Nacionales
La aplicación de tercera dosis contra el COVID-19 a adultos mayores se extiende a otras zonas
Tras este largo feriado, la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores continuará extendiéndose en Guayas y otras zonas del país.
La dosis de refuerzo para esta población arrancó en ciertas ciudades antes del feriado, pero comenzará a tomar fuerza en estos días.
En las zonales 1 (Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas), 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) y 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) ya se está inoculando a mayores de 65 años.
Mientras que en las zonales 3 (Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua), 5 (Guayas, con excepción de los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos) y 9 (Distrito Metropolitano de Quito) empezarán a vacunar desde este 4 de noviembre.
Para los mayores de 65 años, la tercera dosis se aplica porque presentan un mayor riesgo de tener enfermedad grave o morir por coronavirus. La vacuna que se aplica es la de AstraZeneca.
Solo los pacientes que tienen condiciones de inmunosupresión recibirán su tercera dosis con una pauta homóloga, es decir, con la misma vacuna con la que fueron inoculados en su primera y su segunda dosis, según funcionario del Ministerio de Salud.
Durante este feriado, el Ministerio mantuvo abiertos vacunatorios en varias partes del país. Pero la cantidad de personas buscando la inmunización contra el COVID-19 disminuyó considerablemente en Guayaquil y Durán. Y eso conllevó demoras.
“Si otros días se ha atendido a unas 150 personas, ahora no han pasado de 30 en cada día del feriado (lunes, martes y miércoles)”, comentó un funcionario del MSP del centro de salud Oramas González en Durán, donde además se atendían unas pocas emergencias médicas.
A bordo de una tricimoto llegó María, carnet de vacunación en mano; ella buscaba la segunda dosis de Pfizer. Pasó a esperar a que lleguen más interesados que necesiten el mismo líquido del laboratorio norteamericano, que se inyecta a seis personas por cada frasco. María, que trabaja en un mercado cercano donde no hubo actividad por el feriado, era la primera.
El mismo escenario se apreciaba en el centro de salud de la Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, donde Mónica Solís y su hija de once años buscaban la vacuna de Sinovac: la segunda dosis para ella, la primera y única para la menor.
“Yo ya vine hace quince días aquí mismo, pero no me vacunaron porque me dijeron que tenía que venir con otra persona, para aprovechar bien las dosis, supongo; y como ahora en la escuela de mi hija me dijeron que la traiga acá y es la misma vacuna que la mía (Sinovac), entonces venimos a ponernos las dos”, contó Mónica.
Pero en el momento del registro, la mujer tenía que volver a esperar, pues estaban aplicando por pares de la misma edad. Su hija sí logró turno enseguida, porque la juntaron con otra menor de once años que llevaba quince minutos esperando.
Más tiempo pasó Lorena, una empleada pública que prefiere no decir su apellido. Llegó a las 09:00 y era la quinta persona que buscaba la segunda dosis de Pfizer. Faltaba una para poder vaciar un frasco del inmunizante.
“Vine temprano en feriado, porque en los días ordinarios es difícil que me den permiso en el sector público donde trabajo. Ojalá nadie se vaya y que llegue alguien más para que nos pongan la vacuna”, decía Lorena una hora después.
En los centros del MSP, el personal espera que este jueves, cuando se vuelve a la normalidad, la afluencia de público vuelva también a ser la habitual y no haya demoras, como en estos días, para aplicar las diferentes vacunas contra el COVID-19.
Días atrás, la ministra de Salud, Ximena Garzón, indicóque la pandemia está de momento controlada, pero “no tenemos que confiarnos”.
Agregó que en Ecuador hay la presencia de la variante delta, que es más contagiosa, y ese control puede salirse de las manos por una falta de corresponsabilidad ciudadana.
Garzón expresó que las muertes por COVID se han reducido, dado que la semana pasada hubo un fallecimiento por coronavirus. (I)
El Universo
Nacionales
Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía
El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.
La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.
Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.
El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.
Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.
La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.
Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.
De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.
Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
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