El cantón Chinchipe intensifica su preparación para los Juegos Provinciales 2026 mediante un proceso de capacitación y entrenamiento técnico dirigido a sus atletas, quienes se alistan para representar a su jurisdicción en una de las principales competencias deportivas de la provincia. La iniciativa es impulsada por la Liga Deportiva Cantonal de Chinchipe, en coordinación con FEDE Zamora y la entrenadora Juliana Abad Pérez, con el propósito de fortalecer el rendimiento deportivo y la formación integral de los participantes.

Como parte de esta preparación, se desarrolló una jornada práctica enfocada en las pruebas de campo y pista, donde la entrenadora Juliana Abad Pérez compartió sus conocimientos y experiencia junto al instructor Lic. Nery García. El trabajo técnico busca perfeccionar las habilidades de los deportistas y brindar herramientas que contribuyan a mejorar su desempeño competitivo de cara a los desafíos provinciales y al preselectivo U16.

Nelson Ortega, presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Chinchipe, destacó la importancia de este acompañamiento especializado y agradeció el respaldo brindado por la entrenadora y por FEDE Zamora. Asimismo, señaló que este proceso constituye una base fundamental para alcanzar los objetivos trazados en las jornadas deportivas que se desarrollarán en octubre, en las que participarán los nueve cantones de Zamora Chinchipe.

La delegación de Chinchipe aspira a consolidarse como un referente de disciplina, perseverancia y excelencia deportiva, demostrando que la preparación constante y el trabajo articulado son pilares fundamentales para el desarrollo de nuevos talentos. Más allá de los resultados, la participación en los Juegos Provinciales representa una oportunidad para fortalecer la integración, la hermandad y el espíritu de superación entre los deportistas de toda la provincia.

Por: Lic. Alonzo Cueva Rojas / Analista Político

La gestión pública se mide por su apego a la ley y su sentido de humanidad. Sin embargo, cuando las decisiones administrativas se instrumentalizan para el disciplinamiento ideológico y la persecución política, el servicio público se desfigura. Esto ocurre hoy en el sector educativo local, donde la reubicación forzosa de una docente desde la comunidad de Nankais hacia el sector Las Orquídeas, en el cantón Nangaritza, enciende las alarmas.

Tras emitir opiniones políticas distintas al régimen actual, la maestra fue reubicada a un establecimiento educativo más lejano. Las implicaciones son devastadoras: enfrenta hasta trece horas diarias fuera de su casa debido al deficiente transporte público de la ruralidad. Esta reubicación, lejos de responder a una «necesidad del servicio», se perfila como un castigo encubierto que deja en desamparo a su hogar; ella es madre de dos niños y el soporte de su madre con discapacidad severa. Al alejarla, se vulnera flagrantemente el principio constitucional del Interés Superior del Niño.

Lo más grave es el supuesto desprecio por la legalidad técnica. De manera extraoficial, trascendió que la Unidad de Asesoría Jurídica emitió un informe favorable a los derechos de los menores, advirtiendo que la reubicación era improcedente. No obstante, las instancias locales habrían acudido a la Coordinación Zonal de Loja buscando un patrocinio legal para forzar y justificar la reubicación. Los departamentos jurídicos deben actuar bajo la Constitución, nunca en acatamiento sumiso a las autoridades de turno que, por su naturaleza, son transitorias. Buscar avales a conveniencia corrompe al sistema educativo.

Este caso no es aislado. En los pasillos del magisterio se susurran historias de reubicaciones intempestivas, acoso laboral y sanciones camufladas para silenciar la crítica ciudadana. El miedo a las retaliaciones alimenta la impunidad, por lo que es imperativo romper el silencio. La dignidad del maestro no se negocia ni se arrodilla ante un nombramiento temporal. Denunciar y activar los canales legales es el único camino para detener el atropello.

El caso ya se ventila en sede judicial y cuenta con la intervención de la Defensoría del Pueblo. Mantengo el anonimato de la docente para evitar más amedrentamiento, pero la comunidad civil y el magisterio permanecen vigilantes. Ningún cargo público otorga el derecho de desarmar la vida familiar de un servidor para saciar revanchas ideológicas. Rectificar esta reubicación arbitraria a Las Orquídeas no es un favor; es una obligación legal y ética que la autoridad debe asumir de inmediato, antes de que el abuso de poder quiebre la justicia.

¡Justicia para la docencia, protección para la infancia!

Por Diario El Amazónico

Un año de espera y una comunidad que pide resultados

La parroquia Guadalupe, en el cantón Zamora, atraviesa un momento de incertidumbre institucional marcado por la demora en la ejecución de obras consideradas prioritarias para el bienestar de la población. Agua potable, alcantarillado, mantenimiento de infraestructura pública y espacios culturales forman parte de una lista de necesidades que, según los dirigentes y moradores, han permanecido por más de un año en fase de promesas y gestiones, sin una materialización efectiva. Así lo dieron a conocer Franklin Santos, Diego Suquilanda y Francisco Tene, integrantes de la directiva del comité Pro-mejoras de la cabecera parroquial de guadalupense.

Detrás de este panorama existe un sentimiento compartido entre la ciudadanía: la preocupación por la falta de respuestas concretas y la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y habitantes.

Agua potable y alcantarillado: proyectos estratégicos aún pendientes

Los proyectos más importantes para la parroquia son la construcción de un nuevo sistema regional de agua potable y la implementación del sistema de alcantarillado sanitario.

De acuerdo con la información proporcionada por la dirigencia de la cabecera parroquial, los estudios técnicos fueron entregados oficialmente a las autoridades municipales el 13 de marzo de 2025, generando expectativas positivas entre los habitantes. Posteriormente, incluso se anunció la obtención de alrededor de 2,5 millones de dólares para ambas obras. Sin embargo, transcurrido más de un año, las construcciones no se han iniciado.

Los moradores reconocen que actualmente el agua que abastece a la cabecera parroquial presenta una buena calidad, pero recuerdan que ello ha sido resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad y de años de insistencia ante las instituciones competentes.

La principal preocupación radica en la diferencia entre los anuncios oficiales y la realidad que vive la población.

Una licitación adjudicada, pero sin recursos disponibles

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es la situación administrativa del proyecto de agua potable.

Según la documentación presentada por los dirigentes, el proceso de contratación fue adjudicado el 28 de enero de 2026 al Consorcio AAPP Guada KFM, representado por la arquitecta Karina del Cisne Chalco Torres. No obstante, posteriormente se informó que aún se espera la transferencia de recursos económicos desde el Gobierno Central para ejecutar la obra.

Esta situación ha provocado cuestionamientos entre los habitantes, quienes consideran contradictorio que exista una adjudicación formal mientras la disponibilidad presupuestaria aún no se concreta.

Infraestructura pública en deterioro

Las preocupaciones de Guadalupe no se limitan a los servicios básicos.

La comunidad también denuncia el deterioro progresivo del Centro Intercultural y del Coliseo de la parroquia.

El Centro Intercultural, considerado una obra emblemática por ser el primero de la provincia de Zamora Chinchipe, presenta daños significativos en su infraestructura, incluyendo techos deteriorados y espacios inutilizables. Los moradores consideran que su estado actual contrasta con el valor histórico y cultural que representa para la parroquia.

Por otra parte, el Coliseo también evidencia problemas estructurales. Filtraciones de agua, falta de mantenimiento y ausencia de alumbrado adecuado han llevado a que algunos habitantes lo cataloguen como un “elefante blanco”, pese a que la infraestructura continúa siendo utilizada para actividades deportivas comunitarias.

Además, persisten dudas sobre quién debe asumir la administración definitiva de este espacio, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta su uso ciudadano.

La participación ciudadana como mecanismo de presión social

Ante la falta de avances, la directiva de la cabecera parroquial ha solicitado en reiteradas ocasiones la convocatoria a reuniones públicas con el Gobierno Parroquial para transparentar la situación de los proyectos y definir acciones conjuntas.

Los dirigentes aseguran haber presentado dos oficios formales sin obtener una respuesta concreta, situación que incrementa el malestar de la población.

Más allá de las diferencias institucionales, los representantes comunitarios sostienen que la prioridad es mantener informada a la ciudadanía y construir consensos que permitan impulsar las obras pendientes.

Defensa del territorio y liderazgo comunitario

La organización social de Guadalupe también ha desempeñado un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los episodios recientes fue la movilización ciudadana en rechazo a posibles actividades mineras en la parte alta del río Kantzama, específicamente en la zona del río Salado, considerado uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la parroquia.

La dirigencia sostiene que la protección de los recursos naturales forma parte de una visión integral de desarrollo territorial que prioriza la sostenibilidad y la preservación de la identidad local.

El caso de Guadalupe refleja una realidad presente en numerosas comunidades rurales del cantón: la existencia de proyectos técnicamente estructurados que enfrentan obstáculos administrativos, financieros y de coordinación institucional.

La experiencia también demuestra que la participación ciudadana se ha convertido en un elemento fundamental para exigir transparencia, dar seguimiento a las obras públicas y mantener activa la agenda de desarrollo local.

Más allá de las diferencias políticas, los dirigentes sostienen que el objetivo principal es garantizar mejores condiciones de vida para la población, especialmente en temas relacionados con salud, servicios básicos e infraestructura comunitaria.

El reto pendiente ahora es transformar las promesas y los anuncios en obras concretas que respondan a las necesidades históricas de Guadalupe y permitan fortalecer la confianza entre ciudadanía e instituciones públicas.