El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.

En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.

En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.

Sobre posible alza de pasajes

“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.

Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.

Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.

El Gobierno ecuatoriano oficializó la aplicación de un nuevo toque de queda mediante el Decreto Ejecutivo 370, que restringe la circulación nocturna en varias zonas del país. La medida estará vigente entre el 3 y el 18 de mayo, en el horario de 23:00 a 05:00, y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

La disposición suspende la libertad de tránsito durante la franja nocturna y también contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, como parte de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo.

De acuerdo con el decreto, únicamente dos segmentos estarán autorizados a circular: los servicios de salud —tanto de la red pública como privada— y la fuerza pública, junto con entidades vinculadas a seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias.

El documento establece que los controles serán ejecutados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de tránsito, bajo criterios de proporcionalidad, considerando casos excepcionales en los que se justifique la movilización por razones de necesidad o emergencia.

La decisión se sustenta en el comportamiento de la violencia en el país. Según cifras oficiales, entre el 1 y el 20 de abril de 2026 se registraron 76 homicidios intencionales en las provincias incluidas en la medida. Guayas concentró la mayor cantidad de casos, seguido de Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

El decreto también señala que estas nueve provincias concentran el 90 % de la violencia a nivel nacional y cerca del 86,7 % de la actividad delictiva. En ese contexto, la región Costa agrupa la mayoría de los hechos violentos, con una alta incidencia en territorios asociados a economías ilícitas.

Según el Ejecutivo, la franja horaria nocturna presenta condiciones que facilitan la acción de estructuras criminales, debido a la menor presencia institucional y la reducción del control social. En ese periodo, se registran con mayor frecuencia delitos como sicariatos, atentados y movilización de armamento.

El Gobierno sostiene que la restricción de movilidad busca reducir riesgos para la población civil, limitar la capacidad operativa de grupos delictivos y fortalecer las acciones de control por parte de las autoridades.

Durante la vigencia del toque de queda, las instituciones deberán coordinar para garantizar la continuidad de servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de sectores estratégicos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 372 la ratificación de funciones de la vicepresidenta María José Pinto, quien había asumido de manera temporal el Ministerio de Salud Pública.

El documento, emitido el 28 de abril de 2026, reafirma las responsabilidades previamente asignadas a Pinto como delegada del Ejecutivo ante el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, en línea con lo establecido en los decretos No. 3 de mayo de 2025 y No. 237 de diciembre del mismo año.

En el texto, el Ejecutivo resalta su participación en la implementación de políticas públicas enfocadas en la reducción de la desnutrición crónica infantil, una de las prioridades del Gobierno.

La vicepresidenta estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública durante cerca de cinco meses, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 27 de abril de 2026, en calidad de encargada.

Tras su salida de la cartera, el mandatario designó a Jaime Otton Bernabé Erazo como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública. Con este nombramiento, Bernabé se convierte en el séptimo funcionario —entre ministros titulares y encargados— en ocupar esa función durante los 18 meses de gestión del actual Gobierno.