El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.

Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.

Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.

Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.

Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.

Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.

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La decisión del Gobierno de modificar el mecanismo de compra de medicamentos, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud pública, cambiaría radicalmente la forma en la que estos se están adquiriendo. Desde 2022 y hasta la fecha, las medicinas más usadas son manejadas en el sistema de compra corporativa, que se lanzó en el gobierno de Guillermo Lasso.

En ese entonces, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) inició decenas de procesos de compra masivas de medicamentos para abastecer al Ministerio de Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al de la Policía Nacional (Isspol). Los procesos se desarrollaron con base en una actualización del cuadro básico de medicamentos, que pasó de tener 100 a más de 400 medicinas.

Esos mismos procesos de compra corporativa lanzados y adjudicados entre 2022 y 2023, antes de la posesión de Daniel Noboa, son los que se venían ejecutando hasta, al menos, julio de 2025, según información del mismo Sercop.

La idea de estos procesos era tener una manera más rápida de proveer las medicinas a los hospitales públicos, pero también de generar un ahorro al hacer compras grandes. Esto también evitaba las diferencias de precios entre medicamentos comprados por una y otra institución, al centralizarlos en el Sercop.

Ahora, con el Decreto Ejecutivo No. 108, el Ministerio de Salud asumirá la tarea de comprar los medicamentos que necesitan sus más de 100 hospitales y centros de salud. De hecho, este 21 de agosto el nuevo Comité Nacional de Salud, creado por Noboa, tendrá su primera reunión para, entre otras cosas, analizar la compra de medicamentos.

Cómo funciona la compra corporativa
En marzo de 2022, el Sercop comenzó a publicar decenas de procesos de adquisición masiva de medicamentos bajo el método de compra corporativa. Se lanzó un proceso por cada medicamento del cuadro básico, en su presentación, concentración y forma comercial específica; por ejemplo: Losartán sólido oral, 100 mg, caja por blíster.

Para cada medicamento se creó una ficha técnica, que establecía la cantidad de unidades proyectadas para toda la red pública de salud. Después, se realizaron los procesos de puja, en los que una empresa era seleccionada y se firmaban convenios. Más de 400 convenios se firmaron entre 2022 y 2023.

Una vez firmado el convenio, cada uno de los cerca de 3.000 establecimientos de salud de la red pública podía requerir a la empresa el número de unidades que necesitara a través de órdenes de compra, ingresadas también en el Sercop. En la normativa de la compra corporativa se estableció que cada establecimiento de salud (hospitales, dispensarios y otros) debía hacer dos órdenes anuales con entregas parciales mensuales, para evitar el desabastecimiento.

Lo que se ha comprado
Según información del Sercop, entre marzo de 2022 y el 10 de junio de 2025, se registraron 64.756 órdenes de compra, la mayoría correspondientes a instituciones del IESS y el Ministerio de Salud. Estas órdenes suman 2.914 millones de unidades de medicamentos, y USD 296 millones.

Hasta julio de 2025, 338 convenios de compra corporativa seguían vigentes, es decir que los establecimientos y hospitales podían seguir emitiendo órdenes de compra. Sin embargo, el Sercop no tiene información actualizada sobre los últimos dos meses en su tablero de la compra corporativa. Fuente: Primicias