Andrés García y Jorge González (I)
La posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una consulta popular vuelve a presentarse. La aplicación de esta herramienta constitucional se discutió desde la campaña electoral. También se mencionó en los primeros meses de gestión del Ejecutivo y ahora se retoma con una fecha tentativa de ejecución: en las elecciones seccionales de 2023.
Uno de los temas que se evalúa tiene que ver con la arquitectura institucional de la Función Judicial. La opción que se analiza es la de eliminar el Consejo de la Judicatura (CJ) “para evitar conflictos con la Corte Nacional de Justicia”.
El anunció abrió discusiones en el ámbito jurídico y político, pues las consultas populares de alcance nacional se aplicaron en seis ocasiones en los últimos 15 años.
En términos legales, si el plan de Lasso se concreta, la Corte Constitucional (CC) debe emitir un dictamen previo y definir la vía para dar paso a la eliminación del Consejo de la Judicatura.
El analista Mauro Andino y la politóloga Arianna Tanca coinciden en que el camino, según la intención preliminar que ha expresado Lasso, sería una reforma parcial a la Ley Suprema. Es decir, primero se tramitaría en la Asamblea Nacional en dos debates, con 90 días de diferencia. Después se aprobaría y luego se llamaría a referendo en las urnas.
Pero si lo que se busca son cambios en términos de la composición del Consejo de la Judicatura, quizás ahí la vía sí pueda ser una enmienda constitucional, a través del referendo convocado por el Ejecutivo.
Andino cree que detrás de este anuncio hay una “cortina de humo” y que el Ejecutivo apelaría a esta opción, por la poca capacidad de maniobra que tiene en la Asamblea Nacional. “El Consejo de la Judicatura, con matices y ciertas diferencias, ya existía desde los noventa. No es ninguna novelería”.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, señaló el miércoles que esa institución se encarga de la selección y evaluación de jueces. Cree que sería un “error metodológico” su eliminación.
El antecedente más cercano sobre la ruta para eliminar una institución es el caso del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La Corte Constitucional señaló que el camino sería con una reforma parcial a la Norma Superior.
Lasso mencionó que en la consulta se consideraría reformar las atribuciones del Cpccs e incluir aspectos en materia laboral. Además, se mostró abierto a sumar temas del PSC, Unes, Pachakutik e Izquierda Democrática.
Arianna Tanca advierte que las consultas populares han tenido una relación directa con la aceptación que gozan los gobernantes y han servido para capitalizar apoyo. “La mayoría de los presidentes llamó a consultas en los primeros años de Gobierno y con una aceptación superior al 50%”. Apunta que estos procesos deben ser estratégicos, tanto en la temporalidad como en las preguntas.
Según el último reporte de Click, Lasso tiene una calificación buena de su gestión, con el 51,81%. Perfiles de Opinión, en cambio, dice que su calificación es mala, con el 45,78%. Mientras que Cedatos lo colocó como el personaje del año 2021, con el 21,8%.
Para que este plan coincida con las seccionales, la consulta debería estar definida hasta cerrar 2022, ya que los comicios se calculan para febrero del próximo año. Los mecanismos de democracia directa también se impulsan desde la ciudadanía. La CC ha conocido 27 iniciativas de consulta popular y 15 de referendo, entre mayo de 2019 y octubre de 2021. De ellas, solo una fue aprobada.
Así, el 7 de febrero de 2021 se celebró en Cuenca una consulta que aprobó en las urnas (con más del 80% de los votos) la prohibición de explotación minera en las zonas de recarga hídrica de cuatro ríos. De las 27 propuestas de consultas, 18 fueron nacionales y 9 seccionales. Se pidieron dictámenes para instalar asambleas constituyentes, eliminar pensiones para exmandatarios, reapertura de casinos o reducción de asambleístas. (I) Fuente: El Comercio
