14 extrabajadores del municipio y que fueron parte de la Empresa Pública Municipal de Servicios Turísticos del cantón Zamora (EMSETUR) E.P., reclaman al cabildo de Zamora su reintegración laboral, que además fue una sentencia dispuesta por un juzgado del cantón. La empresa ya entró a etapa de liquidación, pero los exempleados exigen que se los reubique en sus puestos de trabajo. En defensa del proceso se encuentra Eduardo Ochoa, abogado que brinda sus servicios a los afectados.
Los trabajadores interpusieron una acción de protección que inicialmente fue negada por la Unidad Penal de Zamora y posteriormente con dos votos de tres, fue revocada. Esta decisión benefició a cuatro extrabajadores. En esta sentencia la sala provincial dispuso y ordeno que cuatro de estas personas, mantienen situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que deben ser reintegradas al municipio y si no se da la posibilidad, debe ser justificada a través de un informe el motivo de dicho impedimento y sea indemnizada conforme a la ley de discapacidades.
El municipio de Zamora a través del alcalde desatendió esta orden judicial al no reintegrar a los extrabajadores, pero si se ha procedido a contratar nuevo personal dentro de la misma jefatura de turismo que se creó en vez de la empresa pública de turismo, ya extinta.
Aproximadamente son 11 trabajadores solo en el terminal terrestre y 3 servidoras públicas para la jefatura de turismo. Es decir que, para suplir esas vacantes ha contratado a nuevo personal para que cubra ese espacio. Por su parte, la defensa ha hecho conocer esta situación al Juez de ejecución y él emitió un pronunciamiento de que se las debe reintegrar por no tener una justificación debida para no cumplir con esta disposición. En base a ello, se ven en la necesidad de interponer una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional.
Los nuevos trabajadores fueron contratados a inicios del año 2022; siendo beneficiados con un contrato indefinido, precisamente dentro de las partidas que utilizaban los extrabajadores. Lo que están dando a entender es el incumplimiento injustificado de una sentencia, para que consecuentemente este órgano de control tome las medidas necesarias en contra del municipio por no acatar disposiciones y reintegrar a estas personas.
A pesar de que sea cual sea la disposición de juez, los trabajadores, sean los nuevos o antiguos serán los perjudicados por los errores cometidos por la administración. Por ello, según el abogado defensor las consecuencias directamente las debe afrontar el alcalde por haber desacatado una sentencia.
Aparte de no haber sido reintegradas a sus labores diarias, no se les ha cancelado sus haberes pendientes. Por esta razón, Ochoa considera como un trato inhumano por parte del personero municipal hacia los extrabajadores de esta institución, que por varios años la han servido.
