Nacionales
El correísmo incrementó su capital político: este 2025, Luisa González consiguió la segunda mayor votación
Por primera vez, desde el rompimiento entre Rafael Correa y Lenin Moreno, una heredera del correísmo supera el 40% de votos válidos en una primera vuelta electoral. Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, logró aumentar 10 puntos en su votación frente a 2023.
En las elecciones extraordinarias de agosto de 2023, González alcanzó el 33,61% y este 9 de febrero de 2025 sube a 43,95% (todavía no se ha completado el 100% del escrutinio). Se trata de 1,1 millones de papeletas adicionales a su favor, con un total de 4,45 millones de respaldos.
La votación de ADN y el correísmo creció, pero Daniel Noboa ganó el doble de votos que Luisa González
La mejor votación del correísmo fue en 2013, cuando Rafael Correa ganó en primera vuelta, por segunda ocasión consecutiva, alcanzando 4,9 millones de votos, de un padrón de 11,3 millones de electores. Ahora González estuvo más cerca de esa cifra que ningún otro candidato de la tendencia, pero hay que tener en cuenta que el padrón también creció a 13,7 millones de personas.
Además, la Revolución Ciudadana puede jactarse de ser el único grupo político que cuenta con una sólida base de votantes, el denominado ‘voto duro’, que permanecen fieles al proyecto político. Pero, a la vez, los porcentajes de votación de los que presumen son, en número de ciudadanos, menores de lo que aparentan.
Esto porque las reglas electorales en Ecuador toman en cuenta solamente los votos conocidos como “válidos”, para determinar los resultados de una elección. Es por eso que los respaldos de todos los candidatos en las urnas representan en la realidad a menos ciudadanos de los que quisieran.
Elecciones 2025: en primera vuelta Luisa González ganó en 117 cantones, Daniel Noboa en 97 y Leonidas Iza en siete
Pero esos fieles simpatizantes, que mantuvieron al correísmo como la primera fuerza política del país desde 2009, y el recuerdo de lo que denominan la “década ganada” no les había alcanzado para volver al poder. Al menos hasta ahora.
La votación del correísmo, a lo largo del tiempo, ha sido la más alta de todos los partidos políticos, aunque estuvo años en declive. Por ejemplo, después de los cuatro años de gestión de Lenin Moreno, la votación de la Revolución Ciudadana cayó del 39,4% al 32,72%, entre 2017 y 2021.
Y, después de los dos años y medio de gestión de Guillermo Lasso, pese a la crisis de gobernabilidad que terminó en la muerte cruzada y elecciones extraordinarias, la votación correísta subió menos de 1 punto, al 33,61%, entre 2021 y 2023.
Pero eso cambió y se reflejó en las recientes elecciones presidenciales. Tras 15 meses de gestión de Daniel Noboa, en medio de la continuidad de las crisis de seguridad, migratoria y energética, la lista 5 logró apropiarse del descontento de un sector importante de la población y escalar 10 puntos, desde 2023.
No obstante, a la par, esta es la primera vez, después del rompimiento con Moreno, que otro movimiento político les disputa el primer puesto: Acción Democrática Nacional (ADN). Aunque sea una diferencia de apenas 23.000 votos, el presidente candidato rompió la racha correísta de mantener el primer lugar.
Es así que este ‘renacimiento’ de la Revolución Ciudadana acerca al correísmo nuevamente al poder, pero en un escenario inédito: frente a un contendor que consiguió el respaldo que ningún otro candidato presidencial había tenido desde 2009. Fuente: Primicias
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero
Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
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