En una nueva edición del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un análisis académico de alto nivel sobre la Acción de Incumplimiento y la Acción por Incumplimiento, figuras constitucionales claves para el control del poder público y la vigencia de los derechos fundamentales en el Ecuador. El espacio contó con la participación del Dr. Amílcar Alexander Barahona Néjer, destacado jurista, docente universitario y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Trayectoria académica y profesional del ponente
El Dr. Barahona Néjer es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una maestría en Derecho Constitucional y una especialización en Derechos Humanos, ambos obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar, institución en la que actualmente se desempeña como docente de Derechos Humanos.

Además, cuenta con una maestría en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona (España), y es PhD en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Su experiencia profesional incluye un importante periodo de trabajo en la Corte Constitucional del Ecuador entre 2014 y 2022, donde participó en varias etapas de renovación institucional. Posteriormente, prestó servicios en el Consejo de la Judicatura, ocupando distintos cargos administrativos y técnicos.

Como docente universitario, ha impartido cátedras en instituciones como la Universidad de Otavalo, Universidad Indoamérica, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica de Ambato, Universidad CEG, Universidad de la SUAE y otras. Actualmente mantiene actividad académica en varias de estas casas de estudio.

Paralelamente, sostiene una práctica activa como abogado litigante, enfocada en la defensa de personas naturales en casos relacionados con derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales.

Contenido central de la ponencia
Durante su intervención, el jurista expuso una reflexión amplia sobre los fundamentos del constitucionalismo, el rol de la Corte Constitucional y la necesidad de fortalecer la aplicación efectiva de la Constitución vigente.

Destacó que la Carta Magna ecuatoriana es un instrumento concebido para reconocer derechos, limitar el poder y garantizar el acceso a la justicia, especialmente para grupos históricamente excluidos: trabajadores, comunidades indígenas, diversidades, campesinos y sectores vulnerables.

El Dr. Barahona explicó que la Acción de Incumplimiento y la Acción por Incumplimiento constituyen herramientas esenciales para asegurar que las instituciones del Estado cumplan con las disposiciones constitucionales y con los compromisos establecidos en sentencias, políticas públicas o instrumentos internacionales. “La Constitución está escrita para proteger a la ciudadanía frente a los abusos del poder, y por eso su cumplimiento es un deber primario de las instituciones gubernamentales”, señaló.

Asimismo, enfatizó que los derechos deben constar en la Constitución porque las leyes ordinarias —donde se establecen los deberes ciudadanos— pueden modificarse más fácilmente por mayorías circunstanciales, mientras que la Constitución actúa como un límite al poder estatal.

Análisis histórico-comparado
El ponente incorporó ejemplos del constitucionalismo estadounidense, como los casos “La Amistad”, Plessy vs. Ferguson y Brown vs. Board of Education, para ilustrar el papel contramayoritario de las cortes constitucionales y su responsabilidad en frenar abusos, garantizar la igualdad y ampliar libertades fundamentales.

Estos ejemplos permitieron comprender cómo la independencia judicial es esencial para evitar que las mayorías políticas vulneren derechos, y para asegurar que las cortes actúen como contrapesos efectivos frente al poder ejecutivo y legislativo.

La Constitución como ruta de soluciones
El Dr. Barahona argumentó que los principales desafíos del país —como el acceso al trabajo digno, educación de calidad, salud adecuada y reducción de desigualdades— no requieren una nueva Constitución, sino acciones concretas que permitan aplicar plenamente la ya existente.
“El incumplimiento de derechos no es culpa de la Constitución, sino de quienes deben ejecutarla”, afirmó al referirse a la responsabilidad directa del Estado en garantizar servicios básicos y políticas públicas eficientes.

Conclusiones
La jornada dejó claro que la Acción de Incumplimiento y la Acción por Incumplimiento son mecanismos indispensables para exigir la vigencia de derechos y el respeto a los límites constitucionales del poder público. El análisis del Dr. Barahona reafirmó la importancia de fortalecer el constitucionalismo, la independencia judicial y el acceso de la ciudadanía a defensas jurídicas de calidad.

La Tertulia Jurídica continúa consolidándose como un espacio de formación y debate que promueve el conocimiento jurídico especializado y la reflexión crítica sobre el sistema constitucional ecuatoriano.

El último viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos, tras la victoria del ‘No’ en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, se realizó bajo un completo hermetismo.

El Gobierno de Ecuador no compartió la agenda del primer mandatario ni los resultados de la visita oficial, como usualmente lo hace.

José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, quien acompañó al presidente Noboa a Estados Unidos, se refirió brevemente a los objetivos de ese viaje, durante una entrevista con el programa De Lunes a Lunes, de Teleamazonas.

La noche del 24 de noviembre, Neira fue uno de los invitados al programa y explicó que Estados Unidos «es un socio estratégico para Ecuador», en lo comercial y en seguridad.

«El presidente tenía que realizar ese viaje para tener reuniones y su agenda fue categorizada confidencial, pero son viajes para estrechar esas relaciones comerciales y de seguridad», explicó Neira.

El decreto ejecutivo donde el mandatario anunciaba que estaría de viaje en Estados Unidos entre el 18 y 20 de noviembre no detallaba el propósito del viaje, y desde la Presidencia tampoco hubo respuesta a los pedidos de periodistas de información sobre la agenda que cumpliría el jefe de Estado.

Pero José Julio Neira aseguró que el primer mandatario estuvo en Nueva York. Se conoció que el primer mandatario viajó a bordo del avión presidencial de Ecuador, desde Quito al aeropuerto de Teterboro, ubicado a 20 kilómetros de Manhattan, el mismo desde donde retornó en la noche del jueves 20 de noviembre. Fuente: Primicias

Falta un poco más de un mes para que termine 2025 y aunque el Gobierno de Daniel Noboa ha destacado que ya se ha usado el 73% del Presupuesto del Estado, algunos de los sectores prioritarios no llegan ni al 55%.

Y sí, de los USD 41.338 millones previstos para sostener el Presupuesto del Estado 2025, hasta el 23 de noviembre ya se han usado el 73%: USD 30.287 millones.

Sin embargo en salud y educación, el porcentaje de ejecución es más bajo.

En el caso del Ministerio de Salud, hasta el 23 de noviembre se ha usado el 45% del presupuesto total asignado.

Y en el Ministerio de Educación se ha ejecutado el 53% de lo asignado para todo el año.

Otros ministerios clave, por su peso en el Presupuesto, como el de Infraestructura (antes MTOP) y el de Energía también tienen una ejecución menor al 60%, cuando ya está por terminar el año.

No obstante, los presupuestos para el sector de seguridad y para el Ministerio de Desarrollo Humano sí tienen una ejecución superior al 70%.

Este último, sobre todo, debido a que el gobierno de Noboa hizo una fuerte inyección de gasto público en bonos sociales y compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel y en momentos de campaña electoral.

¿Qué pasa con los presupuestos de salud y educación?
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica el porqué de la baja ejecución en salud y educación

Se debe a que los gobiernos de turno ponen en el presupuesto inicial el monto de aumento anual que manda la Constitución para los dos sectores, pero en la práctica a lo largo del año, el dinero no se usa por completo y el aumento queda en el papel, dice el exministro.

«No debería ser así, la Constitución dice que se debe aumentar, pero lo que ocurre cada año es que no se usa todo el dinero y al final no hay tal aumento» Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.

Ortiz explica que en los últimos años, el Ministerio de Finanzas ha incluido el monto de aumento que dispone la Constitución en la cuenta: «Bienes de larga duración».

Y es precisamente esa la cuenta que hasta ahora muestra la más baja ejecución en los dos ministerios.

En el caso del Ministerio de Salud, en su presupuesto se asignaron USD 2.112 millones a la cuenta de bienes de larga duración. Solo se han usado USD 25 millones de ese dinero hasta el 23 de noviembre.

Y en el Ministerio de Educación, dentro de su presupuesto se asignaron USD 1.854 millones, pero solo se han usado USD 7 millones hasta el 23 de noviembre.

Mathias Haas, consultor senior de la empresa Inteligencia Empresarial, explica que la baja ejecución de presupuesto en estos dos sectores tiene efectos directos en la economía.

«Más ejecución en el Ministerio de Salud significa menos desabastecimiento y menor presión sobre emergencias. Un país saludable es un país productivo». Mathias Haas, economista.

Y añade que en el caso de la educación, «los recursos bien ejecutados en mantenimiento, escuelas e insumos elevan la asistencia, crean entornos seguros y fortalecen el aprendizaje. Esto sostiene el crecimiento económico a largo plazo».

¿En qué se ha usado el dinero del Estado hasta ahora?
Haas añade que un problema es que la estructura del presupuesto ecuatoriano es muy rígida, pues la mayor parte del dinero público ya está comprometido.

«Deja muy poco margen operativo para inversión en obra y para la ejecución de programas nuevos o ampliados», añade.

De hecho, casi la mitad de esos recursos se ha destinado a sueldos de los funcionarios públicos y al pago de deuda interna y externa.

El pago de salarios a los funcionarios públicos representa el 28% de lo que se ha usado hasta el 23 de noviembre del Presupuesto del Estado 2025.

Por eso, entidades cuyo presupuesto está principalmente compuesto por el rubro de salarios son los que tienen mejor ejecución, como en el caso de la Policía Nacional, que ha ejecutado el 84% de lo asignado.

Le sigue lo destinado a deuda púbica. Los pagos de las cuotas de préstamos (amortizaciones) representan el 21% de lo que se ha usado del  Presupuesto del Estado.

Tanto el pago de sueldos como de la deuda pública son rubros que los gobiernos normalmente tratan de pagar a tiempo, mientras otros rubros suelen tener menos ejecución por la falta de ingresos, entre ellos, la inversión en obra pública, explica Ortiz.

Incurrir en altos atrasos en salarios provocaría dificultades en el funcionamiento del Estado, pero también tendría un alto costo político y social para el Gobierno, pues se arriesgaría a protestas y paralizaciones de servicios.

La última vez que el Estado tuvo problemas para pagar a tiempo sueldos de funcionarios públicos fue en noviembre de 2023, en medio de la transición del gobierno de Guillermo Lasso al de Daniel Noboa, por la severa crisis de liquidez que vivía el país.

Noboa tuvo que hacer un préstamo de emergencia al banco público CFN y se anunciaron cronogramas de pago.

Y en el caso de la deuda pública, si el Estado cae en mora incurriría en lo que se conoce como ‘default’.

En ese escenario, al país le resultaría mucho más costoso y difícil conseguir nuevos préstamos para financiar los gastos del Estado que no alcanzan a cubrirse cada año con ingresos regulares como venta de petróleo o cobro de impuestos.

Para 2026, por ejemplo, Ecuador necesita contratar préstamos por USD 12.999 millones.