El abuso del derecho a través del otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad (PPL), habría derivado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada que –se presume– se cometía (al menos) desde 2022.

Por esta conducta delictiva, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores Pesántez, formuló cargos contra catorce detenidos, ante un juez con Fuero de Corte Provincial de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Fiscalía expuso su teoría del caso, en la que determinó e individualizó la presunta participación de los sospechosos.

Los procesados, Hugo Alexander L. O. y Lenin Javier V. V. (abogados en libre ejercicio), junto a otros colegas, habrían captado a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva por delitos de asesinato, tráfico de drogas, entre otros, para ofrecerles recuperar su libertad mediante acciones constitucionales –ilegítimas– que se tramitaban en cantones en los que sus clientes (PPL) no se encontraban detenidos.

Estos favores –dijo el Fiscal– se ofrecían a cambio de dinero que, a su vez, era ofrecido a jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.

Agregó que para establecer los nexos con los familiares de las personas privadas de libertad, se valían de Omar Israel J. B., José Alfredo M. B. y José Daniel T. C.

Ellos, en su calidad de funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), establecían contactos con parientes de los procesados para fijar los montos que debían pagar, a cambio de liberarlos con argucias y abusando del derecho.

En su teoría del caso, el fiscal provincial Hernán Flores Pesántez precisó que en esta trama de corrupción habrían colaborado los ciudadanos Franklin Edmundo T. P. (juez), María José L. C. (secretaria de juez), Ángel Harry L. V. (exjuez), Byron Michael O. G. (exjuez), Gary Fabricio P. C. (secretario de juez), Joffre R. R. (juez) y Simón Oswaldo G. T. (exjuez).

Asimismo, en la investigación fiscal también se determinó que los policías Hugo Marcelo A. H. y Marco Patricio C. C. habrían colaborado con esta organización delictiva, proporcionando información reservada del sistema de la Policía Nacional, que les permitía conocer si la PPL beneficiaria de la acción constitucional ilegítima tenía boleta de captura vigente o prohibición de salida del país.

De esta manera, alertaban a la organización sobre estos particulares, en caso de que se revocaran los fallos con supuestas irregularidades.

Es decir, agregó el Fiscal, los delitos fines de esta presunta delincuencia organizada eran el tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Medidas cautelares

Sobre la base de los elementos de convicción, que fueron individualizados para cada procesado, el Fiscal Provincial de Pichincha solicitó la prisión preventiva para Hugo Alexander L. O. y Lenin Javier V. (organizadores), Franklin T., Ángel L., Byron O., Simón G., Gary P., Joffre R., Omar J., José M., José T., Hugo A., Marco C. (colaboradores).

Respecto a María José L. C. (colaboradora), Fiscalía pidió se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a su estado de gestación. El Juez ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas tres veces por semana.