivar su propia destitución, según la Fiscalía, con maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias.

Los principales ejemplos son el forzado y fracasado reemplazo de Roberto Romero como Superintendente de Bancos y el intento de retrasar la conformación de la Judicatura, para que Daniel Noboa no remita la terna de la Presidencia, sino eventualmente Luisa González, de quien esperan una victoria electoral en la segunda vuelta del 13 de abril.

Sin embargo, en los chats del caso Ligados, no se revela quién es o quiénes son los operadores directos del correísmo dentro de la Asamblea. Solo se reconoce que Arauz fue delegado para encargarse de esos vínculos con la ‘liga azul’.

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Y, en ese camino de confabulaciones, la Revolución Ciudadana utilizaba activamente a sus legisladores en la Asamblea Nacional, presidida por la correísta Viviana Veloz, de quien Verduga y Arauz dudaban, por sus «compromisos con sus amigos de otras bancadas».

Sin embargo, no es novedad que los distintos grupos de poder en el país busquen influir en las funciones del Estado, especialmente en las partidistas, como el Legislativo y el Ejecutivo.

Tampoco es nuevo el hecho de que las bancadas o asambleístas respondan a intereses particulares, sean grupales o individuales. Y que esas aspiraciones convierten a la Asamblea Nacional en un arma política, en manos de quien tenga los votos necesarios.

Por ejemplo, el caso Metástasis demostró que Ronny Aleaga, exlegislador correísta y prófugo de la justicia, utilizó sus cargos en la Asamblea y los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana para operar a favor del narcotraficante Leandro Norero y sus aliados, uno de los objetivos en ese entonces era frenar a Fernando Villavicencio cuando también era legislador. Fuente: Primicias