Más de ochenta elementos de convicción sustentan el inicio del proceso penal en contra de los expolicías Marlon Fernando M. y Fausto Herminio V., por su presunta participación en el delito de asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, que habría sido perpetrado contra el ciudadano Aldo Z. en Guayaquil, el 8 de junio de 2010.
En la audiencia de formulación de cargos, efectuada el 30 de agosto, el juez Reinaldo Cevallos acogió el pedido de Fiscalía y dictó, para los procesados, orden de presentación periódica y prohibición de salida del país.
De acuerdo a la exposición del fiscal de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, Esteban Coronel, la víctima trabajaba como taxista para una empresa y, aproximadamente a las 14:00 del día de los hechos, salió de su vivienda –situada en Guayaquil– se embarcó solo en su vehículo y se dirigió hasta la calle Rodolfo Baquerizo Nazur, en los exteriores del centro comercial “Plaza Mayor”, para recoger pasajeros.
Mientras conducía el vehículo, Aldo Z. observó que personas cubiertas el rostro con pasamontañas y portando armas de fuego le estaban apuntando, entonces aceleró y, en ese momento, el vehículo recibió diez impactos de bala, dos de las cuales impactaron en el cuerpo de la víctima, afectándole el colón y la espalda.
En esas condiciones, la víctima salió del vehículo por sus propios medios, se recostó boca abajo en el pavimento y recibió un tercer impacto de bala en el muslo izquierdo, que le fracturó el fémur.
Con custodia policial, la víctima fue trasladada a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, y luego a una clínica, de la cual fue dado de alta el 29 de junio del mismo año. Como consecuencia de los hechos, Aldo Z. tiene discapacidad física del 75%.
Según la investigación, las personas encapuchadas eran integrantes de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía Judicial del Guayas. El oficial Marlon Fernando M. estaba al mando del operativo y a sus órdenes el policía Fausto Herminio V., entre otros uniformados, quienes no tenían ningún distintivo de la Policía Nacional. A esa hora y en ese lugar, presuntamente, aprehendían a personas dedicadas al robo de entidades bancarias.
Relacionado con este hecho, se involucró a Aldo Z. por un presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, un Juez dictó sobreseimiento a favor del ciudadano y resolvió que el procedimiento policial fue arbitrario y negligente.
Entre los elementos de convicción que sustentan la instrucción fiscal de noventa días, constan: la denuncia y el testimonio anticipado de la víctima, dos historias clínicas, informe médico, pericia psicológica, informe genético forense, informe de reconocimiento del lugar y de evidencias, reconstrucción de los hechos, pericia de recreación técnica experimental del disparo, pericia balística y varios informes investigativos.
Además, versiones del personal médico que atendió a la víctima, de testigos presenciales, de los procesados y de los demás policías que intervinieron el día de los hechos.
