Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), señaló que “el sector productivo exige poner fin a la violencia”.
Añadió que “es inaceptable que las demandas violentas de un grupo minoritario de ciudadanos, por legítimas que sean, vulneren nuestros derechos humanos y provoquen destrucción, heridos y sobre todo muertos”, dijo.
Indicó que, Ecuador es un país de paz, democrático y de leyes; «exhortamos al gobierno que haga prevalecer la ley por sobre los intereses particulares y los cálculos políticos».
José María Ponce, de la Cámara de Industrias y Producción, enfatizó que “es importante que la dirigencia indígena abandone esas posiciones de violencia”. Apuntó que las negociaciones deben darse en un marco de mesas técnicas de diálogo, a las que ellos podrían sumarse de ser necesario. Sobre el tema de la campaña sobre la canasta popular, dijo que la idea es conseguir productos a precios preferenciales.
Gabriela Borja, de la Cámara De La Pequeña Y Mediana Empresa De Pichincha, expuso que el 97,4% de comercios de su sector registran pérdidas que ascienden a USD 60 000 diarios.
Alejandro Martínez, de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores, señaló que están llegando a una pérdida de empleos similar al inicio de la pandemia, con cerca de 11 000 personas afectadas. (I)
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