Por Silvia Buendía
Escribo estas líneas con el desaliento anticipado de saber que, si no hacemos bulla, en este país, invivible a tantos niveles, se puede cometer el absurdo de condenar a prisión a la profesional que dio la alarma sobre el abuso sexual de una niña.
La historia es la siguiente, en el año 2019 se le encargó a Betty Soria, psicóloga del área de salud mental del Hospital Monte Sinaí, evaluar a una niña de 9 años dentro de un proceso judicial de visitas que inició un padre para ver a su hija. En las primeras sesiones la niña no mencionó ningún tipo de abuso. Y esto tiene una razón. Niños y niñas que sufren violencia sexual no siempre logran entender lo que les está pasando. No lo dimensionan. Especialmente cuando su agresor sexual es alguien cercano, alguien de su familia. Betty Soria emitió un primer informe que el padre de la niña usó a su favor en ese juicio.
En agosto del 2020 la niña, que seguía siendo atendida por Betty Soria, le contó por primera vez sobre el abuso sexual del que era víctima por parte de su padre. En ese instante Betty alertó al departamento jurídico del hospital.
Avisar sobre un posible caso de abuso sexual era el deber de Betty, no solo porque era la psicóloga de la víctima y estaba en la primera línea de defensa; sino porque, además, ella como funcionaria pública estaba obligada a denunciar la noticia de un delito. Para que se investigue.
Desde ese momento Betty Soria empezó a vivir una pesadilla. El departamento jurídico del hospital no puso la denuncia dentro de las primeras 24 horas como dice la normativa porque no tenían abogados. Los habían despedido en la pandemia. Cuatro días después de haber comunicado sobre la detección del abuso sexual nadie en el hospital movía un dedo para denunciar este hecho. Por eso, totalmente desesperada, Betty Soria hizo un alcance de su primer informe y se lo entregó a la mamá de la niña para que ella misma denuncié que se investigue este crimen.
El padre de la niña acusó a Betty de haber falsificado el informe de agosto de 2022. A través de su procurador judicial, ya que él está en Alemania, inició contra ella una persecución legal sin importarle que Betty en ese momento estaba transitando un embarazo de alto riesgo. Las investigaciones violentaron el estado de gravidez de Betty y su posibilidad de lactancia, también su derecho a la defensa. Ni el hospital en que trabaja, ni el Ministerio de Salud Pública han ayudado a Betty, tampoco la han apoyado en su defensa técnica, a pesar de que ella alertó sobre este caso en el estricto cumplimiento de su deber profesional.
Hoy Betty Soria y la madre de la niña tienen medidas de prohibición de salida del país, enfrentan un juicio que corre a toda velocidad y por el que pueden ir presas siete años. La niña víctima no cuenta con protección y su padre insiste en querer llevársela.
Por otra parte, la denuncia de abuso sexual contra el padre de la niña está dormida, no avanza, pronto será archivada y con esto se cerrará el caso. Fuente: El Telégrafo
