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José Serrano señala a exministra María Paula Romo como responsable en renegociación de bonos con recursos del Isspol

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La exministra de Gobierno María Paula Romo tendría responsabilidad directa en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), porque en julio 2020 autorizó la renegociación de bonos cuando el Ecuador cayó en default (suspensión de pagos de deuda externa) y había necesidad de recursos, lo cual generó un perjuicio grave a los fondos de la entidad y podría configurarse un peculado.

Lo afirmó el exministro de Gobierno y exlegislador José Serrano, quien pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por incumplimiento de funciones en el control de las operaciones de inversión de los recursos del Isspol, provocando una afectación que superaría los $ 900 millones.

Serrano dijo que fueron “medias verdades” las señaladas por la exministra Romo, cuando compareció la semana pasada a la mesa de Fiscalización. Según él, a más de ese desfalco que está siendo investigado no solo en el Ecuador, sino también en Estados Unidos, se ha cometido un segundo delito que se ha pretendido ocultar, y es el peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó con los 2024, 2026, 2028 y 2029, dijo.

Aclaró que no es verdad lo que señaló Romo respecto a que el Isspol es solamente administrado por policías y que su directorio exclusivamente representa al servicio pasivo y servicio activo de los policías; la verdad es que el Consejo Directivo del Isspol, desde el 21 de octubre de 2016, lo preside el o la ministra de Gobierno.

Serrano entregó a la mesa de fiscalización un documento que tiene fecha 14 de agosto de 2020, que según el exfuncionario fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las operaciones de inversión desde el año 2014, siendo las de mayor cuantía las inversiones que se efectuaron entre septiembre de 2018 y enero 2020, por cerca de $ 155 millones. Que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”, afirmó.

Manifestó que en ese documento se incluyen además las operaciones, los montos de inversión y los nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de $ 83 millones, sin contratos.

El exministro Serrano también entregó a la mesa el acta de la sesión del Consejo Directivo del Isspol del 27 de julio de 2020. Esta es la prueba fundamental para determinar el delito oculto, pues aquí se pretende que únicamente se investigue el delito contra Decevale y Jorge Chérrez, y otras personas, para que con ese desfalco al Isspol se oculte el otro perjuicio.

El documento está suscrito por la exministra Romo en calidad de presidenta del Consejo Directivo del Isspol, el comandante general de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías, y el secretario del Consejo Directivo.

Afirmó que en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, que en ese entonces ocupaba Romo, se aprobó la renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y se los canjeó con los bonos 2030, 2035 y 2040, ocasionando cuatro perjuicios graves adicionales a la Policía Nacional. Primero, una disminución aproximada del 48 % del valor nominal de los papeles que tenían los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029.

Luego, una disminución de la tasa del cupón del 9 % al 5 %; además, se autorizaron dos años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses, donde se determina que el capital solo puede ser amortizado a partir del año 2034.

Dijo que la responsabilidad sobre la renegociación de los bonos recae en la exministra Romo, porque justamente a partir de un requerimiento del Estado pues Ecuador cayó en default (suspensión de pagos), de deuda externa, había una necesidad de recursos y “esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.

Pidió que se investiguen los 25 días que él permaneció al frente del Consejo Directivo del Isspol, pero que también se investigue la responsabilidad de los directores que no han hecho absolutamente nada con el canje de bonos fraudulento que lleva a un peculado y que ocasiona doble perjuicio a la Policía Nacional.

Sin embargo, las negociaciones con Jorge Cherrez y la Isspol comenzaron en el 2014, y desde entonces esa institución de seguridad social le entregó $600 millones.

Ante la comisión dijo que actualmente vive en Estados Unidos y realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica, pero aclaró que no tiene ningún convenio de colaboración eficaz con los Estados Unidos sobre el caso Isspol.

Fernando Villavicencio (Concertación), presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la información entregada por Serrano hasta ahora no se conocía así como el acta del Isspol, documentos ocultos, donde se determinan las inversiones realizadas con los recursos del seguro social de la Policía.

Cheque

Durante la comparecencia del exministro Serrano, el legislador Fernando Villavicencio le preguntó cuál es su relación con Jorge Chérrez, exgerente de operaciones de Decevale, y también le mostró un cheque emitido por Chérrez, por $ 230.000, a María Paula Christiansen, en enero de 2018.

El exlegislador dijo que su relación con Chérrez fue casual a propósito del terremoto de Pedernales en Manabí en el año 2016, nunca antes había escuchado de él. Que Chérrez entregó vituallas y alimentos a los damnificados.

Que jamás habló sobre operaciones que realizaba Chérrez con los recursos del Isspol, que recién se enteró de que tenía una relación como intermediario financiero e inversionista del pauña, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Respecto al cheque dijo que conocía de su existencia, pero no profundizó en más información.

Manifestó que cuando lo necesiten regresará al país, pues al momento vive en Estados Unidos y trabaja en consultorías en Centroamérica, sobre seguridad ciudadana.

Dijo que trata de recuperar la tranquilidad para su familia después de estar permanentemente amenazado por policías corruptos y bandas criminales que pretendieron destruir al país y que en este momento están mandando desde las cárceles por falta de control a esos delincuentes.

Fernando Villavicencio al término de la comparecencia manifestó que María Cristiansen fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano y aseguró que hay una relación mucho más profunda, pues ambos viven en Estados Unidos, donde también permanece Chérrez. (I) Fuente: El Universo

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Unes y Pachakutik salvaron a Eckenner Recalde

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Los correistas fueron acusados de salvar al legislador para contar con su voto en el pleno

Las bancadas de Pachakutik y de UNES no apoyaron el pedido de destitución que hiciera el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en contra de Eckenner Recalde, a través de su informe que fue presentado al pleno del Legislativo.

La legisladora Johanna Moreira presentó la moción por considerar que Recalde hizo cobros indebidos a sus exasesores.

La iniciativa logró apenas  72 de los 92 votos necesarios para que el Asambleísta fuera removido de su cargo.

Previo a la resolución, la Presidente de la Asamblea abrió el debate en donde las bancadas mostraron sus intenciones para el momento de votar.

Varios legisladores fueron críticos  con el  correísmo por su intención de salvar a Recalde,  para hacerse de un voto más en la Asamblea. (I) Fuente: El Telégrafo

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Ministra de Educación aclaró que el 7 de febrero se retomarán las clases 100 % presenciales en la Sierra y Amazonía; en la Costa será el 3 de mayo

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El retorno a clases presenciales con el 100 % del aforo no se suspende, pero sí se reprogramaron las fechas, como medida de prevención ante la variante ómicron del coronavirus. El tema fue aclarado por la ministra de Educación, María Brown, la tarde del 30 de noviembre en rueda prensa.

Inicialmente, estaba previsto que la presencialidad total sea en diciembre y enero. La ministra expuso el nuevo cronograma aprobado.

Para el régimen Sierra y Amazonía, en las instituciones con permiso de funcionamiento en modalidad presencial el retorno con el 100 % de aforo será el 7 de febrero de 2022. Es decir que los estudiantes, en su totalidad, volverán a las aulas para el inicio del segundo quimestre del ciclo 2021-2022.

En el caso del régimen Costa, las clases presenciales se reactivarán por completo el 3 de mayo, después de las vacaciones de verano, con el inicio del año lectivo 2022-2023.

Mientras se llega a esas fechas, explicó Brown, el Ministerio de Educación continuará recibiendo y aprobando los Planes Institucionales de Continuidad Educativa (PICE) en los establecimientos que cumplan con las medidas de bioseguridad y los aforos de 2,25 metros cuadrados por persona.

La funcionaria detalló la evolución que ha tenido el programa de asistencia presencial, el cual se inició el 7 de junio de 2021 con 940 instituciones educativas y un millón de estudiantes. Hasta el 26 de noviembre se registraron 10.053 establecimientos. Para cuando se reanude la presencialidad total, en febrero y mayo del próximo año, se prevé que 4′314.777 estudiantes asistan a clases en los cantones que hayan superado el 85 % de vacunación completa en la población de entre 5 y 17 años.

En cuanto al plan de contingencia en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, este empezará una vez que se retome la presencialidad en el régimen Costa. Mientras tanto, se trabajará en la intervención de la infraestructura educativa.

La secretaria de Estado precisó que las instituciones que tenían el PICE aprobado, y cuyos estudiantes ya acuden físicamente, podrán continuar con normalidad, respetando el aforo y las medidas de bioseguridad.

Oferta de educación a distancia

Durante la rueda de prensa, Brown señaló que actualmente se realiza una encuesta para medir el interés de la población sobre los establecimientos que ofrecerán educación a distancia.

Según la programación, entre el 24 de enero y el 4 de febrero de 2022 se recibirán las solicitudes de matrículas y traslados, para el segundo quimestre del régimen Sierra y Amazonía, en la institución educativa Arupos. Ellos empezarían clases a distancia el 7 de febrero, el mismo día que regresa la presencialidad en otros centros.

En cambio, en el régimen Costa, las solicitudes de matrículas se recogerán entre el 11 y el 24 de abril; mientras que para los traslados será en dos momentos: del 28 de marzo al 9 de abril, y del 27 de abril al 1 de mayo. Las clases se iniciarán el 3 de mayo en el establecimiento Guayacanes.

Bachilleratos técnicos y rurales

Estos niveles de educación retomaron la presencialidad el pasado 22 de noviembre; sin embargo, la medida ha sido revisada, dijo Brown, y puntualizó que hay figuras profesionales que se mantendrán en esta modalidad.

En ese grupo se encuentran estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato que siguen las áreas técnicas: agropecuaria, industrial, artística y deportiva.

Por otro lado, los alumnos de las áreas técnicas de servicios y de tecnologías de la información y comunicación (TIC) asistirán de manera semipresencial con horarios flexibles y aforo máximo de 2,25 metros cuadrados por persona, completando el proceso con trabajo autónomo (con educación a distancia).

En los bachilleratos rurales se continuará con la implementación del retorno al 100 % del aforo, excepto en aquellos establecimientos que no tienen las condiciones de infraestructura necesaria. Los bachilleratos técnicos productivos asistirán a las aulas de manera presencial, en su totalidad. (I) Fuente: El Universo

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Desde el 2 de diciembre los funcionarios públicos deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el COVID-19

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A partir del 2 de diciembre, todos los funcionarios público que trabajan de manera presencial deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el coronavirus, con el esquema completo. Esta es una de las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el 30 de noviembre, para mitigar los riesgos de contagio de la nueva variante ómicron del COVID-19.

Para el efecto, el COE dispuso al Ministerio de Trabajo que emita la normativa correspondiente para que todas las instituciones públicas del Ejecutivo soliciten el documento a los empleados.

Los funcionarios que no estén vacunados con las dosis completas pasarán al teletrabajo. La resolución permite que la máxima autoridad de cada institución pueda establecer excepciones, en función de garantizar la prestación de los servicios públicos.

Además, el COE exhortó a que todas las dependencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entidades autónomas y demás instituciones del sector público y privado, a fomentar la seguridad de su personal respecto a los planes de vacunación.

El 29 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció ocho medidas frente a la variante ómicron del COVID-19, entre las cuales está que para todo edificio del sector público será obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos. Lasso exhortó a que lo mismo se replique en cines, teatros, bares, discotecas, estadios, centros comerciales o afines. (I) Fuente: El Universo

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