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La historia por la que Julian Assange lleva una década en la mira de EEUU

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Amado y odiado. Julian Assange ha suscitado la admiración y el resquemor social desde que ganó fama mundial por haber expuesto cientos de miles de informaciones confidenciales, a través del sitio web que él mismo fundó en 2006: WikiLeaks. Actualmente enfrenta el juicio en Londres donde se juega su extradición a Estados Unidos.

Cuatro años después de haber fundado WikiLeaks, Julian Assange hizo una de las publicaciones más impactantes que puso en jaque al gobierno de Barack Obama. Se trató, primero, de la divulgación de 77.000 documentos militares y, meses más tarde, la publicación de 400.000 informes sobre la guerra en Irak. El mundo pudo ver imágenes de torturas y asesinatos deliberados a civiles por parte de los soldados norteamericanos.

Su arriesgada maniobra, en nombre de lo que Assange denominó «traer a la luz las políticas de gobierno de conspiración y miedo» le valió ser el hombre del año de la revista ‘Time’ en el 2010.

La entonces secretaria de Estado de Estados Unidos pidió que la Justicia condenara a Assange. Pero sus advertencias no lo hicieron flaquear. Al contrario, fortaleció su plataforma de Internet para no solo exponer acciones cuestionables de diferentes gobiernos, sino también de poderosos grupos corporativos.

Assange denunció en aquel comienzo de año 2011 que grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos los sistemas que la Stasi alemana hubiera soñado tener en la década de 1980. Es decir, la forma de vigilar y controlar la información de cada persona, sin importar quién fuera, a través de sus celulares, correos electrónicos y redes sociales.

Las preocupaciones legales de Assange comenzaron en 2010, tras una visita a Suecia

Assange llegó a Suecia en 2010 interesado por sus leyes de protección para los informantes y viendo este como el lugar ideal para montar una base de WikiLeaks.

Durante su estancia, no solo participó en una amplia conferencia, sino también conoció a dos mujeres que más tarde lo acusaron de violación. Assange negó los alegatos en su contra, arguyendo que ambos encuentros fueron consensuados. Y aunque fue duramente cuestionado, nunca recibió cargos.

Pero en noviembre de 2010 Interpol emitió una orden judicial para el arresto del activista. Se le concedió la fianza un mes después, cuando sus seguidores recaudaron 240.000 libras esterlinas.

Assange siempre creyó que los esfuerzos para extraditarlo eran parte de una conspiración más amplia para enviarlo a Estados Unidos. Siendo el fundador de WikiLeaks, se enfrenta a procesos por revelar cientos de miles de documentos secretos de diplomáticos y militares de Estados Unidos. En palabras judiciales, Assange se le acusa de violar la Ley de espionaje del país norteamericano, un delito considerado gravísimo.

En junio de 2012, dos meses después de que el Reino Unido dictaminara que debería ser extraditado a Suecia, Assange transgredió su fianza y se refugió al interior de la embajada de Ecuador en Londres.

Unos meses después le fue concedido asilo político en esa embajada y con el paso de los años, Suecia archivó y desestimó las investigaciones por violación en su contra, en mayo de 2017.

Assange permaneció encerrado en la embajada hasta abril de 2019, cuando la policía británica entró a la embajada y lo capturó por incumplir su fianza. Assange había completado cerca de 7 años sin salir de allí.

Un mes después, el Reino Unido lo condenó a 50 semanas de prisión por haber incumplido su fianza. Por su parte, Suecia reabrió las investigaciones en su contra por abuso sexual, aunque meses desestimó uno de los casos por falta de evidencias.

El Reino Unido aún debe decidir si extraditará a Assange a Estados Unidos, o si le impondrá cargos de conspiración federal que podrían darle hasta 5 años de prisión. ¿Qué suerte le deparará a uno de los ‘hackers’ más renombrados de la historia? 

Fuente: (France24)

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Juez emite medidas sustitutivas a prefecto Carlos Luis Morales: prohibición de salir del país y uso de dispositivo de vigilancia

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El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, tiene prohibido salir del país, deberá presentarse de forma periódica ante las autoridades de justicia y portará un dispositivo de vigilancia.

Así lo dictaminó este jueves un juez tras la audiencia de formulación de cargos que duró más de cinco horas en la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil.

La Fiscalía formuló cargos contra Morales y otras siete personas que son investigadas por el presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en el Gobierno Provincial del Guayas (Prefectura del Guayas).

El prefecto fue detenido la mañana del miércoles en una urbanización de la vía a Samborondón. Ayer, además, su domicilio fue allanado. (I)

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En su última subasta de bienes, Inmobiliar buscará $18 millones

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El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, más conocido como Inmobiliar, abrirá este lunes el proceso de regularización de documentos para lo que será su última subasta de bienes muebles e inmuebles como institución autónoma.

A mediados del mes pasado, el presidente Lenín Moreno dispuso la extinción de varias entidades del sector público, en atención a la crisis que aqueja al país por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En dicha subasta, que aún no tiene fecha, la entidad sacará a la venta bienes, entre terrenos, departamentos, bodegas y oficinas, con los que espera recaudar unos $18 millones. Este monto se sumará a los más de $121 millones que logró en procesos previos desde el 2016.

El Decreto 1068 da un plazo de 90 días para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOTP) asuma la administración de los bienes que tiene a cargo Inmobiliar, y que son de tres tipos, explica su director, Nicolás Issa Wagner.

Los permanentes, que son los bienes del Estado como tal, y entre los que se cuentan los 22 edificios en los que funcionan dependencias públicas, como las Plataformas Social y Financiera en Quito, el Gobierno Zonal y el edificio Joaquín Gallegos Lara o Makro, en Guayaquil, y otros.

Los transitorios, que suman 4780, y que provienen de diferentes fuentes: el Banco Central del Ecuador (BCE), la desaparecida Ugedep (que administraba los bienes de la banca cerrada) y el extinto Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

La mayoría de estos tiene algún problema legal por lo que no han podido venderse, pero sí pueden arrendarse. Aquí hay desde casas y lotes hasta locales comerciales, parqueos, cuadros, lavadoras y juguetes.

Y los incautados, que son aquellos que fueron tomados en operativos por delitos de narcotráfico o lavado de activos, y que están en depósito. En este apartado hay, también, dinero en varias monedas que suman $18 millones.

Estos tampoco pueden venderse hasta que no se resuelvan los procesos penales que derivaron en su comiso.

Issa explica que el decreto dispone preparar una nueva estructura y un nuevo modelo de gestión. “En eso es lo que estamos trabajando, ya hemos tenido tres reuniones con el Ministerio de Finanzas, Planifica Ecuador (antes Senplades) y el MTOP, para definir cuántas personas se van a quedar. La responsabilidad es del MTOP, pero como nosotros conocemos cómo es el funcionamiento, la estamos trabajando internamente”, señala.

Actualmente, Inmobiliar tiene 710 empleados. Y maneja un presupuesto de unos $50 millones. De ellos, $25 millones se usan para pagar los servicios básicos (agua, energía eléctrica y otros) de todos los bienes a su cargo; $10,5 millones para los sueldos; y lo restante para mantenimiento y compras de las edificaciones y vehículos.

Issa agrega que, de todas las instituciones que se eliminarán por disposición presidencial, Inmobiliar era la única que generaba ingresos al Estado: $40 millones al año, en promedio, que se depositaban en la Cuenta Única del Tesoro.

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, espera que el traspaso sea “lo más ligero posible”, en el sentido de que no represente mucha carga para esa secretaría.

“Estamos evaluando la estructura que tiene Inmobiliar y la del ministerio a nivel nacional, para saber si vamos a poder absorber sus responsabilidades de manera óptima. Inmobiliar tiene más de 4000 bienes, tendríamos que conservar algo de su estructura si es que no tenemos toda la capacidad y además estamos recibiendo bienes de Secob y Ecuador Estratégico”.

El ministro confirma que Issa se halla en la tarea de definir estrategias para delegar o reasignar el manejo de estos bienes antes de los 90 días de plazo que menciona el decreto. Si no se lo consigue, asumirán todo tal cual esté. (I)

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Primera acción de Fuerza de Tarea de Fiscalía: 37 allanamientos en Quito y Guayaquil y 17 detenidos

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La flamante Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para combatir la corrupción en tiempos del COVID-19 dio un golpe contundente en 3 de los 45 casos denunciados durante la emergencia sanitaria. Desde la madrugada de ayer hasta el mediodía se desarrollaron 37 allanamientos en Quito y Guayaquil.

Asimismo se realizaron 17 detenciones, entre ellas las del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; del exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS; y del gerente de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, Guido Andrade Bastidas.

Estos apresamientos y allanamientos están ligados a tres casos específicos. El del prefecto Morales tiene relación con la investigación sobre supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, así como la contratación de una empresa ligada a otras manejadas por familiares, como su esposa e hijastros del funcionario, según la Fiscalía. Con Morales, doce personas están involucradas, entre ellas la esposa y los hijastros. Siete están presas.

Lo de Bucaram se debe a las investigaciones iniciadas por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, y por delincuencia organizada. Durante el operativo, los policías encontraron un arma, documentos e insumos médicos, mascarillas y pruebas rápidas que, según la fiscal Diana Salazar, son de aquellas que se hallaron en el hospital, cuyas instalaciones también fueron allanadas en horas de la mañana. El exgerente de esa casa de salud Luis Jairala Zunino también fue apresado.

Salazar señaló que la detención de Bucaram era por el arma, pero también por la relación con las compras del Teodoro Maldonado Carbo.

El tercer caso es por presunto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, del Municipio capitalino. Con el gerente son cinco detenidos, según la Fiscalía.

La fiscal Salazar, en una rueda de prensa que dio al mediodía en Guayaquil junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que en Guayas la Fiscalía investiga tres delitos: peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada. En Pichincha se investiga el delito de peculado alrededor de los contratos adjudicados por la Empresa Metropolitana de Agua.

Estas acciones son las primeras que desarrolla la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que creó Salazar y cuyo anuncio lo hizo el lunes en Quito. El martes, en Guayaquil, dio a conocer que al trabajo de la Fiscalía en esa unidad se sumaba un grupo especial de la Policía. En esa presentación de alianza estuvieron la ministra Romo y el comandante general de la Policía, Patricio Carillo.

La Fuerza de Tarea creada en Fiscalía durará, según Salazar, hasta cuando se haya culminado con el último de los procesos que se den dentro de esta crisis sanitaria. “No más impunidad. (…) No es posible que escándalo tras escándalo entonces cubra lo uno, cubra lo otro y nos vayamos olvidando”, comentó Diana Salazar.

Son alrededor de 45 miembros de la Fiscalía y grupos especiales de la Policía que forman esta unidad. Tres fiscales de la Unidad de Transparencia, cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, los fiscales provinciales de Manabí, Carchi, Guayas y Chimborazo, 24 fiscales de apoyo, un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad interagencial con policías especializados en esta clase de investigaciones conformarán dicha fuerza.

Por ello, los casos de Guayas serán conocidos por fiscales de otras provincias. La Fiscalía de Guayas conocerá los casos de otras jurisdicciones. Salazar dijo que así se evitan compadrazgos y familiaridad.

La ministra Romo indicó que la Policía seguirá con su trabajo, pues no estaba terminado: “La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces determinan si se dictan o no medidas cautelares y cómo avanzan los procesos, por su parte la Policía actúa cumpliendo todos los procedimientos.

El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló en Twitter: “Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos”. (I)

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