El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por USD 400 millones a Ecuador, para fortalecer la prevención y respuesta del Estado al crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

El crédito fue aprobado bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP, por sus siglas en inglés), en un contexto de creciente inseguridad en el país, explicó el BID en un comunicado difundido este 26 de junio de 2025.

Además se otorga en el marco del ‘Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en el Ecuador’, que viene ejecutando el Gobierno desde el año pasado para combatir el crimen organizado.

«El programa propone una respuesta integral, multisectorial y basada en evidencia, que incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional, estrategias de intervención y herramientas de trazabilidad y control de activos ilícitos», detalló el organismo multilateral.

El BID añadió que el programa plantea reformas estructurales en cuatro áreas clave: 

La prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales.
La modernización de la función policial.
El combate al lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos
La reducción de la minería ilegal

Resultados previstos
El proyecto contempla beneficios directos para más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes; 641.000 residentes de la Amazonía ecuatoriana, estudiantes de 1.785 escuelas priorizadas por su exposición al riesgo de reclutamiento y 5.880.000 de habitantes de 23 cantones vulnerables.

«Se espera que, hacia 2027, la tasa promedio de homicidios en estos cantones se reduzca de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes, y que aumente en un 10% la percepción de seguridad en las comunidades educativas», agregó el organismo.

El plan también incluye medidas específicas para proteger a niños y adolescentes migrantes, como la implementación de un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la ‘Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo’, la estrategia regional del BID para fortalecer la capacidad de los países de la región de coordinar sus esfuerzos contra el crimen organizado.

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, en coordinación con instituciones clave de los sectores seguridad, justicia, educación, minería y finanzas. Fuente: Primicias

Loja, 26 de junio de 2025. En una sesión extraordinaria cargada de tensión, expectativa ciudadana y un marcado tono político, el Concejo Cantonal de Loja resolvió este jueves remover de su cargo al alcalde Franco Quezada, tras aprobar con nueve votos afirmativos el informe que recomendaba su destitución.

El pleno del Concejo se instaló a las 10h00, conforme al marco normativo vigente que regula los procesos de remoción de autoridades seccionales. La sesión se desarrolló bajo estricta observancia del debido proceso, en medio de un clima social polarizado y con una ciudadanía vigilante, tanto en los exteriores del cabildo como en los espacios de opinión pública.

Una votación que marca un antes y un después en la política lojana

La propuesta de remoción, respaldada por un informe técnico-jurídico previamente elaborado, fue sometida a votación tras un intenso debate en el que se expusieron argumentos tanto a favor como en contra del alcalde Quezada. La moción logró superar el mínimo requerido de ocho votos, consolidando así una mayoría calificada a favor de la salida del primer personero municipal.

✔️ Así fue la votación definitiva:

A favor de la remoción:

1. Pablo Carrión ✅

2. Miguel Castillo ✅

3. Lenin Cuenca ✅

4. Santiago Erraez ✅

5. Jhon Espinoza ✅

6. Iván Ludeña ✅

7. Jorge Patiño ✅

8. Pablo Quiñónez ✅

9. Yuri Yaguana ✅

En contra de la remoción:
▪️ Adalber Gaona ❌
▪️ Polivio Vélez ❌

⚖️ Implicaciones institucionales y políticas

La decisión adoptada por la mayoría del Concejo no solo significa un giro drástico en la administración del cantón, sino que abre un escenario político complejo y lleno de interrogantes. Mientras los concejales que votaron a favor sostienen que actuaron en defensa de la institucionalidad y la ética pública, los ediles que se opusieron al proceso han cuestionado la legitimidad y oportunidad de la remoción.

El proceso ha sido observado con especial atención por diversos sectores sociales, medios de comunicación y organizaciones civiles, que demandan transparencia, gobernabilidad y garantías para una transición responsable.

Con la Ley de Integridad Pública en vigencia y la Justicia al borde del colapso, según datos del Consejo de la Judicatura (CJ), la declaratoria de emergencia del sistema es prácticamente un hecho.

Tras su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, el 25 de junio de 2025, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, dijo que lo viene diciendo desde el año anterior: «la declaratoria de emergencia es necesaria».

Esto, luego de contar a los legisladores que a la justicia le falta tecnología, infraestructura y jueces. Esto, en conjunto, habría generado que más del 50% de dependencias judiciales se encuentren en estado crítico.

Con nueva ley o sin ella 
La Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea el 24 de junio de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio, da luz verde a que el presidente del organismo haga esa declaratoria previo análisis y aprobación del pleno del CJ.

«No es una figura nueva o extraña para la Función Judicial. Son aproximadamente siete declaratorias de necesidad emergente extraordinaria que se ha hecho en otras presidencias del Consejo de la Judicatura» Mario Godoy, presidente del CJ.

Una vez declarada la emergencia, que la normativa aprobada no establece un plazo de duración, el Pleno de la Judicatura podrá, entre otras, establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.

Según Godoy, eso tampoco es nuevo. La noche del 25 de junio aseguró que en el Código de la Función Judicial ya se establece la figura de la contratación de servidores judiciales temporales.

Uno de los requisitos es «por si se requiere atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de justicia. La norma es clara, no se van a quedar para siempre», dijo Godoy.

Sin embargo, reconoció que muchos funcionarios que han ingresado bajo esa figura, luego han reclamado quedarse en la Función Judicial con base a acciones de protección.

Para evitarlo, el presidente del organismo señaló que pedirá a los ministerios de Finanzas y Trabajo que garantice la independencia de esta Función en el tema contrataciones para poder actuar en esos casos.

Una consulta ampliada
Sin embargo, previo a tomar una decisión, Godoy anunció que se reunirá con los titulares de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El objetivo será analizar cuáles serían los requerimientos que tiene la Función Judicial en general y también la necesidades puntuales de Defensoría y Fiscalía, que tienen su autonomía. Fuente: Primicias