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Grupo familiar obtuvo 46 contratos por $7,7 millones en los hospitales del IESS

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Algo más de $7,7 millones en 46 contratos han recibido cinco miembros de la familia Llerena-Candela de los hospitales del IESS del país, según una revisión que hizo este Diario a las adjudicaciones dadas entre 2012-2019 y publicadas en el portal web del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Ahí constan los contratistas José Luis Llerena Candela, su hermana María Gabriela, su tío Francisco Llerena Alvarado, la esposa de este, María Lorena Erazo Tortorella, y la hermana de esta, María Mercedes Erazo.

Del grupo, las que más contratos registran son las hermanas Erazo Tortorella, con 43 adjudicaciones del IESS, que suman cerca de $3,2 millones.

Esta cifra no incluye los hospitales del Ministerio de Salud Pública, donde ambas han recibido contratos desde hace una década por cerca de $1 millón. Tampoco incluye los doce contratos dentro de la actual emergencia por COVID-19, dados por el hospital General de Manta del IESS por casi $300 000.

“No autorizo que publique esta conversación”, dijo María Lorena Erazo a este Diario, que se contactó con ella el lunes para confirmar los datos del Sercop y también por un expediente que en el 2018 le inició la Agencia de Control Sanitario (Arcsa) por comercializar productos sin registro de salud.

María Lorena Erazo había explicado cómo se dio su participación en los contratos, pero cuando se le consultó por su relación familiar con María Gabriela Llerena Candela, exesposa de Jacobo Bucaram, cerró la llamada telefónica.

María Gabriela Llerena, de 33 años, estuvo casada dos años, entre el 2018 y 2019, con Jacobo Bucaram Pulley, hermano del exasambleísta Dalo Bucaram, del movimiento Fuerza Ecuador, antes Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Funcionarios del IESS, médicos o administrativos identificaron a este movimiento político, al oficialismo Alianza PAIS y a otros afines como los que han intervenido en las contrataciones de los hospitales del IESS, en especial el Teodoro Maldonado Carbo. La mayor injerencia, dicen, se habría dado en el 2018, cuando asumió el cargo de gerente del hospital Luis Jairala Zunino.

“¿A usted no le parece raro que si se hace público que un servidor hace estas cosas no lo hayan botado?, yo sigo operando”, indicó Jairala Zunino y negó que su permanencia en el cargo se deba a influencias políticas. “A mí me han dicho que soy de Alianza PAIS, del partido de Jimmy Jairala, soy del PRE, soy de todas partes y no soy de nadie”, dice el exgerente y actual médico.

Jacobo Bucaram no aceptó una solicitud de entrevista. En octubre del año pasado sí acudió a un portal de entrevistas donde abordó este tema y atribuyó las acusaciones a lo que llamó “linchamiento mediático” contra su familia. También negó tener personas cercanas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

“Cercano a mí, no. Estuvo el doctor Luis Jairala, que era cercano a la familia, primo hermano de Jimmy Jairala, y tenía alguna relación de amistad con nosotros. Pero así como él tengo diez mil amigos en instituciones públicas”, dijo Jacobo.

Dalo Bucaram, en cambio, sí atendió una entrevista que él también grabó, pero luego no aceptó la publicación. Una semana antes había rechazado en su cuenta de Twitter acusaciones respecto de que su familia controle entidades públicas.

María Gabriela Llerena recibió un contrato del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por $55 000 para proveerlo de 24 000 metros de tela de los colores verde, plomo, amarillo y blanco, en agosto del 2014. Llerena ganó, pese a que su oferta no era la más baja. Esto, debido a que el hospital la eligió por ser microempresaria, con base en un pedido del Sercop de suspender el proceso anterior –en el que ella no participó– para dar oportunidad a que la industria nacional participe y ofrezca telas para uniformes.

Cuatro meses antes, en abril de 2014, Llerena resultó adjudicada para la compra de cepillos quirúrgicos para el área de urgencias del HTMC por $29 759. Pero un mes después fue declarado desierto el proceso porque, entre otras cosas, no presentó el certificado de distribución, tampoco el certificado de buenas prácticas y manufacturas ni el registro sanitario del producto.

Los contratos que recibieron las hermanas Erazo Tortorella del IESS, en cambio, se dieron para la “compra de insumos médicos de uso general” en los hospitales del Seguro Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, y de Manta, Santo Domingo, El Triunfo, Cuenca y Quito.

Con el mismo objeto, compra de insumos que se utilizan en enfermería, fue contratado José Luis Llerena para el HTMC por $782 000 en julio del 2018. La Comisión Anticorrupción señaló que el costo real de estos insumos era de $387 122 y el sobreprecio llegaba al 98 %.

Llerena debía proveer al hospital de tres tipos de materiales de curación: agua oxigenada, alcohol y tintura de benjuí. Al comparar los precios unitarios ofertados por Llerena con los de otro contrato, incluso con los costos en farmacias, se constató un sobreprecio del 282 %, por ejemplo, en el litro de tintura de benjuí, que sirve para proteger la piel de los enfermos que están hospitalizados. Llerena ofreció, según el proceso, $34,4 por esta sustancia, cuando en un contrato anterior el mismo hospital pagó $9.

Sobre Llerena pesa una investigación por peculado que la Fiscalía del Guayas inició hace casi un año. En la misma indagación constan como sospechosos los proveedores Rosa García Lucas, Roswin Angulo Jeremías, David Cevallos Fonseca y el entonces gerente del HTMC, Luis Jairala Zunino.

“Los números son cifras exactas, y si hay un precio techo, ¿dónde está el peculado?”, responde Jairala, quien dirigió el Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019, luego pasó al Hospital General del Norte de Guayaquil Ceibos.

En la actual emergencia por el COVID-19, María Mercedes Erazo ha recibido doce contratos, todos provienen del Hospital General de Manta (Manabí).

En total $297 000 para la compra de válvulas respiratorias descartables para ventilador, catéter para aspiración de secreciones, gafas para protección de luz halógena, mascarillas de oxígeno para niños y termómetros digitales descartables. Este último producto se ofertó en $5,25 el precio unitario, valor similar en que lo venden las farmacias al público. El monto del contrato es de $105 000 por 20 000 termómetros, según los registros de Contratación Pública.

Empleado que gana $ 700 tiene nexos con contratistas del IESS que recibieron $ 10,9 millones

«Disculpe, no le entendí. ¿Que alguien que trabaja en Alfaredes ha recibido contratos en los hospitales?», responde Mario Asán Torres cuando se le pregunta por Raúl Peña Triviño, empleado de esa compañía y quien figura, junto a familiares y empresas relacionadas, como contratista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) por unos $ 10,3 millones.

Triviño, de 27 años, trabaja desde agosto del 2012 para Alfaredes S.A., empresa de Mario Asán, hijo del alcalde de Milagro, Francisco Asán Wonsang, quien aseguró que la compañía de su hijo no tiene ninguna responsabilidad sobre las actividades de sus empleados. «El trabajador le ha contado a mi hijo que hace tres años le propusieron como actividad personal hacer esos contratos y parece que lo hizo sin que mi hijo se enterara», explicó.

A los 19 años empezó como digitador, pero hoy Triviño es el jefe de Recursos Humanos en Alfaredes, empresa que se dedica a la construcción de calles y carreteras y en la que trabajan unas 80 personas.

Asán agrega que su padre figuró en la nómina de accionistas o socios hace 10 años. Según los registros, el alcalde fue propietario hasta diciembre del 2012.

Mediante el mecanismo de convenios de pago, es decir contratación directa y reservada, pues los procesos no se subieron al portal web de Contratación Pública, Raúl Peña recibió, en enero del 2018, las autorizaciones para ofrecer medicinas al HTMC, durante la gestión de Luis Jairala Zunino, gerente que dirigió el hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019.

Jairala asumió ese cargo a pedido directo del presidente del consejo directivo del IESS, Richard Espinosa. «Fue un encargo, me dijo: tú puedes ayudar en esta cuestión», contó al recalcar que los convenios estaban acompañados de procesos de subasta inversa, donde los proveedores pujaban por el menor precio para ser contratados.

«Yo me senté el 4 de noviembre (en el puesto de gerente), las compras fueron hechas en enero y nunca más se hicieron», aseguró Jairala, quien ha trabajado como neurocirujano en los hospitales Guayaquil (Abel Gilbert Pontón) del Ministerio de Salud, del 2004 al 2012; Teodoro Maldonado desde 2013 y en el General Ceibos del IESS en el 2017. También ha sido subdirector médico en la regional 5 y 8 del IESS.

Para ganar los convenios, el grupo de proveedores ligados a Triviño captaban todas las ofertas, de tal manera que el elegido sea un allegado. Así, Triviño presentaba ofertas de manera personal y a nombre de su negocio Peña Farmacéuticos, también concursaba su esposa Judith Andrade Ochoa y su hermana Sunny Peña, accionista de Laboratorios Romayual.

Y había ocasiones en que ganaban todos. Esto ocurrió con un convenio de pago para la compra de 60 mil dosis de Linezolid sólido oral, para tratar a pacientes con tuberculosis multirresistente. En las bodegas había Linezolid para dos meses, lo cual -señala la Contraloría- permitía hacer la compra mediante los procesos públicos normales y no ameritaba una emergencia.

Sin embargo se compró 51 mil dosis en exceso. La compra de 60 mil dosis se dividieron entre cuatro proveedores, todos ligados a Triviño: Peña Farmacéuticos recibió $ 298.320; Laboratorios Romayual $ 700.079; Distribuciones Almun, representado por Alicia Muñoz Agila, entonces accionista de Romayual y hoy su contadora, obtuvo $ 999.899; y Danifarmajas, ligada a este grupo, recibió $ 999.899.

«A mí sí me adjudicaron unos contratos en el 2018, si mal no recuerdo por un asunto de unas medicinas; fue despachado, fue cancelado como era debido y de ahí no he tenido la oportunidad de vender más. Eso es todo», dijo Alicia Muñoz Agila, quien no reveló los nombres de los dueños verdaderos de Laboratorios Romayual, una firma que hace una década, a mediados del 2010, fue cuestionada por vender productos con sobreprecio al hospital Abel Gilbert Pontón.

Por un taladro de percusión de 1/2 HP, que en el mercado costaba hace una década $ 96, se le pagó a Romayual $ 954, mientras que por un amperímetro pequeño para medir el consumo de energía, que en aquella época costaba $ 60, se canceló a este laboratorio $ 970, según las facturas del mismo hospital Guayaquil.

Ágila, cuyo padre, Víctor Muñoz Riofrío, también contador, consta como socio mayoritario de este Laboratorio. «Soy un contador público que trabaja para la empresa privada, hable con Sunny (Peña), ella le puede explicar todo», dijo Víctor Muñoz, de 70 años.

Raúl Peña Triviño no responde en el número celular que proporcionó Mario Asán, su jefe en la empresa Alfaredes. Sin embargo, la contadora de Romayual, Alicia Muñoz dijo que a los Peña Triviño -Raúl y Sunny- se los ha encontrado entregando mercadería en el Teodoro Maldonado Carbo.

En ese mismo hospital, Judith Andrade, esposa de Raúl Peña, recibió una orden de pago por $ 555.048 por 3600 dosis de Eritropoyetina, para aumentar los glóbulos rojos de pacientes con anemia. El sobreprecio determinado por la Contraloría llegó a 1.384%.

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Pleno de la Asamblea Nacional debate sobre juicios y recortes

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La presión de las bancadas por llevar a juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez, se medirá en el pleno de la Asamblea este martes.

El presidente de la Función Legislativa, César Litardo (AP), convocó para el 2 de junio a la plenaria para tratar cinco temas y uno de ellos es el proyecto de resolución para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conozca los pedidos de interpelación contra el ministro.

Y es que la semana pasada, 83 legisladores, incluidos ocho de Alianza PAIS, apoyaron la moción del correísta Juan Lloret para incluirlo en el debate.

También se debatirá si la Asamblea exigirá al Gobierno la restitución de fondos recortados a la educación. Y los informes para las leyes contra consumo y microtráfico de drogas, reformas al Código de la Función Judicial y la ley para la palma aceitera.

Unos 60 funcionarios han comparecido ante las comisiones para explicar su trabajo durante la pandemia sobre la atención hospitalaria, sobreprecios en compra de insumos médicos, despidos, educación, transporte, turismo y producción.

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En el Día Internacional del Niño: personajes de libros que ellos aman leer

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Un personaje cautivador engancha a los niños en un libro, que a veces se convierte en una serie, y se vuelve inolvidable. Aunque el niño crezca, y con él sus lecturas, siempre lo mirará con cariño, y pronto tratará de compartirlo con nuevos lectores.

Por supuesto, al leer, el niño adquirirá fluidez de lenguaje, habilidades de comprensión y vocabulario y una curiosidad creciente. Pero también habrá elegido por sí mismo a personajes que lo acompañarán el resto de su vida y le aportarán muchas de sus maneras de pensar, hablar y reaccionar ante lo inesperado y lo difícil.

Ni infantil ni menor

A los libros que leen los niños se los suele etiquetar como literatura infantil. Los autores no están muy de acuerdo. “Simplemente existe la literatura”, dice el crítico e investigador literario venezolano Fanuel Hanán Díaz, haciendo eco del poeta cubano Eliseo Diego: los niños y jóvenes se han apropiado de ciertos libros aunque no estaban pensados para ellos.

Ahí están Robinson Crusoe o Los viajes de Gulliver y los cuentos de los hermanos Grimm, que siguen evolucionando, porque los niños no tienen intención de perdérselos.

El mago y el príncipe

Fueron ocho películas, pero antes de eso fueron siete libros (más los manuales y los cuentos cortos). El personaje de Harry Potter, –el niño que vivió– creció con sus lectores, o ellos con él, y vuelve a empezar la historia con una nueva generación de lectores de todas las edades.

¿Es El principito un libro para niños? Su protagonista es niño. Sus lectores son universales. Y es la prueba de que los niños pueden leer sobre cualquier tema, siempre que se puedan identificar. Que tienen emocionalidad e inteligencia más amplias de lo que pensamos. Los que lo leímos en la infancia volvemos a él en algún momento de la vida adulta, a que un niño que vive en un planeta minúsculo nos hable sobre la amistad, la vida y la muerte.

El de hoy: Greg Heffley

Algunas encuestas sobre el libro más leído apuntan a un personaje que no es el modelo de conducta que quisieran los padres, pero sí el personaje con el que ríen los niños. Greg (El diario de Greg) es perezoso, astuto, bastante egoísta (la niñez es la etapa del egoísmo, dicen ciertas corrientes de la psicología) y tiene una gran debilidad por los videojuegos y recelo de las actividades al aire libre. Quienes buscan moralejas tal vez no le verán la gracia. Pero los niños rara vez están buscándolas. Quieren emocionarse, eligen divertirse.

El autor Jeff Kinney le dio a Greg unos padres con unas expectativas muy altas, pero con muchas deficiencias cuando se trata de dar el ejemplo. ¿Reírse de los mayores? Impensable. Excepto si uno es un niño.

Pero también las niñas

¿Una niña con fuerza sobrehumana que vive sola con una bolsa de oro, un mono y un caballo? Genial, dicen los chicos. Pippi Calzaslargas es creación de Astrid Lindgren, en cuyo honor el Gobierno sueco entrega un premio anual de cinco millones de coronas a escritores, ilustradores, narradores orales y promotores de lectura, uno de los más ricos galardones literarios en el mundo.

Cerca de Pippi está Matilda (Roald Dahl), declarada insolente por sus padres, la policía, la directora de la escuela y los adultos en general, excepto por la maestra, quien le asegura a Matilda que no es extraña por querer leer, jugar y ser escuchada. Matilda pasa de ser silenciada a tener el control de la situación, y decide cuidar de sí misma, de su maestra (y dar una mano a sus padres también, porque después de todo, son familia).

En Ecuador, la escritora Mónica Varea creó a Margarita Bernal, Margarita Peripecias, una niña de buen corazón y gran habilidad para meter la pata. La promotora de lectura Catherine Olmedo la cita como una de las preferidas, así como Ant y H, de Amigo se escribe con H (de María Fernanda Heredia). (I)

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Compras públicas durante la crisis sanitaria avivan la corrupción en la región

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La pandemia de COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a realizar compras urgentes de bienes e insumos y a contratar servicios muchas veces esquivando pasos en los procesos de compras debido a la emergencia y dando pie a que la corrupción se haga presente.

“En la situación de emergencia de salud en la que está la población hay que responder con herramientas de transparencia”, afirma Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI).

Bruno Brandao, el director de TI en Brasil, explica que en la actual crisis los Gobiernos “están abriendo extraordinariamente el gasto público” para hacer frente a la crisis y dice que “ahí están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado” obtengan beneficios que solo perjudican al pueblo.

El organismo dice que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada” en América Latina.

Sin embargo en los más de dos meses que lleva la emergencia afectando a la región, que ahora es considerada el nuevo epicentro del virus, los casos de sobreprecios no han tardado en aparecer, desencadenando despidos de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales.

En Ecuador la compra de al menos 7000 kits de alimentos con supuestas ilegalidades consentidas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es uno de los casos de corrución que se presentó. La Contraloría detectó una diferencia entre el precio de los kits comprados y el valor ofrecido por el mismo en otros proveedores.

Los sobreprecios en alimentos también se registraron en la compra de fideos en Argentina, un paquete de 500 gramos fue adquirido en 84,84 pesos ($1,05), cuando el mismo producto cuesta 30 pesos ($0,37) en un supermercado general.
En algunos municipios de Colombia también se detectó sobreprecio, como en el caso de Arauca donde miles de latas de atún que se venden en $1,54 fueron adquiridas en $4,87 para los kits alimenticios.

En Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo y el primero en la región, se presentaron irregularidades en cuanto a la construcción de hospitales de campaña para atender a pacientes con el virus en Río de Janeiro que apuntan al gobernador Wilson Witzel y otros funcionarios, de quienes ya la policía ha realizado allanamientos a sus viviendas.

En la lista figura también Bolivia, donde la denuncia de sobreprecio en la compra de 170 respiradores a una empresa española en medio de la crisis sanitaria y que llevó a la presidenta interina, Jeanine Áñez, a retirar del cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien ya fue detenido.

En Perú se registraron denuncias de corrupción en compras de equipos de bioseguridad y desatención a los policías las que ocasionaron la salida del ministro del Interiorr.

En Panamá, Honduras y Guatemala también se han abierto investigaciones por supuesta corrupción en compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, tras denuncias de varias ONG y de la ciudadanía.
En tanto en Venezuela y Nicaragua, donde las cifras de contagios por el virus son cuestionadas, y figuran entren los países más corruptos de América Latina, no existen registros de compras publicas desde hace más de 20 años, según TI.

Ante estos hechos, TI y sus capítulos presentes en la región, dicen que debe existir publicidad suficiente sobre la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia y evitar pactos entre actores políticos que resulten en especulación de precios de insumos y servicios.

“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan… lograríamos reducirlos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado en la CAF.

Para blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19, la CAF plantea tres ámbitos en que los países de la región deben fortalecerse.

Primero la rendición de cuentas orientada a resultados, para garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales.

En segundo lugar la publicidad de la contratación directa de emergencia que no solo permitirá mostrar a la ciudadanía las actuaciones del Gobierno, sino aumentar el número de ofertas.

Por último la digitalización de todas las etapas de los procesos con un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales como es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. .

“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis, todo lo contrario. Es clave que los gobiernos integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, dice Santiso. (I)

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