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Alerta por aumento de la violencia contra los niños durante la emergencia

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El Consejo de Protección de Derechos de Quito reveló que hay 10 infanticidios y 10 suicidios de menores durante el confinamiento y la emergencia sanitaria por Covid-19, en todo el país.

La vida de Luci (nombre protegido) se cegó pocos meses después de haber cumplido su primer año.

Su padrastro abusó de ella y la mató. Y, aunque nadie se lo hubiera imaginado, su madre fue cómplice del delito.

Esta tragedia ocurrió en la comunidad de La Bramadora, en el cantón El Carmen de la provincia de Manabí.

Este es sólo uno de los casos de agresiones graves contra los niños y adolescentes cometidos en Ecuador en lo que va de 2020.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito reporta un aumento de este tipo de delitos en los dos meses que la población lleva confinada, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Apenas cometido el infanticidio, el padrastro y la madre de Luci intentaron huir pero la comunidad los capturó y los entregó a la Policía Nacional.

Uno de sus agentes levantó un reporte de la detención. Con base en el reporte, según el Consejo de Protección de Derechos, la Fiscalía formuló cargos contra el padrastro pero por una contravención de tránsito y el hombre fue apresado sólo durante 10 días.

Contra la madre, en cambio, no se levantaron cargos y no fue encarcelada. A raíz de este y de otros casos, y ante la falta de datos oficiales, el Consejo recopiló datos en todo el país, basándose en noticias difundidas por los medios de comunicación y en información de las defensorías comunitarias.

Y los resultados de lo que ha sucedido durante la emergencia son escalofriantes:
21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente.
10 menores han sido asesinados por personas de su grupo familiar.
10 menores se han suicidado.

Para contrastar y completar esta información, la organización ha solicitado a las Juntas de Protección de Derechos de todos los cantones del país información de denuncias durante la emergencia sanitaria.

Sin cifras claras
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, alerta que la falta de estadísticas claras sobre violencia contra menores de edad podría alimentar la impunidad.

La Fiscalía ha revelado todos los martes desde que se inicio la emergencia los datos de violencia de género y de violencia intrafamiliar, donde están incluidos los niños, niñas y adolescentes.

El último reporte indica que las personas pusieron 1.166 denuncias en la página web de la Fiscalía. De estas, 768 (66%) fueron validadas y están siendo procesadas como delito.

El Consejo de Protección solicitó la desagregación de los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar cometidos contra menores. Pero, la Fiscalía respondió que el sistema es antiguo y no permite hacerlo.

Otro dato, aunque también sin diferenciación entre personas adultas y menores, que evidencia el aumento de abusos intrafamiliares son las emergencias atendidas por el servicio ECU-911.

Entre el 16 de marzo y el 14 de mayo de 2020, el sistema atendió 14.768 llamados de emergencia por violencia intrafamiliar.

Francisco Cevallos, secretario del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, asegura que estas denuncias se han reducido en relación a lo que ocurría antes de la pandemia.

Pero, aclara el funcionario, la cifra no puede ser considerada como real ya que en este caso las víctimas están confinadas con sus agresores y se les dificulta denunciar.

Pandemia de violencia
La revista médica inglesa The Lancet, a través de un estudio comparativo con otras pandemias, concluyó que este tipo de eventos generan inestabilidad emocional en el 50% de las personas.

Esto se debe, además del confinamiento, a que las personas sufren problemas económicos o de desempleo que pueden ser detonantes de la violencia. Sybel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos, considera que hay que hacer campañas para incentivar las denuncias de los casos de violencia contra menores de edad, para reducir el subregistro y la impunidad.

Por ejemplo, asegura la experta, la campaña debería llegar a los menores a través de sus medios de comunicación preferidos como la red social TikTok.

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por su lado, tiene en vigencia un protocolo especial para prevenir la violencia contra menores, mujeres y adultos mayores, quienes conforman los grupos más vulnerables frente a la violencia intrafamiliar.

Las denuncias se reciben a través del servicio ECU-911 y del número telefónico 1800-Delito. Además, en la opción 6 de la línea 171, que se habilitó exclusivamente para la emergencia, se brinda ayuda psicológica con la colaboración de las facultades de psicología de distintas universidades.

Un nuevo protocolo
El 13 de mayo de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) aprobó el Protocolo para la Articulación de los Sistemas Locales de Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas Adultas Mayores en el Marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19.

El objetivo del documento es garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad y de los ancianos durante la crisis, en tres situaciones:

Cuando los padres y los cuidadores o tutores han fallecido por Covid-19.
Cuando los padres y los cuidadores o tutores han contraído coronavirus y no cuentan con los cuidados y el apoyo familiar necesarios.
Cuando los menores o ancianos han contraído Covid-19 y no cuentan con los cuidados y el apoyo familiar necesarios.

Francisco Cevallos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, aclara que el documento es una guía para la prevención y no significa que haya habido una alerta de niños y ancianos desatendidos por el Covid-19. (I) Primicias

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Incertidumbre en Monte Sinaí luego del desarme de estructuras deshabitadas

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Un contingente de policías nacionales y otro de militares ofrecieron resguardo durante el operativo en contra de las invasiones ejecutado por el Gobierno en la cooperativa Cañaveral, sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Los uniformados tomaron posesión en un cuadrante de al menos ocho manzanas por lado, en una loma de casas de caña, donde habitantes señalaron que cumplieron dos años en el sitio.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares estuvo a cargo del operativo que se desarrolló el jueves 9.

La secretaria Evelyn Montalván indicó que actuaban en flagrancia luego de recibir alertas de ocupación irregular de terrenos.

Resguardada por policías con trajes antimotines, la funcionaria encaró a un ofuscado Gustavo Quiñónez que reclamaba por el posible desalojo de habitantes, pidiendo que se los deje pagar por los terrenos y quedarse allí, puesto que alegó que su familia no tenía otro lugar a donde ir.

La secretaria Montalván sostuvo que no estaban retirando a posesionarios, sino derrocando cerramientos y casas desocupadas.

Aseguró que poseían fotografías que ponían en evidencia qué estructuras son recientes.

Operadores de maquinaria pesada ascendieron a la loma para proceder con el derrocamiento de paredes de caña. No obstante, los moradores las tumbaron al remecerlas.

Peter Padilla, otro posesionario, dijo que temían quedarse sin techo en caso de que en un nuevo operativo ellos no estén presentes para probar que son residentes.

María de la Cruz lamentó el ambiente de incertidumbre que dejaba la acción. Recordó que pagaba renta en la cooperativa Juan Montalvo hasta que recibió la propuesta de tomar un solar en Cañaveral. Este asentamiento está en la zona de La Ladrillera.

30 estructuras

La secretaria Montalván señaló que unas 30 estructuras se habían derrocado en la mañana del jueves 9, que no se habrían registrado detenciones ni altercados. Agregó que la Secretaría Técnica impulsa investigaciones en contra de seis promotores de tierra.

En Cañaveral trabaja la fundación Fábrica de Juguetes. Su representante, Leslye Sánchez, pidió que no los dejen sin el espacio en el que 21 niños reciben clases de inglés, música y de reforzamiento escolar. Dijo que mantiene programas de horticultura y de crianza de pollos, vinculando a la comunidad. (I)

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En junio se contraen créditos de vivienda y consumo, pero suben los productivos

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Los créditos en Ecuador bajaron en junio. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la banca privada alcanzó una cartera de $28 892 millones a junio del 2020, lo que presenta una leve contracción de $102 millones en comparación con mayo 2020, representando una disminución porcentual del 0,35 %.

En medio de la pandemia, y tras varios meses de cuarentena, de todas maneras, la contracción es menor a la de los últimos tres meses y muestra una tendencia favorable. A fines de junio, la cartera bruta registra un incremento, esta vez de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del 2019. Así lo informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

En el tema de cartera, pese a la contracción es interesante señalar que la comercial y productiva subió $93 millones en comparación con el mes pasado. En cambio, la cartera de consumo se contrae en $176 millones, y en lo que va del año consumo ha decrecido $440 millones. También el microcrédito se contrajo en $1 millón, vivienda en $9 millones y cartera automotriz tampoco presenta crecimiento.

En acumulado del 2020 (enero a junio), la cartera se ha contraído en $1137 millones, de los cuales $646 millones corresponden a cartera de empresas (comercial y productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo.

Adicionalmente, junio registró un crecimiento de depósitos de $372 millones (1,12 %) más que en mayo de este mismo año. Asimismo, hubo un incremento de la liquidez a 28,8 %, 3,6 puntos porcentuales mayor en comparación con junio de 2019.

En este sentido, Asobanca considera que las cifras muestran una tendencia de recuperación positiva de los indicadores, pese a la cuarentena.

Tras haberse registrado en marzo y abril caídas de depósitos por $1035 millones, el aumento actual es una noticia positiva. El crecimiento en depósitos registra una variación anual de 6,1 % y un incremento mensual del 1,1 %.

Gonzalo Rueda, de la empresa consultora MarketWatch, coincide en que las cifras reflejan un escenario positivo. Sobre la liquidez explica que en junio hubo un aumento de 3,6 puntos, que representa una mayor confianza de la gente en el sistema financiero. Indica que en cuanto a los depósitos, Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Internacional, Produbanco y Bolivariano presentan un aumento significativo en depósitos. Además recalca que en este mes ingresaron $280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre tanto, MarketWatch señala que la morosidad del sistema en el primer semestre presenta un ligero deterioro cerrando en 2,8 %, levemente mayor a 2,7 % de diciembre de 2019.

Sin embargo, se puede observar que esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de consumo y microcrédito a 60 días. En este sentido, considera que el dato real se verá en el periodo de julio y agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas.

La morosidad en hipotecario sí refleja el deterioro por la situación actual, ubicándose entre 6 % y 7 % en los últimos meses. (I)

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Biess aplicará diferimientos de pagos de hipotecarios que no han sido cancelados durante emergencia por coronavirus

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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) aplicará el diferimiento de las cuotas a créditos que no pudieron ser pagados durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Esto lo dio a conocer en una entrevista el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, el último miércoles.

De acuerdo a información de Diario El Comercio, en la resolución 603 se estableció que los pagos que no se realizaron entre marzo y junio se trasladen al final de la tabla del crédito.

La disposición sexta de la Ley Humanitaria señala que el directorio del Biess «emitirá las resoluciones o ejecutará las acciones necesarias que permitan garantizar la suspensión y refinanciación de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios que mantienen los afiliados, jubilados y beneficiarios de montepío a la seguridad social, basadas en los informes técnicos que garanticen la solvencia y liquidez de los fondos correspondientes».

Además que por solicitud del afiliado, jubilado o beneficiario de montepío, que perdió el empleo durante la crisis sanitaria o tenga una reducción de su capacidad de pago, «se establecerá la suspensión del cobro del préstamo hipotecario y se establecerán los mecanismos de refinanciamiento correspondientes, que se podrá realizar por única vez por el tiempo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Esta suspensión de pago de cuotas no generará intereses o multas».

Hasta el momento la entidad no ha difundido el proceso para acceder a este proceso. Sin embargo, el pasado 4 de julio, a través de redes sociales, le indicaron a un beneficiario de crédito hipotecario que puede solicitar el refinanciamiento a través del solucionesdepago@biess.fin.ec si los ingresos disminuyeron. (I)

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