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Militares retirados retomarán su rechazo a la ‘ley Patiño’

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Los militares en servicio pasivo (s. p.) retomarán su lucha contra la ley que rige a la seguridad social castrense desde el 2016, desde un nuevo espacio: el consejo directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Es la meta que perseguirán los nuevos representantes de los pensionistas en el consejo, que fueron electos el pasado 10 de noviembre. Ese día, el Issfa celebró comicios en el país para que los militares retirados renueven a sus delegados.

La lista 2 ganó a la 1 con el 36,42% de votos. La formaron Giovanni Cadena (representante de oficiales en s. p.), Juan Carlos Robalino (tropa) y Napoleón Segovia (tropa).

Cadena afirma que los pensionistas pedirán en el directorio que el Issfa busque la declaratoria de inconstitucionalidad de “la llamada ley Patiño”.

Se refiere a la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía, que Ricardo Patiño impulsó cuando fue ministro de Defensa durante el gobierno anterior.

La norma, vigente desde octubre del 2016, reformó varios puntos de la Ley de Seguridad Social de las FF. AA. y de aquella de la Policía.

Entre otros cambios, modificó el régimen de aportaciones de los uniformados, lo cual “afectó al Issfa porque tiene menos recursos que recibe a través de los aportes”, sostiene Giovanni Cadena.

Y explica que, como la norma no es retroactiva, en la actualidad hay dos grupos de aportantes a la seguridad social castrense: unos 30 000 militares activos que contribuyen bajo los parámetros anteriores, y unos 10 000, que lo hacen bajo los parámetros del IESS.

Los primeros aportan el 23 % de su remuneración y los segundos, el 11,45 %.

“Eso le afecta económicamente al Issfa, por ende a los pensionistas y a las prestaciones”, anota Cadena.

E insiste en que por eso se buscará la inconstitucionalidad de la ley, vía sentencia de la Corte Constitucional (CC).

En la CC reposan varios pedidos en ese sentido; uno lo hizo Luis Lara Jaramillo en el 2016, cuando era jefe de la Cuarta División del Ejército.

Desde la semana pasada, Lara es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. y por ende ocupará una vocalía en el directorio del Issfa.

Son ocho vocalías: la del comandante en mención, las tres de los jefes de ramas (Ejército, Armada, FAE), las tres de los militares en servicio pasivo y la del ministro de Defensa.

Cadena dice ser optimista de contar con el apoyo de todos en su pedido de rechazo a la “ley Patiño”, por considerarlos “soldados de honor”.

El pasado jueves, el Tribunal Electoral del Issfa entregó las credenciales a los tres uniformados retirados. Está pendiente la posesión. 

Texto del Issfa y Defensa, en análisis en la Presidencia

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) elaboró un proyecto de Ley de Seguridad Social de las FF. AA., que busca retomar el régimen especial que fue derogado con la reformatoria, en el 2016. 

El texto está en análisis en la Presidencia de la República, según confirmó a este Diario el área de prensa del Issfa. 

“En esencia, la propuesta de reforma legal tiene que ver con la igualdad de aportaciones para retomar un sistema único de cotizaciones y prestaciones del Régimen Especial de Seguridad Social Militar, de tal forma que no exista injusticia y desigualdad al recibir las mismas prestaciones con una diferencia muy considerable de aportes”, se informó. 

El Issfa explicó que el documento fue elaborado con el Ministerio de Defensa, y que contaba con los soportes técnicos, jurídicos y financieros. 

En julio pasado, durante una rueda de prensa, el director general del Issfa, Alejandro Vela, refirió que el proyecto estaba en construcción. 

Dijo que la norma aprobada en  2016 por los anteriores Asamblea y Gobierno “no contó con estudios actuariales actualizados, lo que generó un impacto de aplicación y continuidad en la seguridad social militar”. (I)

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Expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, detenido en fuerte operativo policial en Guayaquil

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Un operativo policial se registra la mañana de este miércoles en el domicilio del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, en el norte de Guayaquil.

La ministra de gobierno, María Paula Romo, indicó la detención de Bucaram Ortiz, así como a dos agentes de tránsito del Municipio de Quito. Detalló que serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia.

Noticia en desarrollo…

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Movimientos políticos impugnados piden detalles de cómo Contraloría evaluó sus firmas para su defensa

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Como parte de la evaluación de las pruebas para definir la extinción de cuatro organizaciones políticas, ahora la Contraloría del Estado deberá sustentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) cómo realizó la auditoría que determinó que en la inscripción de dichas agrupaciones hubo irregularidades en las firmas y por tanto deben ser extinguidas.

Ayer, el pleno del Consejo aprobó con los votos de José Cabrera, Diana Atamaint, Esthela Acero y las abstenciones de Luis Verdesoto y Enrique Pita abrir un periodo de 30 días para realizar una ‘práctica de los elementos probatorios”, que Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo y Justicia Social presentaron para sustentar su defensa y evitar su desaparición.

Mientras tanto, se mantendrán suspendidas en sus actividades políticas, en medio de la etapa de democracia interna en la que deben escoger sus candidatos para las elecciones generales del 2021, que va del 9 al 23 de agosto.

Por pedido de FCS, la Contraloría deberá remitir al CNE, por ejemplo, la certificación en la que consten los reportes grafológicos de quienes verificaron sus firmas. Sus nombres, qué acciones se les asignó, los títulos profesionales de los grafólogos y los informes que emitieron con los que se les invalidó más de 16 000 rúbricas.

Libertad es Pueblo y Justicia Social también piden se incluya a su expediente de defensa los documentos para su inscripción, y las auditorías de la Contraloría, a la vez que Juntos Podemos denuncia que hay una “intencionalidad” del órgano de control de “causarles daño” y que hay errores en la auditoría.

En los militantes de FCS, tienda afín al expresidente Rafael Correa, hay preocupación. Virgilio Hernández, dirigente de FCS , en una entrevista en radio Majestad, adelantó ayer que si en estos días no tienen una respuesta, actuarán para la inscripción de sus candidatos, a través de la coalición Unidos por la Esperanza (UNES) que la encabeza Centro Democrático.

Ahí “ver como activamos que los candidatos que presente Centro Democrático pueda recoger a los de la Revolución Ciudadana”, expresó, aunque ello “sería admitir que vamos a participar en un proceso electoral que no ofrece garantías”.

No obstante, el panorama podría variar, dependiendo de la resolución que emita el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a una apelación que hizo el CNE al fallo del juez Fernando Muñoz, que dejó sin efecto la decisión de iniciar la revisión de inscripción de las agrupaciones resuelta el 19 de julio.

El vicepresidente, Enrique Pita, planteó a los consejeros que esperen el pronunciamiento del Tribunal, pero Atamaint aseguró que es «procedente abrir el periodo de prueba y procesar las pruebas» para contar con la información necesaria para decidir. Y como no hay efecto suspensivo de sus acciones, “debemos continuar”.

En otro plano, por unanimidad los consejeros aprobaron los reglamentos para la inscripción de candidaturas y de pronósticos electorales.

El primero abre la posibilidad de que debido a la pandemia del COVID-19 puedan inscribirse candidatos para las diferentes dignidades a través de medios virtuales que habilitará el CNE o lo hagan de forma presencial solicitando previa cita.

También acordaron realizar un tercer consejo consultivo con organizaciones políticas el próximo 17 de agosto. (I)

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Sector automotor de Ecuador hace pedidos a Gobierno para reactivación

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Con una previsión que sitúa la caída de ventas del 41 % para este 2020, el sector automotor presentó ayer lineamientos para su plan de reactivación, en el que se incluyen medidas que requerirán apoyo gubernamental.

Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), indicó que a más de resolver problemas coyunturales surgidos por el COVID-19, el sector requiere que desde el Estado se solucionen aspectos estructurales.

El dirigente señaló que se necesita que el usuario ecuatoriano pueda tener mejores condiciones para acceder a un vehículo. El dirigente dijo que los ecuatorianos están afrontando costos excesivos, producto de una carga tributaria alta.

Baldeón aseguró que hay el desafío de ir hacia una reforma sensata. “Estamos convencidos de que si hay una racionalización de los impuestos a los vehículos, todos vamos a ganar”, dijo.

La Aeade también puso sobre la mesa los problemas que están generando una serie de requisitos que se exigen para acceder al crédito automotor. “Hoy tenemos regulaciones que encarecen el acceso a ese financiamiento”, aseguró Baldeón.

En ese sentido, Baldeón pidió que se derogue una resolución que establece un patrimonio técnico y garantías que son “desproporcionadas” para obtener un préstamo.

Este gremio también cuestionó que se haya fijado una moratoria para la creación de nuevas empresas de transporte.

La Aeade estimó que debido al escenario generado por el COVID-19 se prevé comercializar 78 000 unidades este año.

El año pasado, la facturación del sector estuvo en $10 161 millones, el 10 % del producto interno bruto (PIB). Hasta julio de este 2020, la facturación bordea los $2624 millones.

Para tratar de empujar las ventas, la Aeade realizará por diez días una feria virtual. Esta arrancará el 13 de agosto a través del portal https://autosale.ec/.

Karla Reinoso, funcionaria de la Aeade, señaló que en la cita participarán 34 marcas de vehículos livianos, 12 de vehículos comerciales, 5 de motos, entre otras. Estará disponible del 13 al 23 de agosto.

China se convirtió este año en el proveedor número uno de los vehículos que se expenden en el mercado de Ecuador.

Según la Aeade, los vehículos provenientes de China pasaron de enero a julio a captar el 26 % de la participación.

La cuota de los vehículos ensamblados en Ecuador cedió terreno al ubicarse con el 15 %.

Esa nueva composición se da por el cierre de casi dos meses de las plantas en Ecuador debido a la pandemia del coronavirus.

Los carros que provienen de Colombia ocupan el 13 %; los de Corea del Sur, el 11 %; México, el 9 %; la UE, el 6 %, al igual que Japón.

China venía creciendo en participación en los últimos años en el mercado ecuatoriano por la banda de precios que manejaban y la variedad de modelos. De China no solo vienen carros a gasolina sino eléctricos. (I)

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