Por Alcibar Lupercio, periodista.
La reciente propuesta del asambleísta Xavier Lasso para la creación de una nueva Ley de Comunicación en Ecuador es un recordatorio alarmante de los intentos por restringir la libertad de prensa en nuestro país. No podemos olvidar que, durante la década del correísmo, más de 675 medios fueron sancionados, se impusieron multas millonarias y se promovieron procesos judiciales contra periodistas con el claro propósito de instaurar el miedo y la autocensura en el ejercicio periodístico.
En Zamora Chinchipe, aunque no se registraron sanciones directas contra comunicadores, sí hubo un seguimiento constante por parte de funcionarios de instituciones estatales, como la Gobernación, hacia quienes ejercíamos un periodismo independiente. Se nos vigilaba minuciosamente, se nos llamaba la atención y se restringía nuestro acceso a la información. Un caso emblemático fue la clausura de radio Cordillera del Cóndor en Zamora, bajo pretextos administrativos, pero enmarcada en una estrategia nacional de control mediático. En esa época, se realizó una encuesta a nivel nacional a medios de comunicación para identificar quienes tenían su afinidad con el gobierno, y aquellos que no se alineaban con sus directrices eran perseguidos o silenciados, como este último. Además, en reiteradas ocasiones, en ruedas de prensa oficiales, se impedía a los periodistas formular preguntas, limitando el acceso a información veraz y plural.
La intención de Xavier Lasso de impulsar esta nueva normativa demuestra una clara inclinación por revivir estos mecanismos de censura. Su trayectoria como conductor de Palabra Suelta en Ecuador TV y su colaboración con El Telégrafo durante el correísmo evidencian su alineación con un modelo de comunicación subordinado al poder político. Cabe preguntarse por qué este proyecto no fue anunciado durante la campaña electoral: es evidente que una propuesta de este tipo habría generado un fuerte rechazo en las urnas.
La reacción ciudadana ha sido contundente e inmediata. El rechazo generalizado incluso ha llevado a algunos legisladores de la Revolución Ciudadana a distanciarse del proyecto, aunque sus declaraciones resultan poco creíbles ante la evidencia histórica. No se trata únicamente de un atentado contra la prensa independiente, sino de un intento deliberado de restringir la voz del pueblo ecuatoriano. Además, es altamente probable que esta normativa incluya regulaciones sobre las redes sociales, el único espacio de libre expresión que hasta ahora no ha podido ser controlado por el poder político.
La defensa de la libertad de expresión no es solo una causa de los periodistas y medios de comunicación, sino un compromiso que debe asumir toda la sociedad. La historia ha demostrado que los regímenes que restringen el derecho a la información terminan socavando la democracia y vulnerando las libertades individuales. La prensa libre no es un privilegio de los comunicadores, sino un pilar fundamental de la institucionalidad democrática y del derecho ciudadano a conocer la verdad.
Es momento de estar vigilantes y rechazar cualquier intento de instaurar una nueva Ley Mordaza. Ecuador merece un periodismo libre, crítico y sin ataduras al poder político.
