El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador pidió este martes al legislador Santiago Díaz, que está en prisión preventiva tras haber sido denunciado por ser el presunto autor de la violación de una niña de doce años, que renuncie a su cargo.

El pedido lo hicieron por medio de una resolución, aprobada por unanimidad de los 146 presentes, en la que exhortan a Díaz a renunciar voluntariamente «en aras de garantizar la transparencia del proceso penal en curso, facilitar el desarrollo de las investigaciones judiciales y proteger la legitimidad y credibilidad institucional de la Asamblea Nacional«.

En esa misma resolución, presentada por la oficialista Mishel Mancheno, expresaron su rechazo «ante la gravedad de la denuncia presentada contra el asambleísta», por unos hechos que, aseguraron, «han generado una seria conmoción social y comprometen la imagen institucional de la Función Legislativa».

Díaz fue denunciado a inicios de julio por ser el supuesto autor de la violación a una niña de doce años, una acusación que él rechazó y que calificó como un «ruin montaje judicial» en su contra.

Tras hacerse pública la denuncia, el movimiento correísta Revolución Ciudadana expulsó a Díaz de sus filas el pasado 8 de julio.El 21 de julio, Correa pidió disculpas públicas al país y reconoció que este caso les llenaba «de vergüenza».

«Toda nuestra solidaridad con la víctima, una niña de doce años, con su madre y con su familia. Es inadmisible. Que se pudra en la cárcel si es culpable. Eso nos ha llenado de vergüenza y pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano», declaró el exmandatario en una entrevista.

El legislador estuvo en paradero desconocido hasta el pasado 21 de julio, cuando se entregó a las autoridades, después de que el Gobierno lanzara una campaña de búsqueda, en la que ofrecía 100.000 dólares por información que llevara a su captura.

Díaz está actualmente en la cárcel después de que la Justicia le dictara prisión preventiva, el 22 de julio, en el marco de las investigaciones.

En medio de la polémica, se conoció también que apenas cinco días antes de hacerse pública la denuncia en su contra, Santiago Díaz propuso en la Asamblea una modificación del artículo 175 del Código Penal para reducir la edad de consentimiento de una relación sexual de los 18 a los 14 años, una iniciativa que fue rechazada por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Este martes, el Pleno de la Asamblea también instó a las autoridades judiciales y de control «a actuar con celeridad, imparcialidad, objetividad y con enfoque de derechos humanos en el tratamiento del caso, asegurando tanto la protección de la presunta víctima como el respeto al debido proceso».

A través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada y el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el Gobierno de Ecuador informó que se mantiene en estado de vigilancia ante la posibilidad de un tsunami.

“Con base en el análisis técnico disponible, se ha establecido nivel de advertencia de tsunami para la Región Insular (Galápagos), lo que implica la suspensión inmediata de actividades marítimas, así como el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas”, indicó el Ejecutivo a través de un comunicado compartido en redes sociales.

El litoral continental, precisó, permanecerá en estado de observación, pues el riesgo de afectación sería menor hasta el momento.

Alertas por el posible impacto de tsunamis fueron levantadas por cerca de una decena de naciones de Asia y América luego de que se registrara un terremoto de magnitud 8.8, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en la península rusa de Kamchatka, en el Océano Pacífico.

“Según los datos técnicos, se prevé que la onda inicial del tsunami podría llegar a distintos puertos de Galápagos entre las 08:48 y 09:11 de la mañana del miércoles 30 de julio (hora insular). Cabe señalar que la primera onda no siempre es la más grande y que el evento puede extenderse durante varias horas”, informó el Gobierno.

Estas son las recomendaciones que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos emitió para los ciudadanos: