El exalcalde del cantón Celica, Oswaldo Román, analizó de manera crítica la propuesta de reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas impulsada por el Gobierno Nacional, actualmente aprobada por la comisión legislativa correspondiente.

Durante el diálogo, Román señaló que la iniciativa, lejos de fortalecer la gobernanza territorial, responde principalmente a un objetivo de reducción del gasto público, en un contexto fiscal extremadamente complejo. Explicó que la proforma presupuestaria del año 2026 ascendería a aproximadamente 30 mil millones de dólares, recursos que el Estado no dispone, a lo que se suma una necesidad adicional de 15 mil millones de dólares para equilibrar el presupuesto y otros 15 mil millones destinados al pago de la deuda pública.

Según el exalcalde, la situación económica del país es crítica, considerando que en el presente ejercicio fiscal se aprobó un presupuesto cercano a los 46 mil millones de dólares, pese a que aún no se han liquidado completamente las obligaciones del año 2025. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, indicó que las transferencias estatales continúan siendo irregulares, pues a los municipios apenas se les han acreditado dos meses —octubre y noviembre—, manteniéndose pendientes diciembre, enero y febrero.

Román enfatizó que los gobiernos locales han sostenido, en gran medida, la dinámica económica del país durante los últimos años, especialmente en provincias como Loja, donde la inversión pública del Gobierno Central ha sido prácticamente inexistente. Reconoció que existen casos de incremento irresponsable de la nómina municipal; sin embargo, subrayó que en amplias zonas de la Sierra los municipios constituyen la principal fuente de empleo formal, siendo la generación de trabajo la segunda necesidad más urgente del país después de la seguridad.

En su análisis, advirtió que la reforma podría afectar la autonomía constitucional de los gobiernos locales, limitar la ejecución de obra pública y centralizar la administración en procesos de contratación pública, ámbito que —según afirmó— históricamente ha concentrado riesgos de corrupción. Asimismo, cuestionó que se pretenda imponer un porcentaje rígido del presupuesto orientado a infraestructura sin considerar las realidades territoriales ni la capacidad operativa de cada municipio.

El exalcalde también se refirió al contexto internacional y migratorio, señalando que la reducción del flujo migratorio no responde a mejoras internas, sino a políticas externas más restrictivas, como las impulsadas por Donald Trump. En este escenario, sostuvo que recortar el gasto local agravaría la precariedad laboral y social.

Respecto a la deuda pública, Román cuestionó el modelo de financiamiento estatal basado en endeudamiento para pagar endeudamiento, señalando que, si bien el riesgo país puede disminuir al cumplir con los acreedores, esto no se traduce en desarrollo interno. En ese marco, mencionó los anuncios de nuevos créditos del Banco Mundial, de los cuales una parte significativa estaría destinada únicamente a equilibrar finanzas públicas mediante el pago de deuda, y no a inversión productiva o infraestructura.

Finalmente, alertó sobre posibles escenarios de reducción del número de municipios, tomando como referencia el caso de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, donde se disminuyó drásticamente el número de gobiernos locales como mecanismo para reducir el gasto estatal.

A su criterio, una medida de esta naturaleza en el Ecuador generaría un grave impacto en la cohesión territorial, la economía local y la prestación de servicios públicos.

Román concluyó que el debate sobre la reforma debe trascender el enfoque fiscal y considerar integralmente la realidad social, económica y territorial del país, priorizando la inversión, la generación de empleo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el respeto a la autonomía consagrada en la Constitución.

Alcalde del cantón Sozoranga y presidente de la Mancomunidad Bosque Seco, Orli Renán Flores, realizó un análisis crítico y fundamentado sobre la reciente visita del presidente de la República, Daniel Noboa, a la provincia de Loja, señalando la falta de espacios de diálogo directo con los alcaldes y la ausencia de respuestas concretas a las necesidades territoriales.

El burgomaestre destacó que, pese a haberse solicitado formalmente —con antelación— una audiencia para los alcaldes de la provincia, esta no fue concedida. La solicitud, dirigida por escrito a la Gobernación de Loja, buscaba aprovechar la visita presidencial para exponer de manera directa las problemáticas estructurales que enfrentan los cantones lojanos, especialmente los del suroccidente provincial.

Inconformidad de los alcaldes y pronunciamiento público
Ante la imposibilidad de mantener un encuentro con el Primer Mandatario, los dieciséis alcaldes de la provincia de Loja expresaron su inconformidad mediante una concentración pacífica en el parque central de la ciudad, frente a la Gobernación. En este espacio, se realizó una rueda de prensa improvisada en la que se dieron a conocer cuatro demandas prioritarias, consensuadas entre las autoridades municipales.

Cuatro ejes de demanda prioritaria
El alcalde Orli Flores explicó que los pedidos que iban a plantear al Ejecutivo se estructuraron en los siguientes ejes:
1. Transferencias presupuestarias atrasadas:
Se denunció la falta de cumplimiento en las asignaciones económicas a los municipios, con valores pendientes correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026. En el caso específico de Sozoranga, la deuda bordea el medio millón de dólares, afectando gravemente la ejecución de obras y servicios básicos.
2. Reapertura de pasos fronterizos:
Se solicita la reapertura de la frontera en los sectores de Macará y Zapotillo, así como en el paso de La Balsa, en el cantón Chinchipe, considerando que el cierre ha generado un impacto negativo en el comercio, el turismo y la economía de las poblaciones fronterizas, sin que ello haya reducido significativamente actividades ilícitas.

3. Atención urgente a la vialidad provincial:
La autoridad cantonal advirtió el deterioro generalizado de la red vial, señalando la ausencia sostenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya intervención se limitó únicamente a trabajos puntuales previos al paso del Presidente por la vía Catamayo–Loja.
4. Reformas al régimen municipal y autonomía local:
Flores expresó su preocupación por las reformas propuestas al marco legal que regula a los gobiernos autónomos descentralizados, las cuales —según indicó— podrían vulnerar la autonomía municipal y afectar especialmente a los cantones pequeños, que dependen mayoritariamente de las transferencias estatales. Asimismo, recalcó la necesidad de diferenciar entre gasto corriente e inversión social, considerando a sectores como salud, educación e inclusión social como inversión prioritaria.

Créditos productivos y sector agrícola
En relación con los anuncios gubernamentales sobre líneas de crédito productivo, el alcalde manifestó su escepticismo, señalando que históricamente estos ofrecimientos no se han concretado plenamente debido a requisitos excesivos. Puso como ejemplo el sector cafetalero de Sozoranga, donde los créditos actuales no se ajustan a los ciclos productivos reales del cultivo.

Minería y desarrollo local
Sobre la actividad minera, Flores diferenció entre minería ilegal y minería responsable, señalando que esta última, bajo normas ambientales y legales, puede constituirse en una fuente legítima de empleo y desarrollo. En ese sentido, abogó por la reapertura del catastro minero para favorecer la minería artesanal y de pequeña escala, garantizando beneficios directos para las comunidades y los gobiernos locales.

Llamado al diálogo y a la coordinación institucional
Finalmente, el alcalde de Sozoranga enfatizó que los gobiernos locales no pueden seguir siendo invisibilizados en la planificación nacional.

Reiteró que los alcaldes, como representantes legítimos del pueblo, continuarán exigiendo respeto, coordinación interinstitucional y participación efectiva en la toma de decisiones, siempre con prudencia y respeto, pero con firmeza.

“Los recursos que exigimos no son para los alcaldes ni para los municipios; son recursos que pertenecen a nuestros pueblos y que deben llegar de manera directa, oportuna y automática, tal como lo establece la Constitución”, concluyó.

“Porque al modernizar y tecnificar el agro, reducimos costos para el productor y, al mismo tiempo, aseguramos alimentos a buenos precios para todos los ecuatorianos”, dijo el presidente Daniel Noboa. Él se movilizó este martes, 10 de febrero de 2026, a Loja para la entrega de 11 tractores, 508 títulos de propiedad, asistencia técnica y otros beneficios para el agro.

La jornada estuvo dirigida a pequeños y medianos productores de las provincias de Loja, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe. En ese espacio, Noboa indicó que durante el trabajo con los productores se identificaron sus necesidades y se busca “solventarlas sin demoras”.

Además dijo que el objetivo es que “nuestros jóvenes vean en la agricultura un futuro digno y próspero, y que sepan que trabajar la tierra también es progreso y esperanza”.

Qué beneficios se entregaron

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca entregó 11 tractores o soluciones de mecanización agroproductiva: seis para Loja, tres para Azuay y dos para Cañar.

El objetivo es dotar de maquinaria a organizaciones que no cuentan con mecanización o que necesitan modernizarla. El Gobierno cubrirá el 100% del costo del tractor e implementos.

Además se otorgaron 508 títulos de propiedad: 343 en Loja, 100 en Azuay, 50 en Cañar y 15 en Zamora Chinchipe. El propósito es regularizar de forma ordenada los predios rurales para que los pequeños y medianos productores tengan seguridad jurídica.

“Una persona que tiene un título de propiedad puede usarlo también como herramienta hipotecaria y con eso adquirir un préstamo, invertir en algún negocio o en su tierra. Con eso pueden trabajar y darle mejor vida a su familia”, señaló el Primer Mandatario.

También se oficializaron 103 graduaciones de productores de Agencias de Extensión Rural (AER) de los cantones de Loja, Paltas, Espíndola, Pindal y Macará. Estas agencias se establecen basándose en un diagnóstico rural participativo. Y se otorgaron cuatro sellos de Agricultura Familiar Campesina en Loja.