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ECSA apoya en el mejoramiento del sistema de agua en la comunidad Numpaim

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EcuaCorriente S.A. (ECSA), en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tundayme, con el objetivo de fortalecer la política pública y  potenciar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Numpaim San Carlos, apoyará con el mejoramiento del sistema de agua.

ECSA, aportará con una inversión de  40 mil dólares para la realización de estudios y la ejecución del proyecto, que permite acercar el servicio de agua hasta los domicilios de la población, beneficiando a 22 familias que habitan en esta comunidad.

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la producción local a través de la implementación de un sistema mejorado de agua, el mismo que ha sido socializado con los miembros de la comunidad y ha sido acogido con entusiasmo, representando un paso significativo hacia la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

La señora María Ankuash, en calidad de Síndica de la Comunidad Numpaim  San Carlos, expresó su satisfacción con esta iniciativa que promete mejorar significativamente las condiciones de vida de los miembros de la comunidad.

«Estamos contentos de colaborar con el Gobierno Parroquial de Tundayme en este proyecto tan importante», afirmó Ximena Correa, Coordinadora de Relaciones Comunitarias de ECSA. «Creemos firmemente en la importancia de brindar estos servicios a la población y estamos comprometidos a contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades».

Por su parte, Edison Merchán Aucay, Presidente del GAD Parroquial Rural de Tundayme, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por parte de la empresa «Esta colaboración demuestra el compromiso de ambas partes con el bienestar de nuestra comunidad. Estamos ansiosos por ver los beneficios que este proyecto traerá a nuestros conciudadanos.

El proyecto se enmarca en el Plan de Relaciones Comunitarias de la mina Mirador en su programa de desarrollo local y apoyo a grupos vulnerables. Busca no solo mejorar el acceso al agua, sino también fortalecer la producción local y contribuir al desarrollo sostenible de esta comunidad.

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Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo

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Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.

Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.

Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

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Noticias Zamora

CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027

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CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.

Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:

  • Diego Israel Aldean Jaramillo
  • Ligia Zoraida Punina Chela
  • Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
  • Mariana del Rocío Seminario Ramón
  • Galo Patricio Mena Pérez

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.

La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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Nacionales

Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe

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Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.

Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.

Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.

El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.

La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.

La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

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