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Los sobreprecios de la salud en el IESS colapsaron el hospital Teodoro Maldonado Carbo

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«Sé que corre peligro mi familia y que tratarán de mancharme, pero esto debe acabar», denunció en una carta un jefe médico del hospital del IESS de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), en abril del año pasado.

Antes había explicado cómo funcionaba el mecanismo con el que operaba ahí una red de corrupción que se extendió a otras unidades médicas y que ha perjudicado a más de 3 millones de afiliados en el país. Ellos han visto cómo sus aportes se diluyen en contratos con sobreprecios para la compra de mascarillas o fundas para cadáveres mientras, -en medio de una pandemia por el Covid 19- se pierden vidas por falta de médicos, camas de terapia intensiva, equipos respiradores o medicinas.

En su extenso relato, el cirujano contó que en enero del 2018 el entonces gerente general del HTMC, Luis Jairala Zunino, convocó a todos los jefes de áreas para darles una consigna que sorprendió a los especialistas: «El pedido (de compra de insumos médicos) debe ser por un año y no como antiguamente se hacía, trimestral o cuatrimestral». -Jairala aseguró que se hizo esto porque «no había nada en el hospital y la gente se moría».

Las compras debían sustentarse en los informes de bodega, cuyo encargado -señala la denuncia- los presionaba por la supuesta falta de equipos o fármacos y manipulaba el sistema para que la pantalla refleje un stock ‘cero’ que obligue a los jefes a declarar como emergente la adquisición del producto.

Así, en medio de una supuesta urgencia por desabastecimiento, surgió la figura de los «convenios de pago» amparados en una declaración de emergencia, una especie de contratos directos, pero reservados, que aún hoy no constan en los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Una muestra de 18 de esos convenios, analizados en un informe de la Contraloría General del Estado, por montos de $ 364 mil a $ 999 mil, reflejó un perjuicio por $ 11,9 millones para los afiliados del IESS, en el periodo enero-junio del 2018.

Esta cifra no incluye el perjuicio de $ 20,8 millones por la compra insumos y dispositivos que no se utilizaron, de un total de 19 convenios de pago valorados en $ 26,4 millones. Por ejemplo, el 5 de diciembre del 2017 se compraron insumos de cirugía general por $ 793.535, de los cuales no se usaron $ 603.514 porque se había pedido en exceso. Y, en cambio, una compra de 3.600 dosis de Eritropoyetina, necesaria para pacientes con insuficiencia renal que necesitan aumentar sus glóbulos rojos, se compró a $ 154 cada una, cuando el valor no superaba los $ 12. El sobreprecio alcanzó el 1.384%.

«Se manejaba un sistema de contratación púbica externo: los empleados de planta no hacían nada, luego de su salida entraban ‘ellos’ a asignar los contratos», reveló el jefe de otra área clínica del HTMC que prefirió no exponer su nombre para no sufrir amenazas o agresiones que el año pasado ya enfrentaron médicos como Álex Vivas o el exdirector del hospital, Gregorio Mateo. Al primero lo atacaron en su vehículo y al segundo luego de salir de su consultorio. Ambos habían denunciado corrupción, y Mateo había retirado del hospital a personas ajenas que ejercían actividades en el área de compras públicas del HTMC.

Una de estas personas se presentó en diciembre pasado en el área de Presupuesto para presionar a la coordinadora, W. Ordóñez, por un contrato firmado en la gestión de Fadul Jurado como gerente del HTMC, denunció una auxiliar contable de dicha área.

Luego mi jefa me indicó dijo que tenía que sellar (el contrato) sino me sacaba de hospital.., me seguía presionando para que selle dicho proceso, lo cual terminé sellando debido a la presión y amenazas», dijo la funcionaria que se quejó de represalías posteriores.

El hospital Teodoro Alvarado Carbo, el más grande del IESS en la Costa, tocaba fondo. Media docena de funcionarios médicos del HTMC consultados por este Diario dijeron que en la última década el hospital ha sufrido la injerencia de movimientos políticos como Alianza PAIS, Fuerza Ecuador, (antes Partido Roldosista Ecuatoriano), y de otras tendencias afines al oficialismo.

En el área de contratación del HTMC el personal se repartía funciones específicas, detalló un coordinador médico, entre ellas solicitar proformas a proveedores allegados para fijar el precio referencial del contrato o convenio, invitar a proveedores, la mayoría vinculados entre sí para que el elegido pertenezca al mismo grupo empresarial, y finalmente negociar el contrato.

Las proformas para los convenios de pago, todas, se enviaron desde un correo que no pertenecía al IESS (htmc.compras@gmail.com) y los precios de referencia superaban los valores del mercado, refiere Contraloría, aunque Jairala defiende que no hubo sobreprecios porque las compras no llegaban al «precio techo» fijado por el Ministerio de Salud.

Algunos jefes médicos no están de acuerdo. «De los contratos que yo revisé, siquiera 120 contratos tenían sobreprecio», dijo un galeno a quien se delegó para participar en una etapa de negociación, en la que -asegura- logró descuentos del 30, 40 y hasta el 75%, cuando lo máximo histórico había sido 5%.

La facilidad, rapidez y reserva con la que se firmaban los convenios disparó las cifras. En el 2016 los convenios significaban el 5% de los $ 112 millones en compras, pero en el 2018 el porcentaje subió al 30%, es decir que los convenios pasaron de $ 6 millones a $ 125 millones, un incremento de 1011%, hasta mediados del 2018, según los registros del HTMC.

Los procesos para los contratos, en cambio, tomaban más tiempo, debían cumplir los requisitos de un concurso y publicarse en el portal web de Contratación Pública. Estas formalidades no impidieron la queja de algunos proveedores que denunciaron direccionamiento de contratos, sobreprecios y la exigencia de coimas para las adjudicaciones.

Uno de ellos, el dueño de empresa dedicada a la fabricación de prótesis, contó su experiencia en uno de los concursos en el 2018: «Aplicamos para ver si ganábamos, pero nos visitaron dos tramitadores de Guayaquil y uno de Quito, para ofrecernos ganar. El precio que se había fijado por unas 100 prótesis era de $ 830 mil, ahí estaba incluida la coima que había que repartir, la mayor parte, al director, y de ahí al resto».

El monto fijado por el hospital, dice el proveedor, superaba el doble del valor real. «Hasta en $ 300 mil podíamos haber hecho las 100 prótesis», dijo el empresario, quien hizo llegar a este diario su oferta por $ 391 mil, rechazada por el hospital, según dice, porque no aceptó pagar la coima.

«Me dijeron que del 70% del anticipo que me daban yo debía pagar una parte de la coima, y del 30% restante la otra parte», recordó este proveedor, quien no ha vuelto a participar. «En el 2019 ni metí los papeles, porque era una pérdida de tiempo». En cambio, se quejó, porque ha recibido a afiliados que lo han buscado para que repare algunas prótesis mal confeccionadas por la contratista elegida por el IESS. (I)
El Universo

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Pleno de la Asamblea Nacional debate sobre juicios y recortes

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La presión de las bancadas por llevar a juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez, se medirá en el pleno de la Asamblea este martes.

El presidente de la Función Legislativa, César Litardo (AP), convocó para el 2 de junio a la plenaria para tratar cinco temas y uno de ellos es el proyecto de resolución para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conozca los pedidos de interpelación contra el ministro.

Y es que la semana pasada, 83 legisladores, incluidos ocho de Alianza PAIS, apoyaron la moción del correísta Juan Lloret para incluirlo en el debate.

También se debatirá si la Asamblea exigirá al Gobierno la restitución de fondos recortados a la educación. Y los informes para las leyes contra consumo y microtráfico de drogas, reformas al Código de la Función Judicial y la ley para la palma aceitera.

Unos 60 funcionarios han comparecido ante las comisiones para explicar su trabajo durante la pandemia sobre la atención hospitalaria, sobreprecios en compra de insumos médicos, despidos, educación, transporte, turismo y producción.

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En el Día Internacional del Niño: personajes de libros que ellos aman leer

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Un personaje cautivador engancha a los niños en un libro, que a veces se convierte en una serie, y se vuelve inolvidable. Aunque el niño crezca, y con él sus lecturas, siempre lo mirará con cariño, y pronto tratará de compartirlo con nuevos lectores.

Por supuesto, al leer, el niño adquirirá fluidez de lenguaje, habilidades de comprensión y vocabulario y una curiosidad creciente. Pero también habrá elegido por sí mismo a personajes que lo acompañarán el resto de su vida y le aportarán muchas de sus maneras de pensar, hablar y reaccionar ante lo inesperado y lo difícil.

Ni infantil ni menor

A los libros que leen los niños se los suele etiquetar como literatura infantil. Los autores no están muy de acuerdo. “Simplemente existe la literatura”, dice el crítico e investigador literario venezolano Fanuel Hanán Díaz, haciendo eco del poeta cubano Eliseo Diego: los niños y jóvenes se han apropiado de ciertos libros aunque no estaban pensados para ellos.

Ahí están Robinson Crusoe o Los viajes de Gulliver y los cuentos de los hermanos Grimm, que siguen evolucionando, porque los niños no tienen intención de perdérselos.

El mago y el príncipe

Fueron ocho películas, pero antes de eso fueron siete libros (más los manuales y los cuentos cortos). El personaje de Harry Potter, –el niño que vivió– creció con sus lectores, o ellos con él, y vuelve a empezar la historia con una nueva generación de lectores de todas las edades.

¿Es El principito un libro para niños? Su protagonista es niño. Sus lectores son universales. Y es la prueba de que los niños pueden leer sobre cualquier tema, siempre que se puedan identificar. Que tienen emocionalidad e inteligencia más amplias de lo que pensamos. Los que lo leímos en la infancia volvemos a él en algún momento de la vida adulta, a que un niño que vive en un planeta minúsculo nos hable sobre la amistad, la vida y la muerte.

El de hoy: Greg Heffley

Algunas encuestas sobre el libro más leído apuntan a un personaje que no es el modelo de conducta que quisieran los padres, pero sí el personaje con el que ríen los niños. Greg (El diario de Greg) es perezoso, astuto, bastante egoísta (la niñez es la etapa del egoísmo, dicen ciertas corrientes de la psicología) y tiene una gran debilidad por los videojuegos y recelo de las actividades al aire libre. Quienes buscan moralejas tal vez no le verán la gracia. Pero los niños rara vez están buscándolas. Quieren emocionarse, eligen divertirse.

El autor Jeff Kinney le dio a Greg unos padres con unas expectativas muy altas, pero con muchas deficiencias cuando se trata de dar el ejemplo. ¿Reírse de los mayores? Impensable. Excepto si uno es un niño.

Pero también las niñas

¿Una niña con fuerza sobrehumana que vive sola con una bolsa de oro, un mono y un caballo? Genial, dicen los chicos. Pippi Calzaslargas es creación de Astrid Lindgren, en cuyo honor el Gobierno sueco entrega un premio anual de cinco millones de coronas a escritores, ilustradores, narradores orales y promotores de lectura, uno de los más ricos galardones literarios en el mundo.

Cerca de Pippi está Matilda (Roald Dahl), declarada insolente por sus padres, la policía, la directora de la escuela y los adultos en general, excepto por la maestra, quien le asegura a Matilda que no es extraña por querer leer, jugar y ser escuchada. Matilda pasa de ser silenciada a tener el control de la situación, y decide cuidar de sí misma, de su maestra (y dar una mano a sus padres también, porque después de todo, son familia).

En Ecuador, la escritora Mónica Varea creó a Margarita Bernal, Margarita Peripecias, una niña de buen corazón y gran habilidad para meter la pata. La promotora de lectura Catherine Olmedo la cita como una de las preferidas, así como Ant y H, de Amigo se escribe con H (de María Fernanda Heredia). (I)

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Compras públicas durante la crisis sanitaria avivan la corrupción en la región

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La pandemia de COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a realizar compras urgentes de bienes e insumos y a contratar servicios muchas veces esquivando pasos en los procesos de compras debido a la emergencia y dando pie a que la corrupción se haga presente.

“En la situación de emergencia de salud en la que está la población hay que responder con herramientas de transparencia”, afirma Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI).

Bruno Brandao, el director de TI en Brasil, explica que en la actual crisis los Gobiernos “están abriendo extraordinariamente el gasto público” para hacer frente a la crisis y dice que “ahí están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado” obtengan beneficios que solo perjudican al pueblo.

El organismo dice que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada” en América Latina.

Sin embargo en los más de dos meses que lleva la emergencia afectando a la región, que ahora es considerada el nuevo epicentro del virus, los casos de sobreprecios no han tardado en aparecer, desencadenando despidos de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales.

En Ecuador la compra de al menos 7000 kits de alimentos con supuestas ilegalidades consentidas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es uno de los casos de corrución que se presentó. La Contraloría detectó una diferencia entre el precio de los kits comprados y el valor ofrecido por el mismo en otros proveedores.

Los sobreprecios en alimentos también se registraron en la compra de fideos en Argentina, un paquete de 500 gramos fue adquirido en 84,84 pesos ($1,05), cuando el mismo producto cuesta 30 pesos ($0,37) en un supermercado general.
En algunos municipios de Colombia también se detectó sobreprecio, como en el caso de Arauca donde miles de latas de atún que se venden en $1,54 fueron adquiridas en $4,87 para los kits alimenticios.

En Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo y el primero en la región, se presentaron irregularidades en cuanto a la construcción de hospitales de campaña para atender a pacientes con el virus en Río de Janeiro que apuntan al gobernador Wilson Witzel y otros funcionarios, de quienes ya la policía ha realizado allanamientos a sus viviendas.

En la lista figura también Bolivia, donde la denuncia de sobreprecio en la compra de 170 respiradores a una empresa española en medio de la crisis sanitaria y que llevó a la presidenta interina, Jeanine Áñez, a retirar del cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien ya fue detenido.

En Perú se registraron denuncias de corrupción en compras de equipos de bioseguridad y desatención a los policías las que ocasionaron la salida del ministro del Interiorr.

En Panamá, Honduras y Guatemala también se han abierto investigaciones por supuesta corrupción en compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, tras denuncias de varias ONG y de la ciudadanía.
En tanto en Venezuela y Nicaragua, donde las cifras de contagios por el virus son cuestionadas, y figuran entren los países más corruptos de América Latina, no existen registros de compras publicas desde hace más de 20 años, según TI.

Ante estos hechos, TI y sus capítulos presentes en la región, dicen que debe existir publicidad suficiente sobre la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia y evitar pactos entre actores políticos que resulten en especulación de precios de insumos y servicios.

“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan… lograríamos reducirlos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado en la CAF.

Para blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19, la CAF plantea tres ámbitos en que los países de la región deben fortalecerse.

Primero la rendición de cuentas orientada a resultados, para garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales.

En segundo lugar la publicidad de la contratación directa de emergencia que no solo permitirá mostrar a la ciudadanía las actuaciones del Gobierno, sino aumentar el número de ofertas.

Por último la digitalización de todas las etapas de los procesos con un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales como es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. .

“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis, todo lo contrario. Es clave que los gobiernos integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, dice Santiso. (I)

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