Nacionales
Casos Plaga, Metástasis y Purga: la crisis del sistema judicial
Otro capítulo de corrupción se abrió en Ecuador. Como parece estar volviéndose habitual, el país se despertó ayer, 3 de abril de 2024, con la noticia de un amplio operativo llevado a cabo en siete provincias, ahora conocido como el caso Plaga.
En su cuenta oficial en X, la fiscal Diana Salazar explicó que el caso se centra en el abuso de las acciones constitucionales que permitieron la liberación de delincuentes peligrosos. Un modus operandi que se ha propagado como «una plaga» en el sistema de justicia del país, advirtió.
«Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar».
Aunque no se expone explícitamente la relación entre los tres casos: Metástasis, Purga y ahora, Plaga, todos comparten la misma línea gráfica utilizada por la Fiscalía que ha usado desde la primera investigación, además, de exponer un patrón de cómo el sistema judicial ecuatoriano favoreció bajo irregularidades a delincuentes de alto valor. Aquí los detalles.
Caso Metástasis, Purga y ahora, Plaga
Este nuevo golpe contra la delincuencia organizada vuelve a poner el foco en el sistema judicial ecuatoriano. El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, señaló que -en el caso Plaga- jueces «habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aparentado legalidad».
El modus operandi quedó al descubierto durante más de 75 allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía y la Policía la noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre de 2023. Estas acciones formaron parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en el marco de hechos vinculados a corrupción y narcotráfico, que posteriormente se conocería como el caso Metástasis.
«El fin de erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia que se ha sistematizado como un círculo vicioso»
En el caso Plaga también aparecen vínculos con la investigación destapada por Fiscalía a finales del año pasado. Entre los detenidos consta el exjuex Ángel Lindao Vera, quien favoreció con una acción de protección al narcotraficante Leandro Norero para que le devuelvan sus bienes por lo que fue procesado en el caso Metástasis.
Otro vínculo se establece con el juez Simón Oswaldo García Tello, quien en diciembre de 2022 como magistrado de Paján emitió una boleta de excarcelación para Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y ahora procesado también por el caso Metástasis.
En el operativo de ayer también fueron detenidos otros jueces y exjueces, lo que ahonda aún más los escándalos de corrupción previos en la institución.
Entre ellos, también figura Byron Orejuela Giler, quien fungió como juez en el cantón Flavio Alfaro. Entre sus decisiones cuestionadas está la liberación de dos presos de la cárcel de Cotopaxi, supuestos miembros de una banda narcodelictiva.
Asimismo, Joffre Rivera Rodríguez, responsable de la liberación de dos presos con sentencia ejecutoriada en la cárcel de Cañar, a pesar de ser juez de Chone.
También fueron arrestados dos secretarios de juzgados: Gary Palma y María José Lapo, quienes supuestamente manipulaban los sorteos para asegurar que las acciones constitucionales fueran asignadas a los jueces involucrados en la red del caso Plaga. Por su parte, los magistrados emitían resoluciones que permitían la liberación de los delincuentes.
Este caso, al igual que en Purga que se centró principalmente en la Corte de Justicia de Guayas, cuya expresidenta, Fabiola Gallardo, recibió favores a cambio de fallos, en calidad de jueza.También revela otras conexiones significativas.
Por ejemplo, el juez de la Corte Provincial de Guayas, Johann Marfetán Medina, quien fue detenido en el caso Purga también está siendo procesado en el caso Metástasis. En los chats del caso, se hacía referencia al compromiso que tenía el magistrado con la organización criminal de Leandro Norero. Actualmente, Marfetán enfrenta dos procesos por delincuencia organizada.
En conjunto, se han registrado al menos 20 jueces y exjueces involucrados en los tres casos, quienes presuntamente habrían beneficiado a delincuentes mediante dictámenes y procesos judiciales, recibiendo a cambio dinero u otros favores. Esta situación pone en evidencia la crisis del sistema judicial, la cual no solo cuestiona las decisiones individuales de los magistrados, sino que también afecta la integridad y la imagen del sistema en su conjunto. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»
El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.
A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.
Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.
En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.
Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?
Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.
Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.
“Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.
Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.
La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).
“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.
Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.
La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.
“No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.
Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.
Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo
Nacionales
Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión
La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.
Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.
El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.
El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.
Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».
El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».
El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.
Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.
«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular
Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.
¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.
La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.
Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias
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