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Ley de Crecimiento Económico deja una Asamblea Nacional dividida y ‘alianzas’ impensables

Ante una Asamblea Nacional fragmentada, donde el Ejecutivo no posee una mayoría firme, el trámite del proyecto urgente significó la búsqueda de aliados.

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En todos los escenarios aparecieron unidos, manejaron el mismo discurso y en el pleno de la Asamblea se apoyaron

Quito –

En todos los escenarios aparecieron unidos, manejaron el mismo discurso y en el pleno de la Asamblea se apoyaron. Los correístas y socialcristianos actuaron juntos durante el trámite del proyecto económico urgente: buscaban el archivo.

A ese propósito se adhirió el movimiento SUMA, aunque en la Comisión de Régimen Económico no alcanzaron los siete votos para aprobar un informe para segundo debate que recomiende negar y consecuentemente archivar la propuesta del Ejecutivo por “inconstitucional” e “impuestera”, advierten.

En la otra orilla, Alianza PAIS y CREO, apoyados por la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), y parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), empeñados en que el proyecto pase al pleno. La divergencia: separar lo referente al Código Monetario y dejar lo tributario.

Ante una Asamblea Nacional fragmentada, donde el Ejecutivo no posee una mayoría firme, el trámite del proyecto urgente significó la búsqueda de aliados. En la comisión el grupo Revolución Ciudadana tiene tres delegados; el PSC, dos; SUMA, uno; AP, tres; CREO, dos; BIN, uno; y uno, BADI.

Desde que ingresó el proyecto a la Asamblea los correístas de Revolución Ciudadana y socialcristianos coincidieron en la tesis de evitar que el proyecto se apruebe, sostuvieron que el proyecto a más de ‘impuestero’, pone en riesgo la dolarización.

Henry Cucalón (PSC) dice que lo importante no es etiquetar las posiciones, no es con quién se vota, sino para qué vota; que se tienen que ver los conceptos por encima de las particularidades.

Esto va más allá de una persona, de una agrupación política o de un color, sino que se trata de hacer lo correcto por el ciudadano y lo correcto no era cargarlo con más impuestos de manera directa o indirecta”, Vicente Taiano, Partido Social Cristiano. 

Vicente Taiano aclara que el PSC actuó frente a la preocupación de que el proyecto perjudica a los ecuatorianos y ante una clara intención de que se apruebe por el ministerio de la ley. Que el PSC no ha estado junto a RC, prefiere hablar de una coincidencia puntual, y que su postura no responde a un cálculo político-electoral, como lo advierte el correísta Juan Cristóbal Lloret, quien cree que lo sucedido con el PSC “es un acuerdo de voluntades en el estricto sentido democrático (…); con los que más coincidencia vamos a tener este domingo, frente al proyecto urgente, es con los socialcristianos, porque la visión de ellos también es una visión de archivo”, advierte.

Quienes se suman a combatir el modelo neoliberal son ellos (PSC), no nosotros; ellos son los que se suman a la tesis de no llevar adelante un proyecto de ley que vuelve a la palestra un modelo neoliberal”, Juan Lloret, Revolución Ciudadana. 

Desde el BADI, Eliseo Azuero señala que de los correístas no se puede esperar nada, porque ellos juegan a la desestabilización y al caos, y que ya lo demostraron en las manifestaciones de octubre, y el trámite de esta ley urgente no se aleja de ese objetivo, al que se suman los cálculos electorales, pues creen que mañana puede pasar factura a quienes aprueban una ley de impuestos.

Si entra por el ministerio de la ley será responsabilidad de todos, porque puedo decir una cosa, discursivamente, pero entraño algo por secreto; toman posición que no se contempla en la Constitución, para bloquear”, Eliseo Azuero, Acción Democrática Independiente.

En el primer debate, Esteban Melo (RC) planteó una moción previa para que la sala archive el proyecto, pero no pasó. El encargado de la sesión, Patricio Donoso (CREO), bloqueó la intención señalando que en primera instancia no se aprueba ninguna ley, solo se debate.

Henry Kronfle (PSC) insistió y mocionó por escrito que no se siga debatiendo el informe presentado por el ponente Daniel Mendoza (AP) por tener vicios de nulidad y en su lugar, debata el informe de minoría del PSC, y cambiar de ponente del proyecto. Tampoco se dio paso.

El corto tiempo para tramitar un proyecto que supera los 400 artículos y reforma 22 cuerpos legales llevó a la comisión a instalar prolongadas sesiones, y en cada una de ellas, RC y PSC ratificaron su tesis que debe ser archivada.

La Constitución en su artículo 140, respecto al trámite de un proyecto urgente no contempla el archivo, sino aprobar, negar o modificar.

Frente a un bloqueo constante del oficialismo, CREO, BIN y BADI, los correístas empezaron a buscar más aliados para la segunda etapa de trámite. El 13 de noviembre, la oficialista Elizabeth Cabezas lideró un pronunciamiento junto a RC, PSC, SUMA, ID-BIN, PK-BIN. De AP, Ximena Peña y Ana Belén Marín.

El planteamiento fue pedir al Ejecutivo que retire la ley, similar a lo que hizo el exmandatario Rafael Correa en junio de 2015, cuando retiró el proyecto urgente de herencias y plusvalías. El retiro tampoco está reglado en la Constitución.

Marín aclara que su posición nunca era por el archivo, que en esa rueda de prensa “todos atacaron al presidente de la comisión, mi posición fue informativa de que había una convocatoria a reunión para continuar con el debate, pero se descontextualiza cuando solo ven la foto y no el contenido… Fui a defender el trabajo de la comisión, de ir a generar la estabilidad y el equilibrio que se necesitaba”.

La presencia de oficialistas era personal, dice Marín; inclusive el presidente de la Asamblea, César Litardo, aclaró al día a siguiente que el pedido de Cabezas de retirar el proyecto era personal, no del bloque, por lo que exhortó a la comisión a presentar un informe hasta el viernes –como se hizo–, que la propuesta debe seguir el camino regular de los dos debates.

El 14 de noviembre, RC y PSC propiciaron una toma simbólica del pleno de la Asamblea tras la suspensión de la sesión donde pretendía aprobar una resolución para exigir un informe para segundo debate. Ahí aparecieron también SUMA y el oficialista Carlos Bergmann.

En la noche, en la comisión, el bloque correísta amuralló la posición de sus delegados y acompañaron en la sesión. Del PSC estuvo Henry Cucalón.

Tras dos horas de sesión, el socialcristiano Vicente Almeyda planteó unificar los informes de minoría presentados por ellos y por los correístas: “He analizado el proyecto presentado por la asambleísta Lira Villalba, Hermuy Calle y Esteban Melo, creo que la finalidad del proyecto de ellos coincide con el de nosotros”.

Calle acentuó lo dicho por el PSC: “Como bancada estamos de acuerdo con la propuesta, unificar y que se haga una sola votación la propuesta de negar y correspondiente archivo del proyecto”. La moción pasó, pero no logró los siete votos para que se apruebe el informe recomendando el archivo del proyecto y Mendoza suspendió la sesión y se encerró en su oficina acompañado de su coideario Juan Carlos Yar y de Franco Romero (BADI), y eso provocó la reacción de los aliados por el archivo y alertaron que Mendoza buscaba que el proyecto pase por el ministerio de ley.

Patricio Donoso (CREO) se negó a presidir una autoconvocatoria de la comisión, que finalmente aprobó el informe el viernes. Foto: Alfredo Cárdenas. 

RC, PSC y SUMA intentaron autoconvocarse e instalar la sesión, plantearon que Patricio Donoso asuma la presidencia de la mesa, pero él advirtió: “No me voy a prestar para una ilegalidad”. En medio del forcejeo, Gabriela Larreátegui (SUMA) planteó la elaboración de un documento que exija un informe para el pleno. Mendoza, que había convocado a sesión a las 11:00 del día siguiente, salió y la adelantó para las 09:30.

La sesión donde se aprobó el informe para segundo debate no duró más de 14 minutos y obtuvo 13 votos a favor. Hoy el proyecto se tratará en el pleno a partir de las 14:00 y RC, PSC y SUMA suman 50 votos para para negar la ley, esperar apoyo de Pachakutik que son 6, pero necesitan 70. (I) Fuente: El Universo

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Expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, detenido en fuerte operativo policial en Guayaquil

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Un operativo policial se registra la mañana de este miércoles en el domicilio del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, en el norte de Guayaquil.

La ministra de gobierno, María Paula Romo, indicó la detención de Bucaram Ortiz, así como a dos agentes de tránsito del Municipio de Quito. Detalló que serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia.

Noticia en desarrollo…

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Movimientos políticos impugnados piden detalles de cómo Contraloría evaluó sus firmas para su defensa

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Como parte de la evaluación de las pruebas para definir la extinción de cuatro organizaciones políticas, ahora la Contraloría del Estado deberá sustentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) cómo realizó la auditoría que determinó que en la inscripción de dichas agrupaciones hubo irregularidades en las firmas y por tanto deben ser extinguidas.

Ayer, el pleno del Consejo aprobó con los votos de José Cabrera, Diana Atamaint, Esthela Acero y las abstenciones de Luis Verdesoto y Enrique Pita abrir un periodo de 30 días para realizar una ‘práctica de los elementos probatorios”, que Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo y Justicia Social presentaron para sustentar su defensa y evitar su desaparición.

Mientras tanto, se mantendrán suspendidas en sus actividades políticas, en medio de la etapa de democracia interna en la que deben escoger sus candidatos para las elecciones generales del 2021, que va del 9 al 23 de agosto.

Por pedido de FCS, la Contraloría deberá remitir al CNE, por ejemplo, la certificación en la que consten los reportes grafológicos de quienes verificaron sus firmas. Sus nombres, qué acciones se les asignó, los títulos profesionales de los grafólogos y los informes que emitieron con los que se les invalidó más de 16 000 rúbricas.

Libertad es Pueblo y Justicia Social también piden se incluya a su expediente de defensa los documentos para su inscripción, y las auditorías de la Contraloría, a la vez que Juntos Podemos denuncia que hay una “intencionalidad” del órgano de control de “causarles daño” y que hay errores en la auditoría.

En los militantes de FCS, tienda afín al expresidente Rafael Correa, hay preocupación. Virgilio Hernández, dirigente de FCS , en una entrevista en radio Majestad, adelantó ayer que si en estos días no tienen una respuesta, actuarán para la inscripción de sus candidatos, a través de la coalición Unidos por la Esperanza (UNES) que la encabeza Centro Democrático.

Ahí “ver como activamos que los candidatos que presente Centro Democrático pueda recoger a los de la Revolución Ciudadana”, expresó, aunque ello “sería admitir que vamos a participar en un proceso electoral que no ofrece garantías”.

No obstante, el panorama podría variar, dependiendo de la resolución que emita el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a una apelación que hizo el CNE al fallo del juez Fernando Muñoz, que dejó sin efecto la decisión de iniciar la revisión de inscripción de las agrupaciones resuelta el 19 de julio.

El vicepresidente, Enrique Pita, planteó a los consejeros que esperen el pronunciamiento del Tribunal, pero Atamaint aseguró que es «procedente abrir el periodo de prueba y procesar las pruebas» para contar con la información necesaria para decidir. Y como no hay efecto suspensivo de sus acciones, “debemos continuar”.

En otro plano, por unanimidad los consejeros aprobaron los reglamentos para la inscripción de candidaturas y de pronósticos electorales.

El primero abre la posibilidad de que debido a la pandemia del COVID-19 puedan inscribirse candidatos para las diferentes dignidades a través de medios virtuales que habilitará el CNE o lo hagan de forma presencial solicitando previa cita.

También acordaron realizar un tercer consejo consultivo con organizaciones políticas el próximo 17 de agosto. (I)

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Sector automotor de Ecuador hace pedidos a Gobierno para reactivación

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Con una previsión que sitúa la caída de ventas del 41 % para este 2020, el sector automotor presentó ayer lineamientos para su plan de reactivación, en el que se incluyen medidas que requerirán apoyo gubernamental.

Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), indicó que a más de resolver problemas coyunturales surgidos por el COVID-19, el sector requiere que desde el Estado se solucionen aspectos estructurales.

El dirigente señaló que se necesita que el usuario ecuatoriano pueda tener mejores condiciones para acceder a un vehículo. El dirigente dijo que los ecuatorianos están afrontando costos excesivos, producto de una carga tributaria alta.

Baldeón aseguró que hay el desafío de ir hacia una reforma sensata. “Estamos convencidos de que si hay una racionalización de los impuestos a los vehículos, todos vamos a ganar”, dijo.

La Aeade también puso sobre la mesa los problemas que están generando una serie de requisitos que se exigen para acceder al crédito automotor. “Hoy tenemos regulaciones que encarecen el acceso a ese financiamiento”, aseguró Baldeón.

En ese sentido, Baldeón pidió que se derogue una resolución que establece un patrimonio técnico y garantías que son “desproporcionadas” para obtener un préstamo.

Este gremio también cuestionó que se haya fijado una moratoria para la creación de nuevas empresas de transporte.

La Aeade estimó que debido al escenario generado por el COVID-19 se prevé comercializar 78 000 unidades este año.

El año pasado, la facturación del sector estuvo en $10 161 millones, el 10 % del producto interno bruto (PIB). Hasta julio de este 2020, la facturación bordea los $2624 millones.

Para tratar de empujar las ventas, la Aeade realizará por diez días una feria virtual. Esta arrancará el 13 de agosto a través del portal https://autosale.ec/.

Karla Reinoso, funcionaria de la Aeade, señaló que en la cita participarán 34 marcas de vehículos livianos, 12 de vehículos comerciales, 5 de motos, entre otras. Estará disponible del 13 al 23 de agosto.

China se convirtió este año en el proveedor número uno de los vehículos que se expenden en el mercado de Ecuador.

Según la Aeade, los vehículos provenientes de China pasaron de enero a julio a captar el 26 % de la participación.

La cuota de los vehículos ensamblados en Ecuador cedió terreno al ubicarse con el 15 %.

Esa nueva composición se da por el cierre de casi dos meses de las plantas en Ecuador debido a la pandemia del coronavirus.

Los carros que provienen de Colombia ocupan el 13 %; los de Corea del Sur, el 11 %; México, el 9 %; la UE, el 6 %, al igual que Japón.

China venía creciendo en participación en los últimos años en el mercado ecuatoriano por la banda de precios que manejaban y la variedad de modelos. De China no solo vienen carros a gasolina sino eléctricos. (I)

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