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Inmobliar administra bienes incautados por mandato legal y orden judicial

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social prosigue con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones de la Sociedad Civil. Por ello, invitó al representante del Servicio de Gestión Inmobiliar del sector Público, Ronald Baidal, quien subrayó que dentro de sus competencias está la de administrar bienes incautados por mandato legal y orden judicial. La administración que realiza esta institución caería en desacato, en caso de que un segundo ente organice y administre los bienes.

De inmediato, el funcionario se refirió al último párrafo del artículo 15, en lo atinente a garantizar espacios de deliberación y toma de decisiones, programas, proyectos y servicios que serán ejecutados en cogestión. Mencionó que se debe someter a las competencias estrictas establecidas por el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización y el Reglamento de bienes incautados a cargo de Inmobiliar.

Recordó que es competencia privativa de esta entidad administrar los bienes incautados, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 557, y mal podría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expedir normativa para regular dichos bienes, ya que existiría un conflicto de competencias.

Aseguró que la principal obligación de Inmobiliar es subsanar las deficiencias del sector público en torno a sus necesidades de bienes muebles e inmuebles, por lo que es una prioridad atender las necesidades del Estado ecuatoriano.

En torno a la entrega de bienes comisados, Ronald Baidal señaló que se debería proceder conforme lo establecido por el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, por cuanto estos pertenecen al Estado ecuatoriano, por orden judicial.

Las sociedades de hecho carecerían de la personería jurídica, no podrían contraer obligaciones con Inmobiliar, trayendo como consecuencia el daño o deterioro de bienes que en su momento la autoridad judicial podría ordenar la respectiva restitución. Por tanto, habría que tomar en cuenta que no podemos garantizar el uso y goce del bien, ya que depende de la celeridad del juez al momento de administrar justicia, agregó.

Precisó que la propuesta ya está contemplada en el Decreto Ejecutivo 503, de 2018, en concordancia con el artículo 557 del Código Integral Penal, normativas que autoriza a Inmobiliar la celebración de contratos de comodato y convenios interinstitucionales con personas jurídicas sin fines de lucro. Anunció que está en proyecto una reforma al reglamento de bienes incautados, en la cual se establecen los requisitos para la celebración de estos contratos. (I)

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