En el marco de una reunión ampliada convocada por la Cámara Provincial de Transporte Pesado de Zamora Chinchipe, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (FENATRAPE), representada por su vicepresidente ejecutivo Luis Felipe Vizcaíno, mantuvo un diálogo técnico con dirigentes del sector de diversas provincias del país, a fin de evaluar las problemáticas estructurales que enfrenta el transporte pesado en la región sur y establecer resoluciones formales orientadas a fortalecer al gremio.

Durante el encuentro participaron directivos y delegados de las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas, Los Ríos, Cañar, Carchi, Chimborazo, entre otras, junto con líderes locales encabezados por el presidente de la Cámara Provincial, Econ. Edwin Patricio Jiménez, quien también integra por primera vez el directorio nacional de la FENATRAPE, hecho histórico para Zamora Chinchipe.

Problemáticas presentadas: peajes, tarifas y participación en proyectos mineros
El vicepresidente Vizcaíno expuso varios puntos críticos que afectan al sector:
1. Peaje con tarifa más alta del país:
Se registró una preocupación gremial por el cobro de USD 8,05 por eje para atravesar aproximadamente tres kilómetros en la ciudad de Zamora.
Un camión de dos ejes paga USD 16,
Una plataforma con cabezal de dos ejes USD 24,
Un cabezal con plataforma de tres ejes USD 32.

Este valor supera ampliamente los peajes nacionales, donde el costo promedio es de USD 1 por eje en tramos significativamente más extensos.

2. Condiciones contractuales en el sector minero:
Encuestas recientes aplicadas a transportistas del sur reflejan insatisfacción por pagos considerados no equitativos en la prestación de servicios a empresas mineras.

El gremio solicitó que, ante una posible ampliación del desarrollo minero, se garantice participación justa y transparente para los transportistas locales.

3. Aporte del transporte pesado durante la pandemia y en sectores estratégicos:
Vizcaíno recordó el papel fundamental del sector durante la crisis del COVID-19, abasteciendo mercados, farmacias e industrias, así como el apoyo continuo a la minería, operando incluso en momentos de mayor riesgo.

4. Estado vial crítico en las rutas Zamora–Loja y Zamora–Yantzaza–El Pangui:
Se destacó el deterioro de la vía hacia Loja, arteria esencial para el transporte minero y agrícola, y la necesidad urgente de intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Resoluciones adoptadas por la FNTPE
El directorio nacional de la Federación aprobó las siguientes resoluciones:
1. Respaldo total a la Cámara de Transporte Pesado de Zamora
Se brindará soporte institucional, técnico y político a todas las acciones impulsadas por la Cámara local, encabezada por el Econ. Patricio Jiménez.

2. Conformación de un equipo técnico–jurídico
Se inició un análisis formal de la ordenanza municipal que establece el peaje de Zamora, con el fin de solicitar al Municipio la entrega de los fundamentos técnicos que justifican el valor aplicado.

3. Exhortación a la empresa minera ECSA
La Federación pidió que se garantice una participación equitativa de los transportistas zamoranos en futuros procesos vinculados al avance del sector minero, tal como han señalado las autoridades nacionales al promover prácticas basadas en la equidad y el desarrollo territorial.

4. Gestión ante autoridades nacionales
Se anunció el envío de oficios al MTOP para solicitar la intervención inmediata en tramos críticos, particularmente en la vía Zamora–Loja, catalogada como estratégica para la conectividad comercial y minera del sur del país.

Ordenamiento vial y educación para conductores
Consultado sobre la circulación de camiones en caravanas o a velocidades inadecuadas, Vizcaíno enfatizó la urgencia de reforzar la capacitación en seguridad vial para conductores y empresas vinculadas a proyectos de alto impacto.

Recordó que Ecuador registra aproximadamente 2.500 fallecimientos anuales por siniestros de tránsito y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones, según estudios de Naciones Unidas.
Las estadísticas nacionales muestran que los accidentes se concentran en:
• Motocicletas,
• Vehículos livianos,
• Buses y camionetas,
• Y en menor proporción (6%) transporte pesado.

La Federación insistió en que la educación vial debe convertirse en un eje transversal e incluso integrarse a la malla curricular.

Participación y acuerdos alcanzados
En la asamblea estuvieron presentes dirigentes de parroquias y cantones como Yantzaza, El Pangui y Zamora, quienes de manera unificada expusieron las necesidades urgentes del sector y respaldaron las decisiones adoptadas.

La FENATRAPE remarcó su compromiso de apoyar el mejoramiento de las vías, fortalecer el diálogo con autoridades y garantizar condiciones justas para los transportistas de Zamora Chinchipe.

Mensaje final del vicepresidente Luis Felipe Vizcaíno
Vizcaíno agradeció la apertura del gremio local y reiteró el compromiso del transporte pesado con el desarrollo del país:
“Somos alrededor de 250 mil camiones que operamos diariamente para abastecer puertos, fronteras, industrias y comercios del Ecuador. Contribuimos con el 3,5 % del PIB nacional y trabajamos 24 horas al día, 365 días al año. Pedimos decisiones justas, transparentes y técnicas. Nuestro único propósito es seguir aportando al desarrollo del sur del país y de todo el Ecuador”.

La mañana de este martes 9 de diciembre, durante una rueda de prensa, representantes del sector minero de Zamora Chinchipe informaron a la ciudadanía sobre la resolución judicial favorable que pone fin a varios años de denuncias por supuesta minería ilegal en contra de concesionarios de la provincia.

El anuncio fue realizado junto al abogado defensor, Dr. Diego de Jesús Pozo Torres, representante legal en el proceso de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, quien se pronunció de manera telemática para explicar el alcance jurídico de este resultado.

Un proceso iniciado en 2016 finalmente llega a su fin
Según detalló el Dr. Pozo, el caso se remonta aproximadamente al año 2016, cuando un grupo de personas presentó reiteradas denuncias señalando la existencia de presunta minería ilegal en varias concesiones de la zona de Zamora. Estas acusaciones derivaron en una investigación que acumuló entre 800 y 900 hojas y que, durante varios años, generó afectaciones laborales, emocionales y administrativas a los sectores mineros involucrados.

El proceso fue inicialmente radicado en la Fiscalía de Delitos contra la Naturaleza de Quito, entidad que determinó que:
• No existía delincuencia organizada,
• No existían agresiones o afectaciones ambientales atribuibles,
• Y que las concesiones investigadas contaban con las autorizaciones estatales y ambientales vigentes.
Con estos elementos, el expediente fue posteriormente remitido a la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe.

Archivo por inexistencia de delito
El abogado Pozo informó que la señora jueza del cantón Zamora fue contundente al resolver el caso. Si bien el fiscal había solicitado el archivo, la jueza aclaró que la investigación no se archiva por falta de pruebas, sino porque la conducta denunciada no constituye delito.

“Es fundamental comprender —señaló el jurista— que no toda conducta debe ser criminalizada. Si existieran dudas o quejas administrativas o ambientales, estas deben tramitarse en sus ámbitos correspondientes, no en materia penal”.

Durante su intervención, el Dr. Pozo explicó que las denuncias presentadas en años anteriores se tornaron extorsivas e intimidatorias, pues los denunciantes no acudieron a rendir versiones pese a ser convocados reiteradamente.

Asimismo, destacó la actuación del Fiscal Dr. Edgar Orlando Silva, quien de manera objetiva y conforme al artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), coincidió con los criterios de la Fiscalía de Quito sobre la inexistencia de responsabilidad penal.

El abogado informó también que la resolución judicial no es impugnable, por lo que el proceso queda definitivamente cerrado.

La Cooperativa 11 de Julio evalúa acciones legales
Con la resolución a su favor, la Cooperativa 11 de Julio anunció que analiza iniciar acciones legales por denuncias maliciosas y temerarias, así como por la divulgación pública de información reservada durante la etapa investigativa, lo cual constituye una infracción conocida como difusión de información restringida, tipificada en el COIP.

Pozo enfatizó que este precedente será clave para evitar futuras denuncias infundadas que buscan obstaculizar el trabajo de los mineros que operan dentro de la ley.

Respaldos del sector minero
Durante la rueda de prensa, intervino también James Salcedo, secretario ejecutivo de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, quien destacó la importancia de esta resolución como reconocimiento a la minería legal y formal de la provincia.

Salcedo subrayó que en esta causa también estaban involucrados concesionarios de Nambija, Sultana del Cóndor, Las Nanguipa y otros sectores, quienes fueron denunciados sin fundamento.

“Lo que sigue —indicó— es evaluar un juicio por daños y perjuicios contra quienes atentaron contra nuestras concesiones. Este proceso nos quitaba la tranquilidad, porque un proceso penal afecta no solo la actividad económica, sino también la estabilidad emocional y familiar”, señaló.

Añadió que Zamora Chinchipe, reconocida como la capital minera del Ecuador, necesita que se respete y proteja el trabajo de los mineros formales, quienes cuentan con permisos, estudios, auditorías y cumplen con la normativa vigente.

Llamado al Gobierno Nacional
Salcedo recordó además que el Presidente de la República ofreció, en campaña, avanzar con la regularización y el censo minero para los pequeños mineros y artesanales de la provincia, así como concluir procesos pendientes como el del sector Cumbaratza. El dirigente exhortó al Gobierno a cumplir estos compromisos y abrir mesas de diálogo que permitan promover una minería responsable, transparente y sostenible.

La minería legal como aporte a la provincia y al país
El Dr. Pozo reiteró que la resolución marca un precedente relevante:
• Identifica claramente la diferencia entre minería ilegal y minería legal y regularizada.
• Reconoce el aporte de la minería formal a la economía, al trabajo comunitario y al desarrollo sostenible.
• Sienta las bases para frenar denuncias sin sustento que afectan la dignidad y el derecho al trabajo de ciudadanos y concesionarios.

“Respaldamos a todos los mineros legales y a quienes cumplen con las regulaciones del Estado. La dignidad de las personas debe ser respetada, así como el trabajo honesto que sostiene a esta provincia”, afirmó.