José Luis, exgerente de la Cooperativa de Transportes Unión Yantzaza y asesor del transporte a nivel nacional, analizó en la entrevista la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de aprobar un incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto. Durante su intervención explicó las razones técnicas que, según el sector transportista, motivaron la actualización tarifaria, así como las implicaciones económicas para los usuarios y las operadoras de transporte.

José Luis señaló que desde el año 2021 las tarifas del transporte no habían sido modificadas, pese al incremento sostenido en los costos operativos, especialmente por el aumento del precio de los combustibles y de la canasta de repuestos. Afirmó que esta situación provocó que numerosas operadoras trabajaran con márgenes económicos reducidos e incluso registraran pérdidas, comprometiendo la sostenibilidad del servicio de transporte terrestre en el país.

El exdirigente explicó que la ANT realizó un análisis técnico utilizando las metodologías establecidas para la revisión tarifaria, concluyendo que el incremento del 25 % representa un alivio para el sector, aunque reconoció que no compensa totalmente el impacto generado por el incremento de los costos de operación.

En cuanto a las nuevas tarifas, indicó que algunos valores referenciales quedarían de la siguiente manera: el pasaje Zamora–Loja pasará de 3,50 dólares a 4,31 dólares; el recorrido hacia Guayaquil tendrá un costo aproximado de 12,94 dólares; mientras que desde Yantzaza hasta Quito la tarifa será de 35,33 dólares. Asimismo, mencionó que la ANT difundió una tabla con las nuevas tarifas para diferentes destinos provinciales y nacionales; sin embargo, advirtió que existen inconsistencias en algunos recorridos de Zamora Chinchipe, especialmente en rutas como Sabanilla, por lo que solicitó que dichas observaciones sean revisadas y corregidas por las autoridades competentes.

José Luis también aclaró que el incremento tarifario no aplica al transporte urbano, debido a que la fijación de esas tarifas corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados o a las mancomunidades que ejercen dicha competencia, las cuales deberán realizar sus propios estudios técnicos antes de establecer cualquier modificación.

Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la implementación de nuevas obligaciones para las operadoras de transporte. Explicó que, junto con la actualización de tarifas, las unidades deberán incorporar botones de pánico y sistemas de conteo electrónico de pasajeros, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio de transporte público a nivel nacional.

Respecto a las tarifas preferenciales, recordó que se mantienen vigentes los beneficios establecidos en la ley, por lo que los adultos mayores, estudiantes, niños y personas con discapacidad continuarán accediendo al 50 % de descuento sobre el valor del pasaje, sin que esta normativa haya sufrido modificaciones con la nueva resolución tarifaria.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que ejecuten controles permanentes en las terminales terrestres, evitando que las operadoras cobren valores superiores al incremento autorizado por la ANT. Asimismo, consideró indispensable que también exista vigilancia en los mercados para impedir un incremento injustificado en los precios de los productos de primera necesidad como consecuencia del ajuste en las tarifas del transporte. Añadió que la ciudadanía debe mantenerse informada sobre la aplicación de estas nuevas disposiciones, que empezarán a regir desde el 1 de agosto.

Durante una entrevista concedida al espacio informativo de Diario El Amazónico, Doris Gonzaga, exdirigente del barrio Geranios del cantón Nangaritza, denunció una presunta venta irregular de un terreno que, según afirmó, fue adquirido por el Municipio de Nangaritza con fines de conservación ambiental y protección de la flora y fauna del sector.

De acuerdo con Gonzaga, el predio fue adquirido durante la administración del exalcalde Modesto Vega, con el objetivo de preservar un área ecológica, especialmente para la protección de la planta conocida como lacho, constituyéndose en un espacio destinado a la conservación del patrimonio natural del cantón.

La exdirigente sostuvo que el terreno habría sido vendido por la actual administración municipal y cuestionó la legalidad y transparencia del procedimiento. Según su versión, el proceso de publicación para el remate no habría cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente, argumentando que el aviso fue remitido a un medio de comunicación de la ciudad de Loja luego de que, presuntamente, no fuera aceptado en medios locales por carecer de fecha y hora. Asimismo, aseguró que la convocatoria se realizó sin la debida socialización con los habitantes del barrio Geranios y otros sectores del cantón.

Durante la entrevista, Gonzaga manifestó que solicitó el expediente administrativo relacionado con la venta y afirmó contar con documentación que, a su criterio, respaldaría sus observaciones. Además, indicó que el bien no pertenece a una administración específica, sino al patrimonio del cantón Nangaritza, por lo que considera que cualquier decisión sobre su destino debía ser informada y socializada con la ciudadanía.

La exdirigente también expresó su preocupación por el posible desarrollo de actividades mineras en el área. Señaló que, según documentación e informes técnicos a los que hizo referencia durante la entrevista, anteriormente se habrían advertido riesgos relacionados con la explotación minera en esos terrenos, situación que, en su criterio, contradice el propósito con el cual fueron adquiridos originalmente.

Consultada sobre los elementos que sustentan sus declaraciones, Gonzaga aseguró que posee documentación relacionada con el proceso y afirmó haber hecho pública la denuncia a través de redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, indicó que, tras realizar sus cuestionamientos, recibió una advertencia de una posible denuncia en su contra, la cual, según dijo, no se concretó.

En la entrevista también cuestionó la actuación de las autoridades municipales y de los concejales, a quienes pidió ejercer con mayor rigor sus funciones de fiscalización y rendición de cuentas. Además, solicitó que se informe públicamente a la ciudadanía sobre las razones de la venta, el procedimiento aplicado, el valor de la transacción y el destino del predio.

Respecto al futuro del terreno, Doris Gonzaga sostuvo que continuará impulsando acciones para que el bien vuelva a formar parte del patrimonio municipal y reiteró que, según su criterio, debe mantenerse el objetivo de conservación ambiental para el cual fue adquirido.

Añadió que cuenta con el respaldo de ciudadanos del cantón que comparten su preocupación y que continuarán promoviendo acciones para solicitar la revisión del proceso y la intervención de las autoridades competentes.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales, actores políticos y ciudadanía a priorizar los intereses del cantón Nangaritza, fortalecer la transparencia en la administración de los bienes públicos y garantizar la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones.

Hasta el cierre de esta edición, no consta una versión oficial de las autoridades municipales respecto a los señalamientos expuestos durante la entrevista.

El director provincial electoral de Zamora Chinchipe, Leonardo Maza, informó que el calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, previstas para el 29 de noviembre de 2027, continúa desarrollándose conforme a la planificación establecida, sin contratiempos y con el cumplimiento de los hitos previstos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una rueda de prensa, Maza destacó que el proceso ha avanzado con normalidad, luego de la ejecución de actividades como el cambio de domicilio electoral, las elecciones primarias de las organizaciones políticas y el cierre del período para la inscripción de alianzas electorales. Indicó que el organismo brindó asistencia técnica y veeduría a 13 procesos de democracia interna desarrollados por organizaciones políticas de la provincia.

En cuanto a las alianzas, precisó que se registraron 25 solicitudes, de las cuales 23 quedaron oficialmente en firme. De estas, tres son de carácter provincial, 16 cantonales y cuatro parroquiales.

Las tres alianzas provinciales registradas son:
• Alianza Provincial Fuerza, integrada por Unidad Popular, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) e Izquierda Democrática, que participará en las dignidades de prefectura, viceprefectura y concejalías rurales del cantón Palanda.

• Alianza Junto Podemos, conformada por Avanza (lista 8), Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (lista 18) y Movimiento Futuro (lista 20), para las candidaturas de prefectura y viceprefectura.
• Alianza Impulso y Progreso, integrada por el Partido Social Cristiano (lista 6) y el Movimiento Acción y Servicio MÁS (lista 63), que presentará candidaturas para prefectura, Alcaldía de Yantzaza, concejalías rurales y vocalías de juntas parroquiales en Chicaña, Tundayme, El Pangui y Tutupali, entre otras dignidades.

El director anunció que el período oficial de inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto, una vez que quedó conformada en su totalidad la Junta Provincial Electoral. Asimismo, aclaró que, hasta el momento, no existe una alianza provincial registrada por el movimiento ADN, aunque sí participa como organización política individual.

Respecto al control electoral, Maza informó que desde el 1 de agosto, fecha en que el CNE realizará la convocatoria oficial a elecciones mediante cadena nacional, se activarán los equipos de monitoreo y fiscalización para verificar posibles infracciones relacionadas con propaganda anticipada. No obstante, reconoció que actualmente existen limitaciones normativas para ejercer un control exhaustivo sobre la campaña en redes sociales, salvo en los casos relacionados con candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Sobre la situación jurídica del movimiento Pachakutik, explicó que el organismo electoral provincial está sujeto a las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se tramita una causa relacionada con el presunto incumplimiento de cuentas de campaña correspondientes al proceso electoral de 2024. Señaló que el CNE acatará la resolución que emita el organismo jurisdiccional y recordó que la legislación permite que un candidato que renuncie a una organización política pueda ser acogido por otra, siempre que se cumplan los procedimientos legales establecidos.

En relación con la organización del proceso electoral, informó que el 2 de septiembre se efectuará la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Para estas elecciones, Zamora Chinchipe contará con 389 juntas receptoras del voto, de las cuales 386 serán fijas y tres móviles destinadas al programa de voto en casa. Para conformarlas será necesaria la designación de 2.702 ciudadanos entre miembros principales, suplentes y secretarios. Además, la provincia mantendrá 112 recintos electorales, aunque el número de juntas aumentó en cuatro respecto al proceso anterior.

Maza también aseguró que el proceso electoral dispone del financiamiento necesario. Indicó que, a nivel nacional, el presupuesto aprobado asciende a aproximadamente 103 millones, recursos destinados a la organización de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Añadió que en los próximos meses se incorporará personal operativo para fortalecer la logística electoral en la provincia.

Finalmente, informó que el CNE ha elaborado un plan de contingencia frente a posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño.

Aunque Zamora Chinchipe no forma parte de las provincias con mayor nivel de riesgo, explicó que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos autónomos descentralizados para garantizar la transitabilidad hacia los recintos electorales y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática prevista para el 29 de noviembre de 2027.