La oposición a la adjudicación del campo petrolera Sacha escaló este 6 de marzo de 2025 al ámbito judicial, instancia hasta donde llegaron denuncias de tipo penal y acciones de protección por parte del correísmo y de la UNE, respectivamente.

Primero fue la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC), que acudió este jueves a la Fiscalía General del Estado a denunciar el presunto delito de tráfico de influencias y peculado en el proceso de delegación de la explotación del campo petrolero.

La asambleísta correísta Sofía Espín, acompañada de varias figuras del partido, aseguró que el gobierno pretende concesionar Sacha «a una empresa privada, dándole el 87,5% del petróleo y apenas el 12,5% para el Estado ecuatoriano».

Esto ocurriría pese a que, según el correísmo, la empresa estatal Petroecuador le está entregando al país el 100% del crudo que sale del campo Sacha.

Espín denunció que el gobierno estaría usando el acuerdo ministerial 040, el cual se contrapone a la Ley de Hidrocarburos y no permite la concesión de campos que están en producción.

Por su parte, el Ejecutivo asegura que no se trata de una privatización ni entrega del campo petrolero, sino de una delegación que, por ahora, no se ha hecho oficial a través de la firma del acuerdo.

De hecho, la noche del 5 marzo, el presidente Daniel Noboa, a través de una carta pública, dijo que si el consorció Sinopetrol no entrega la prima de USD 1.500 millones que ofreció por Sacha hasta las 21:00 del 11 de marzo no se firmará el contrato y buscará otras opciones.

La denuncia correísta es contra el presidente Daniel Noboa, la ministra de Energía, Inés Manzano, y contra el consorcio extranjero que tiene el supuesto interés por Sacha.

Los profesores también reclaman
Aliados y en sintonía con el correísmo ahora, los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) llegaron este 6 de marzo a la Unidad Judicial de la Familia, ubicada en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito para ingresar una acción de protección.

El objetivo de esta acción de protección es frenar la adjudicación de Sacha, la misma que se estaría realizando con base a un supuesto delito de «falsificación ideológica» cometido por la ministra Inés Manzano.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, explicó que el 26 noviembre de 2024 se elaboró el acuerdo ministerial 040 para la entrega de Sacha y un día después, el 27 de noviembre, recién se hizo el informe que sustenta el acuerdo ministerial.

Con base a estos documentos, el 28 de febrero de 2025 se habría «adjudicado» el campo Sacha al consorcio extranjero.  Fuente: Primicias