Otro capítulo de corrupción se abrió en Ecuador. Como parece estar volviéndose habitual, el país se despertó ayer, 3 de abril de 2024, con la noticia de un amplio operativo llevado a cabo en siete provincias, ahora conocido como el caso Plaga.

En su cuenta oficial en X, la fiscal Diana Salazar explicó que el caso se centra en el abuso de las acciones constitucionales que permitieron la liberación de delincuentes peligrosos. Un modus operandi que se ha propagado como «una plaga» en el sistema de justicia del país, advirtió.

Aunque no se expone explícitamente la relación entre los tres casos: Metástasis, Purga y ahora, Plaga, todos comparten la misma línea gráfica utilizada por la Fiscalía que ha usado desde la primera investigación, además, de exponer un patrón de cómo el sistema judicial ecuatoriano favoreció bajo irregularidades a delincuentes de alto valor. Aquí los detalles.

Este nuevo golpe contra la delincuencia organizada vuelve a poner el foco en el sistema judicial ecuatoriano. El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, señaló que -en el caso Plaga- jueces «habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aparentado legalidad».

El modus operandi quedó al descubierto durante más de 75 allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía y la Policía la noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre de 2023. Estas acciones formaron parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en el marco de hechos vinculados a corrupción y narcotráfico, que posteriormente se conocería como el caso Metástasis.

En el caso Plaga también aparecen vínculos con la investigación destapada por Fiscalía a finales del año pasado. Entre los detenidos consta el exjuex Ángel Lindao Vera, quien favoreció con una acción de protección al narcotraficante Leandro Norero para que le devuelvan sus bienes por lo que fue procesado en el caso Metástasis.

Otro vínculo se establece con el juez Simón Oswaldo García Tello, quien en diciembre de 2022 como magistrado de Paján emitió una boleta de excarcelación para Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y ahora procesado también por el caso Metástasis.

En el operativo de ayer también fueron detenidos otros jueces y exjueces, lo que ahonda aún más los escándalos de corrupción previos en la institución.

Entre ellos, también figura Byron Orejuela Giler, quien fungió como juez en el cantón Flavio Alfaro. Entre sus decisiones cuestionadas está la liberación de dos presos de la cárcel de Cotopaxi, supuestos miembros de una banda narcodelictiva.

Asimismo, Joffre Rivera Rodríguez, responsable de la liberación de dos presos con sentencia ejecutoriada en la cárcel de Cañar, a pesar de ser juez de Chone.

También fueron arrestados dos secretarios de juzgados: Gary Palma y María José Lapo, quienes supuestamente manipulaban los sorteos para asegurar que las acciones constitucionales fueran asignadas a los jueces involucrados en la red del caso Plaga. Por su parte, los magistrados emitían resoluciones que permitían la liberación de los delincuentes.

Este caso, al igual que en Purga que se centró principalmente en la Corte de Justicia de Guayas, cuya expresidenta, Fabiola Gallardo, recibió favores a cambio de fallos, en calidad de jueza.También revela otras conexiones significativas.

Por ejemplo, el juez de la Corte Provincial de Guayas, Johann Marfetán Medina, quien fue detenido en el caso Purga también está siendo procesado en el caso Metástasis. En los chats del caso, se hacía referencia al compromiso que tenía el magistrado con la organización criminal de Leandro Norero. Actualmente, Marfetán enfrenta dos procesos por delincuencia organizada.

En conjunto, se han registrado al menos 20 jueces y exjueces involucrados en los tres casos, quienes presuntamente habrían beneficiado a delincuentes mediante dictámenes y procesos judiciales, recibiendo a cambio dinero u otros favores. Esta situación pone en evidencia la crisis del sistema judicial, la cual no solo cuestiona las decisiones individuales de los magistrados, sino que también afecta la integridad y la imagen del sistema en su conjunto. Fuente: Ecuavisa