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Compras públicas durante la crisis sanitaria avivan la corrupción en la región

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La pandemia de COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a realizar compras urgentes de bienes e insumos y a contratar servicios muchas veces esquivando pasos en los procesos de compras debido a la emergencia y dando pie a que la corrupción se haga presente.

“En la situación de emergencia de salud en la que está la población hay que responder con herramientas de transparencia”, afirma Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI).

Bruno Brandao, el director de TI en Brasil, explica que en la actual crisis los Gobiernos “están abriendo extraordinariamente el gasto público” para hacer frente a la crisis y dice que “ahí están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado” obtengan beneficios que solo perjudican al pueblo.

El organismo dice que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada” en América Latina.

Sin embargo en los más de dos meses que lleva la emergencia afectando a la región, que ahora es considerada el nuevo epicentro del virus, los casos de sobreprecios no han tardado en aparecer, desencadenando despidos de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales.

En Ecuador la compra de al menos 7000 kits de alimentos con supuestas ilegalidades consentidas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es uno de los casos de corrución que se presentó. La Contraloría detectó una diferencia entre el precio de los kits comprados y el valor ofrecido por el mismo en otros proveedores.

Los sobreprecios en alimentos también se registraron en la compra de fideos en Argentina, un paquete de 500 gramos fue adquirido en 84,84 pesos ($1,05), cuando el mismo producto cuesta 30 pesos ($0,37) en un supermercado general.
En algunos municipios de Colombia también se detectó sobreprecio, como en el caso de Arauca donde miles de latas de atún que se venden en $1,54 fueron adquiridas en $4,87 para los kits alimenticios.

En Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo y el primero en la región, se presentaron irregularidades en cuanto a la construcción de hospitales de campaña para atender a pacientes con el virus en Río de Janeiro que apuntan al gobernador Wilson Witzel y otros funcionarios, de quienes ya la policía ha realizado allanamientos a sus viviendas.

En la lista figura también Bolivia, donde la denuncia de sobreprecio en la compra de 170 respiradores a una empresa española en medio de la crisis sanitaria y que llevó a la presidenta interina, Jeanine Áñez, a retirar del cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien ya fue detenido.

En Perú se registraron denuncias de corrupción en compras de equipos de bioseguridad y desatención a los policías las que ocasionaron la salida del ministro del Interiorr.

En Panamá, Honduras y Guatemala también se han abierto investigaciones por supuesta corrupción en compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, tras denuncias de varias ONG y de la ciudadanía.
En tanto en Venezuela y Nicaragua, donde las cifras de contagios por el virus son cuestionadas, y figuran entren los países más corruptos de América Latina, no existen registros de compras publicas desde hace más de 20 años, según TI.

Ante estos hechos, TI y sus capítulos presentes en la región, dicen que debe existir publicidad suficiente sobre la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia y evitar pactos entre actores políticos que resulten en especulación de precios de insumos y servicios.

“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan… lograríamos reducirlos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado en la CAF.

Para blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19, la CAF plantea tres ámbitos en que los países de la región deben fortalecerse.

Primero la rendición de cuentas orientada a resultados, para garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales.

En segundo lugar la publicidad de la contratación directa de emergencia que no solo permitirá mostrar a la ciudadanía las actuaciones del Gobierno, sino aumentar el número de ofertas.

Por último la digitalización de todas las etapas de los procesos con un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales como es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. .

“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis, todo lo contrario. Es clave que los gobiernos integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, dice Santiso. (I)

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Incertidumbre en Monte Sinaí luego del desarme de estructuras deshabitadas

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Un contingente de policías nacionales y otro de militares ofrecieron resguardo durante el operativo en contra de las invasiones ejecutado por el Gobierno en la cooperativa Cañaveral, sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Los uniformados tomaron posesión en un cuadrante de al menos ocho manzanas por lado, en una loma de casas de caña, donde habitantes señalaron que cumplieron dos años en el sitio.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares estuvo a cargo del operativo que se desarrolló el jueves 9.

La secretaria Evelyn Montalván indicó que actuaban en flagrancia luego de recibir alertas de ocupación irregular de terrenos.

Resguardada por policías con trajes antimotines, la funcionaria encaró a un ofuscado Gustavo Quiñónez que reclamaba por el posible desalojo de habitantes, pidiendo que se los deje pagar por los terrenos y quedarse allí, puesto que alegó que su familia no tenía otro lugar a donde ir.

La secretaria Montalván sostuvo que no estaban retirando a posesionarios, sino derrocando cerramientos y casas desocupadas.

Aseguró que poseían fotografías que ponían en evidencia qué estructuras son recientes.

Operadores de maquinaria pesada ascendieron a la loma para proceder con el derrocamiento de paredes de caña. No obstante, los moradores las tumbaron al remecerlas.

Peter Padilla, otro posesionario, dijo que temían quedarse sin techo en caso de que en un nuevo operativo ellos no estén presentes para probar que son residentes.

María de la Cruz lamentó el ambiente de incertidumbre que dejaba la acción. Recordó que pagaba renta en la cooperativa Juan Montalvo hasta que recibió la propuesta de tomar un solar en Cañaveral. Este asentamiento está en la zona de La Ladrillera.

30 estructuras

La secretaria Montalván señaló que unas 30 estructuras se habían derrocado en la mañana del jueves 9, que no se habrían registrado detenciones ni altercados. Agregó que la Secretaría Técnica impulsa investigaciones en contra de seis promotores de tierra.

En Cañaveral trabaja la fundación Fábrica de Juguetes. Su representante, Leslye Sánchez, pidió que no los dejen sin el espacio en el que 21 niños reciben clases de inglés, música y de reforzamiento escolar. Dijo que mantiene programas de horticultura y de crianza de pollos, vinculando a la comunidad. (I)

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En junio se contraen créditos de vivienda y consumo, pero suben los productivos

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Los créditos en Ecuador bajaron en junio. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la banca privada alcanzó una cartera de $28 892 millones a junio del 2020, lo que presenta una leve contracción de $102 millones en comparación con mayo 2020, representando una disminución porcentual del 0,35 %.

En medio de la pandemia, y tras varios meses de cuarentena, de todas maneras, la contracción es menor a la de los últimos tres meses y muestra una tendencia favorable. A fines de junio, la cartera bruta registra un incremento, esta vez de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del 2019. Así lo informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

En el tema de cartera, pese a la contracción es interesante señalar que la comercial y productiva subió $93 millones en comparación con el mes pasado. En cambio, la cartera de consumo se contrae en $176 millones, y en lo que va del año consumo ha decrecido $440 millones. También el microcrédito se contrajo en $1 millón, vivienda en $9 millones y cartera automotriz tampoco presenta crecimiento.

En acumulado del 2020 (enero a junio), la cartera se ha contraído en $1137 millones, de los cuales $646 millones corresponden a cartera de empresas (comercial y productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo.

Adicionalmente, junio registró un crecimiento de depósitos de $372 millones (1,12 %) más que en mayo de este mismo año. Asimismo, hubo un incremento de la liquidez a 28,8 %, 3,6 puntos porcentuales mayor en comparación con junio de 2019.

En este sentido, Asobanca considera que las cifras muestran una tendencia de recuperación positiva de los indicadores, pese a la cuarentena.

Tras haberse registrado en marzo y abril caídas de depósitos por $1035 millones, el aumento actual es una noticia positiva. El crecimiento en depósitos registra una variación anual de 6,1 % y un incremento mensual del 1,1 %.

Gonzalo Rueda, de la empresa consultora MarketWatch, coincide en que las cifras reflejan un escenario positivo. Sobre la liquidez explica que en junio hubo un aumento de 3,6 puntos, que representa una mayor confianza de la gente en el sistema financiero. Indica que en cuanto a los depósitos, Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Internacional, Produbanco y Bolivariano presentan un aumento significativo en depósitos. Además recalca que en este mes ingresaron $280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre tanto, MarketWatch señala que la morosidad del sistema en el primer semestre presenta un ligero deterioro cerrando en 2,8 %, levemente mayor a 2,7 % de diciembre de 2019.

Sin embargo, se puede observar que esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de consumo y microcrédito a 60 días. En este sentido, considera que el dato real se verá en el periodo de julio y agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas.

La morosidad en hipotecario sí refleja el deterioro por la situación actual, ubicándose entre 6 % y 7 % en los últimos meses. (I)

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Biess aplicará diferimientos de pagos de hipotecarios que no han sido cancelados durante emergencia por coronavirus

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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) aplicará el diferimiento de las cuotas a créditos que no pudieron ser pagados durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Esto lo dio a conocer en una entrevista el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, el último miércoles.

De acuerdo a información de Diario El Comercio, en la resolución 603 se estableció que los pagos que no se realizaron entre marzo y junio se trasladen al final de la tabla del crédito.

La disposición sexta de la Ley Humanitaria señala que el directorio del Biess «emitirá las resoluciones o ejecutará las acciones necesarias que permitan garantizar la suspensión y refinanciación de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios que mantienen los afiliados, jubilados y beneficiarios de montepío a la seguridad social, basadas en los informes técnicos que garanticen la solvencia y liquidez de los fondos correspondientes».

Además que por solicitud del afiliado, jubilado o beneficiario de montepío, que perdió el empleo durante la crisis sanitaria o tenga una reducción de su capacidad de pago, «se establecerá la suspensión del cobro del préstamo hipotecario y se establecerán los mecanismos de refinanciamiento correspondientes, que se podrá realizar por única vez por el tiempo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Esta suspensión de pago de cuotas no generará intereses o multas».

Hasta el momento la entidad no ha difundido el proceso para acceder a este proceso. Sin embargo, el pasado 4 de julio, a través de redes sociales, le indicaron a un beneficiario de crédito hipotecario que puede solicitar el refinanciamiento a través del solucionesdepago@biess.fin.ec si los ingresos disminuyeron. (I)

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