El asambleísta Héctor Valladares presentó este lunes 6 de abril, una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero, específicamente en su dirección provincial en Zamora Chinchipe.

Según informó el legislador, la acción legal se fundamenta en hechos que se hicieron públicos el pasado 24 de marzo de 2026, cuando diversos medios locales difundieron un audio en el que, presuntamente, funcionarios de la entidad habrían solicitado pagos irregulares a mineros que operan con permisos legales. De acuerdo con la denuncia, se habría exigido un monto de 250 dólares semanales por cada maquinaria para permitir la continuidad de sus actividades extractivas.

El asambleísta indicó que, tras anunciar la presentación de la denuncia, recibió información adicional de carácter reservado que apunta a la posible existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la institución. Entre los datos proporcionados, se menciona que el acceso al cargo de director provincial de ARCOM en Zamora Chinchipe tendría un costo aproximado de 250.000 dólares, lo cual, de confirmarse, evidenciaría la participación de actores de alto nivel en una presunta red delictiva.

Asimismo, se detalló que las supuestas exigencias económicas no se limitarían únicamente a maquinaria pesada, sino que también incluirían otros equipos como volquetas, con pagos mensuales estimados en 500 dólares. Estas prácticas, según la denuncia, se habrían mantenido de manera sistemática durante un periodo prolongado.

El legislador manifestó su preocupación ante posibles intentos de obstaculizar la investigación, señalando que, tras la difusión del audio, personas presuntamente involucradas habrían contactado a los denunciantes para solicitar cambios de dispositivos móviles ante eventuales operativos, lo que podría evidenciar la existencia de mecanismos de encubrimiento.

En este contexto, Valladares solicitó a la Fiscalía la ejecución de diligencias investigativas exhaustivas, incluyendo allanamientos y recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Subrayó la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad, rigor técnico y transparencia institucional.

De acuerdo con estimaciones expuestas por el asambleísta, los presuntos cobros ilegales podrían generar ingresos ilícitos superiores al millón de dólares mensuales en la provincia, afectando directamente al sector minero formal y a la economía local.

La Fiscalía General del Estado habría iniciado de oficio las investigaciones correspondientes, a las cuales el asambleísta indicó que dará seguimiento en su calidad de fiscalizador, con el fin de evitar el archivo prematuro del caso y garantizar resultados efectivos en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, Valladares señaló que este caso podría no ser aislado, ya que su despacho también ha iniciado indagaciones preliminares sobre presuntas irregularidades en la gestión del Fondo Común amazónico, donde se investigaría la existencia de prácticas similares relacionadas con la aprobación de proyectos.

El legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de control político y denuncias formales ante los organismos competentes, con el propósito de combatir estructuras de corrupción que, según afirmó, afectan gravemente al manejo de los recursos públicos y al desarrollo del país.

En una entrevista concedida a un medio de comunicación del cantón Yantzaza, el coordinador provincial de Pachakutik en Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, realizó importantes precisiones sobre la situación política interna del movimiento, en particular respecto a la actual administración provincial y el escenario electoral futuro.

Durante su intervención, Quishpe señaló que la actual prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, si bien fue electa con el respaldo del movimiento Pachakutik, habría tomado la decisión de separarse de dicha organización política al inicio de su gestión. En ese sentido, enfatizó que la autoridad provincial ya no forma parte de la estructura ni de la militancia del movimiento, hecho que, según indicó, debe ser de conocimiento claro para la ciudadanía y bases partidarias, a fin de evitar confusiones.

Quishpe manifestó que la salida de la prefecta responde a una decisión personal, la cual fue respetada por la organización, sin que se hayan emitido juicios adicionales sobre las razones de su desvinculación. No obstante, reiteró que, en la actualidad, la autoridad no representa ni es candidata del movimiento Pachakutik para futuros procesos electorales.

En este contexto, el dirigente anunció que el movimiento indígena participará en los próximos comicios con candidaturas propias en todos los niveles de gobierno seccional, incluyendo juntas parroquiales, alcaldías y la Prefectura. Indicó que el proceso de selección de candidatos se encuentra en marcha, bajo los lineamientos organizativos del movimiento y con la participación de sus bases.

De manera específica, informó que el candidato de Pachakutik a la Prefectura de Zamora Chinchipe será el actual alcalde del cantón Zamora, Manuel González, quien ha sido designado como representante del movimiento para dicha dignidad.

Finalmente, el coordinador provincial reiteró que Pachakutik participará en el proceso electoral con su propia identidad política, representada por su símbolo y principios organizativos, fortaleciendo la estructura interna y promoviendo nuevos liderazgos en la provincia.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia y ciudadanía a mantenerse informados y evitar interpretaciones erróneas respecto a las candidaturas y representaciones del movimiento.

En una entrevista concedida a un medio radial del cantón Yantzaza, el ex prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez Cabrera, realizó un análisis integral sobre la situación actual de la provincia, abordando problemáticas relacionadas con la minería, la vialidad rural, la planificación territorial y la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo económico.

Durante el diálogo, el exfuncionario expresó su preocupación por las condiciones que atraviesa la provincia, señalando que persisten deficiencias en la atención al sector rural, especialmente en lo referente a la vialidad, pese a la existencia de maquinaria previamente destinada a estos fines. En este contexto, cuestionó la falta de planificación y mantenimiento de los equipos, lo cual, según indicó, limita la capacidad de respuesta ante emergencias derivadas de la temporada invernal.

En materia minera, Jiménez enfatizó la necesidad de ejecutar una investigación profunda que permita determinar con precisión la situación del sector, incluyendo la identificación de mineros legales e ilegales, así como la revisión de áreas concesionadas. Sostuvo que existen extensas zonas otorgadas a actores que no desarrollan actividad extractiva directa, lo que habría generado un mercado informal de subarrendamiento de espacios para explotación minera.

Asimismo, advirtió sobre la persistencia de prácticas irregulares que afectan a los pequeños mineros, quienes, según manifestó, habrían sido objeto de cobros indebidos por parte de autoridades de control. Frente a esta problemática, planteó que la solución no radica únicamente en la paralización de actividades o destrucción de maquinaria, sino en la implementación de un proceso integral que incluya: la reversión de concesiones subutilizadas al Estado, la realización de un censo minero y la posterior regularización de los trabajadores del sector.

El ex prefecto también alertó sobre los impactos ambientales derivados de la actividad minera no regulada, señalando que la ausencia de control y planificación ha generado afectaciones en ecosistemas y en infraestructura pública. En este sentido, subrayó la urgencia de articular acciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de establecer soluciones sostenibles.

En relación con la distribución de los beneficios económicos provenientes de la minería, Jiménez indicó que, si bien existen mecanismos como el fondo común amazónico que canalizan recursos hacia la región, es necesario evaluar si estos cumplen con los principios establecidos en la normativa nacional, particularmente en lo referente a la participación del Estado en las rentas generadas por la explotación de recursos naturales.

De igual manera, sostuvo que los contratos mineros vigentes deben ser revisados para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, especialmente en lo concerniente a la participación estatal en los beneficios económicos. No obstante, aclaró que cualquier revisión debe realizarse dentro del marco legal, evitando generar incertidumbre jurídica.

En el ámbito prospectivo, Jiménez enfatizó la importancia de planificar el escenario posminero de la provincia, promoviendo sectores como el turismo, la producción agrícola, la industrialización y la comercialización de bienes con valor agregado, con el objetivo de diversificar la economía y generar fuentes sostenibles de empleo.

Finalmente, el ex prefecto confirmó que mantiene diálogos con diversos sectores sociales y políticos de la provincia respecto a una posible participación en futuros procesos electorales, «tenga la seguridad que seré candidato, lo que estamos haciendo es simplemente planificando por donde vamos a ser candidato, dijo Jiménez en una entrevista en un medio de Yantzaza». Con ello, no descarta una eventual candidatura, aunque aclaró que cualquier decisión estará supeditada a la construcción de un proyecto político integral que priorice el desarrollo de Zamora Chinchipe por encima de intereses individuales.

Jiménez concluyó reiterando la necesidad de fortalecer la articulación institucional y ciudadana para enfrentar los desafíos estructurales de la provincia, particularmente en lo relacionado con la gestión de los recursos naturales y la planificación de un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo.