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Las medidas de prevención en los mercados se respetan de la puerta para afuera

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A los vecinos que acuden a los centros de abastos, especialmente en las zonas más populares, les molesta la obligatoriedad de usar mascarilla y guantes. Tampoco acatan la distancia de un metro entre cada persona.

Mantener una distancia mínima de un metro entre cada persona y utilizar mascarilla y guantes son las medidas de seguridad implementadas que casi nadie respeta en los mercados de Guayaquil.

En el mercado Norte, ubicado en las calles Piedrahíta y Boyacá, en el centro de la urbe, la fila empieza a formarse poco antes de las 06:00, hora en que la plaza abre sus puertas durante la emergencia sanitaria.

A pesar de que las autoridades han sido reiterativas en pedir que las compras las realice un solo ciudadano por vivienda, para los vecinos del barrio esta no es más que una sugerencia que no están dispuestos a acatar.

Así, una mujer de mediana edad, con ropa deportiva, espera su turno acompañada de su esposo, hija y quien bien podría ser su madre o suegra. En cualquiera de los casos, una persona de la tercera edad.

En un hecho poco usual en el puerto principal, la puerta del mercado efectivamente abre a las 06:00, es decir, puntual; es hasta este momento que dura el supuesto orden y la compostura.

A medida que empiezan a ingresar, la brecha entre vecinos se va reduciendo. Un metro, ochenta centímetros, medio metro, un brazo. Para cuando el guardia dice “hasta aquí el primer grupo”, la distancia entre persona y persona difícilmente supera los 20 centímetros.

Los minutos pasan, la espera desespera y no demora en aparecer la primera queja. “Qué desgracia. Tenemos que esperar tanto porque el ‘bigotón’ regaló el antiguo edificio; ese era más grande, ahí entraba más gente”, reclama un hombre que lleva pantalón corto, sandalias y camiseta sin mangas (para no aguardar bajo el sol se protege en la sombra de un pilar).

Tras una espera de 25 minutos, el celador permite el ingreso del segundo grupo. Uno a uno empieza a aplicar gel desinfectante en las manos de los compradores, quienes una vez adentro lo primero que hacen es quitarse guantes y mascarilla. “Al fin entramos, ahora si nos podemos sacar tanta pendejada que están obligando a usar”, dice en voz baja y con claro tono de malestar la misma mujer que llegó acompañada de familia y media.

Otro más consciente de la emergencia en el país reprueba esta actitud con un comentario lanzado al aire. “Ignorantes, uno busca protegerse lo más que puede y estos se creen futbolista ingresando al cambio, que ni bien entran se sacan la camiseta del pantalón. Estos, en cambio, se sacan la mascarilla”.

En el interior de la plaza la situación ya es caótica y preocupante. Por un lado solo un puesto de vegetales está bien surtido y las personas ya han formado el clásico círculo del desorden. Todos piden y todos quieren ser atendidos primero. Y a la tendera no le importa más que vender y seguir vendiendo.

Algunos residentes que aguardan entrar en el tercer grupo, optan por retirarse ante el evidente desorden. “Me voy a comprar al supermercado nomás, aunque esté más caro, hay menos posibilidades de infectarse”, dice una joven mujer que se encuentra tercera en la fila de espera.

Al escucharla y ver su intención de desertar, vuelve a mí el recuerdo de la mala experiencia del día anterior. Me acerco a ella y le digo: “si está pensando ir al Tía, allá la cosa está igual o peor”. Me mira fijamente y resignada regresa a su lugar. (I)

En el mercado Grau Ruiz, en el Suburbio, se irrespeta la capacidad de clientes.

Aquí tampoco usan guantes ni mascarilla. Foto: Danny Mera / El Telégrafo

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Juez emite medidas sustitutivas a prefecto Carlos Luis Morales: prohibición de salir del país y uso de dispositivo de vigilancia

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El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, tiene prohibido salir del país, deberá presentarse de forma periódica ante las autoridades de justicia y portará un dispositivo de vigilancia.

Así lo dictaminó este jueves un juez tras la audiencia de formulación de cargos que duró más de cinco horas en la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil.

La Fiscalía formuló cargos contra Morales y otras siete personas que son investigadas por el presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en el Gobierno Provincial del Guayas (Prefectura del Guayas).

El prefecto fue detenido la mañana del miércoles en una urbanización de la vía a Samborondón. Ayer, además, su domicilio fue allanado. (I)

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En su última subasta de bienes, Inmobiliar buscará $18 millones

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El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, más conocido como Inmobiliar, abrirá este lunes el proceso de regularización de documentos para lo que será su última subasta de bienes muebles e inmuebles como institución autónoma.

A mediados del mes pasado, el presidente Lenín Moreno dispuso la extinción de varias entidades del sector público, en atención a la crisis que aqueja al país por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En dicha subasta, que aún no tiene fecha, la entidad sacará a la venta bienes, entre terrenos, departamentos, bodegas y oficinas, con los que espera recaudar unos $18 millones. Este monto se sumará a los más de $121 millones que logró en procesos previos desde el 2016.

El Decreto 1068 da un plazo de 90 días para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOTP) asuma la administración de los bienes que tiene a cargo Inmobiliar, y que son de tres tipos, explica su director, Nicolás Issa Wagner.

Los permanentes, que son los bienes del Estado como tal, y entre los que se cuentan los 22 edificios en los que funcionan dependencias públicas, como las Plataformas Social y Financiera en Quito, el Gobierno Zonal y el edificio Joaquín Gallegos Lara o Makro, en Guayaquil, y otros.

Los transitorios, que suman 4780, y que provienen de diferentes fuentes: el Banco Central del Ecuador (BCE), la desaparecida Ugedep (que administraba los bienes de la banca cerrada) y el extinto Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

La mayoría de estos tiene algún problema legal por lo que no han podido venderse, pero sí pueden arrendarse. Aquí hay desde casas y lotes hasta locales comerciales, parqueos, cuadros, lavadoras y juguetes.

Y los incautados, que son aquellos que fueron tomados en operativos por delitos de narcotráfico o lavado de activos, y que están en depósito. En este apartado hay, también, dinero en varias monedas que suman $18 millones.

Estos tampoco pueden venderse hasta que no se resuelvan los procesos penales que derivaron en su comiso.

Issa explica que el decreto dispone preparar una nueva estructura y un nuevo modelo de gestión. “En eso es lo que estamos trabajando, ya hemos tenido tres reuniones con el Ministerio de Finanzas, Planifica Ecuador (antes Senplades) y el MTOP, para definir cuántas personas se van a quedar. La responsabilidad es del MTOP, pero como nosotros conocemos cómo es el funcionamiento, la estamos trabajando internamente”, señala.

Actualmente, Inmobiliar tiene 710 empleados. Y maneja un presupuesto de unos $50 millones. De ellos, $25 millones se usan para pagar los servicios básicos (agua, energía eléctrica y otros) de todos los bienes a su cargo; $10,5 millones para los sueldos; y lo restante para mantenimiento y compras de las edificaciones y vehículos.

Issa agrega que, de todas las instituciones que se eliminarán por disposición presidencial, Inmobiliar era la única que generaba ingresos al Estado: $40 millones al año, en promedio, que se depositaban en la Cuenta Única del Tesoro.

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, espera que el traspaso sea “lo más ligero posible”, en el sentido de que no represente mucha carga para esa secretaría.

“Estamos evaluando la estructura que tiene Inmobiliar y la del ministerio a nivel nacional, para saber si vamos a poder absorber sus responsabilidades de manera óptima. Inmobiliar tiene más de 4000 bienes, tendríamos que conservar algo de su estructura si es que no tenemos toda la capacidad y además estamos recibiendo bienes de Secob y Ecuador Estratégico”.

El ministro confirma que Issa se halla en la tarea de definir estrategias para delegar o reasignar el manejo de estos bienes antes de los 90 días de plazo que menciona el decreto. Si no se lo consigue, asumirán todo tal cual esté. (I)

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Primera acción de Fuerza de Tarea de Fiscalía: 37 allanamientos en Quito y Guayaquil y 17 detenidos

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La flamante Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para combatir la corrupción en tiempos del COVID-19 dio un golpe contundente en 3 de los 45 casos denunciados durante la emergencia sanitaria. Desde la madrugada de ayer hasta el mediodía se desarrollaron 37 allanamientos en Quito y Guayaquil.

Asimismo se realizaron 17 detenciones, entre ellas las del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; del exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS; y del gerente de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, Guido Andrade Bastidas.

Estos apresamientos y allanamientos están ligados a tres casos específicos. El del prefecto Morales tiene relación con la investigación sobre supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, así como la contratación de una empresa ligada a otras manejadas por familiares, como su esposa e hijastros del funcionario, según la Fiscalía. Con Morales, doce personas están involucradas, entre ellas la esposa y los hijastros. Siete están presas.

Lo de Bucaram se debe a las investigaciones iniciadas por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, y por delincuencia organizada. Durante el operativo, los policías encontraron un arma, documentos e insumos médicos, mascarillas y pruebas rápidas que, según la fiscal Diana Salazar, son de aquellas que se hallaron en el hospital, cuyas instalaciones también fueron allanadas en horas de la mañana. El exgerente de esa casa de salud Luis Jairala Zunino también fue apresado.

Salazar señaló que la detención de Bucaram era por el arma, pero también por la relación con las compras del Teodoro Maldonado Carbo.

El tercer caso es por presunto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, del Municipio capitalino. Con el gerente son cinco detenidos, según la Fiscalía.

La fiscal Salazar, en una rueda de prensa que dio al mediodía en Guayaquil junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que en Guayas la Fiscalía investiga tres delitos: peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada. En Pichincha se investiga el delito de peculado alrededor de los contratos adjudicados por la Empresa Metropolitana de Agua.

Estas acciones son las primeras que desarrolla la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que creó Salazar y cuyo anuncio lo hizo el lunes en Quito. El martes, en Guayaquil, dio a conocer que al trabajo de la Fiscalía en esa unidad se sumaba un grupo especial de la Policía. En esa presentación de alianza estuvieron la ministra Romo y el comandante general de la Policía, Patricio Carillo.

La Fuerza de Tarea creada en Fiscalía durará, según Salazar, hasta cuando se haya culminado con el último de los procesos que se den dentro de esta crisis sanitaria. “No más impunidad. (…) No es posible que escándalo tras escándalo entonces cubra lo uno, cubra lo otro y nos vayamos olvidando”, comentó Diana Salazar.

Son alrededor de 45 miembros de la Fiscalía y grupos especiales de la Policía que forman esta unidad. Tres fiscales de la Unidad de Transparencia, cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, los fiscales provinciales de Manabí, Carchi, Guayas y Chimborazo, 24 fiscales de apoyo, un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad interagencial con policías especializados en esta clase de investigaciones conformarán dicha fuerza.

Por ello, los casos de Guayas serán conocidos por fiscales de otras provincias. La Fiscalía de Guayas conocerá los casos de otras jurisdicciones. Salazar dijo que así se evitan compadrazgos y familiaridad.

La ministra Romo indicó que la Policía seguirá con su trabajo, pues no estaba terminado: “La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces determinan si se dictan o no medidas cautelares y cómo avanzan los procesos, por su parte la Policía actúa cumpliendo todos los procedimientos.

El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló en Twitter: “Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos”. (I)

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