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Fiscalía tiene menos dinero para el 2020; hay reclamos

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Las oficinas fiscales tienen necesidades, pero sus ingresos económicos están a la baja. El año pasado, la entidad tuvo un presupuesto de USD 145,4 millones. Pero para este año se reporta una reducción del 4,7%. Se ubica en USD 138,8 millones.

En el departamento que gestiona recursos para la Fiscalía se sabe que hay problemas en la infraestructura o daños en equipos que conforman las cámaras de Gesell, usadas para grabar testimonios de víctimas. Además, urge renovar 4 000 computadoras, pues no han sido actualizadas desde el 2008.

Los estudios realizados internamente muestran que también se necesita construir nuevas unidades de investigación. Por ejemplo, en el cantón Rioverde, Esmeraldas, no existe una oficina fiscal. Los usuarios que necesitan denunciar deben viajar una hora en bus a la capital provincial.

En esa jurisdicción se requiere una tercera Unidad de Soluciones Rápidas, encargada de indagar delitos como robo, hurto, amenazas y estafas. Las dos oficinas que operan hoy recibieron 2 200 casos solamente en el 2018.

Mercy Guzmán, coordinadora de Gestión de Recursos, asegura que por las limitaciones económicas no es posible construir nuevos despachos este año. En la planificación tampoco se incluyó la creación de más oficinas especializadas para indagar casos de desaparecidos, como lo establece la Ley de Desaparecidos, vigente desde el martes pasado.

Guzmán asegura que la reducción de recursos además tendrá un impacto negativo en la contratación de nuevos funcionarios. “Con el dinero que se nos asignó podremos financiar el personal que tenemos, pero no incrementarlo”.

En el país faltan 451 fiscales, para poder evacuar los casos. El personal que indaga denuncias por robo, por ejemplo, dice que no pueden tramitar todo y priorizan los casos más graves, los que tengan fuertes indicios y aquellos en el que los afectados hacen un seguimiento permanente. Para delincuencia organizada hay siete agentes y únicamente el año pasado llegaron 115 nuevos procesos legales.

Inicialmente, Fiscalía solicitó al Ministerio de Finanzas USD 169 millones, pero no se concretó. Esos recursos económicos se necesitaban para que se contrate 17 agentes investigadores para Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y las provincias de la Amazonía. De hecho, esa solicitud de fiscales fue remitida al Consejo de la Judicatura en abril del año pasado.

El Ministerio de Finanzas indicó a este Diario que en la Proforma 2020 se redujeron los recursos de todas las entidades públicas, excepto de Salud y de Educación. Añadió que esa disminución fue parte de los compromisos que el Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La fiscal general, Diana Salazar, ya advirtió al Pleno de la Asamblea que la entidad requiere más dinero. “¿Cómo atender las urgentes demandas ciudadanas de un acceso digno, cercano y diligente a la justicia si, mientras las noticias del delito aumentan cada año, el presupuesto asignado a la institución se reduce?”.

Dentro de la asignación económica de este año se otorgaron USD 105,9 millones para el pago de sueldos a fiscales, asistentes y secretarios. Además, el 7,2% del total se destinará para inversión.

El 24 de septiembre del año pasado, la Fiscalía envió un informe al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para solicitarle recursos para reparar las instalaciones de la Fiscalía de Chone, pues la estructura del edificio se afectó después del terremoto del 2016. Para eso se estableció USD 164 608.

En ese documento se pidió un monto adicional de USD 955 038 para ejecutar un proyecto de readecuación de la infraestructura de las oficinas de Guaranda, Babahoyo, San Lorenzo, Portoviejo, Tena y en los cantones de la provincia de Orellana.

En estos lugares se tiene previsto mejorar la fachada, ampliar el área de atención al cliente y arreglar los equipos tecnológicos. En estas ciudades, las cámaras de Gesell no operan correctamente. Eso dificulta obtener el testimonio de víctimas. En San Lorenzo no hay buena acústica y las grabaciones de audio son de baja claridad. (El Comercio)

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Sector automotor de Ecuador hace pedidos a Gobierno para reactivación

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Con una previsión que sitúa la caída de ventas del 41 % para este 2020, el sector automotor presentó ayer lineamientos para su plan de reactivación, en el que se incluyen medidas que requerirán apoyo gubernamental.

Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), indicó que a más de resolver problemas coyunturales surgidos por el COVID-19, el sector requiere que desde el Estado se solucionen aspectos estructurales.

El dirigente señaló que se necesita que el usuario ecuatoriano pueda tener mejores condiciones para acceder a un vehículo. El dirigente dijo que los ecuatorianos están afrontando costos excesivos, producto de una carga tributaria alta.

Baldeón aseguró que hay el desafío de ir hacia una reforma sensata. “Estamos convencidos de que si hay una racionalización de los impuestos a los vehículos, todos vamos a ganar”, dijo.

La Aeade también puso sobre la mesa los problemas que están generando una serie de requisitos que se exigen para acceder al crédito automotor. “Hoy tenemos regulaciones que encarecen el acceso a ese financiamiento”, aseguró Baldeón.

En ese sentido, Baldeón pidió que se derogue una resolución que establece un patrimonio técnico y garantías que son “desproporcionadas” para obtener un préstamo.

Este gremio también cuestionó que se haya fijado una moratoria para la creación de nuevas empresas de transporte.

La Aeade estimó que debido al escenario generado por el COVID-19 se prevé comercializar 78 000 unidades este año.

El año pasado, la facturación del sector estuvo en $10 161 millones, el 10 % del producto interno bruto (PIB). Hasta julio de este 2020, la facturación bordea los $2624 millones.

Para tratar de empujar las ventas, la Aeade realizará por diez días una feria virtual. Esta arrancará el 13 de agosto a través del portal https://autosale.ec/.

Karla Reinoso, funcionaria de la Aeade, señaló que en la cita participarán 34 marcas de vehículos livianos, 12 de vehículos comerciales, 5 de motos, entre otras. Estará disponible del 13 al 23 de agosto.

China se convirtió este año en el proveedor número uno de los vehículos que se expenden en el mercado de Ecuador.

Según la Aeade, los vehículos provenientes de China pasaron de enero a julio a captar el 26 % de la participación.

La cuota de los vehículos ensamblados en Ecuador cedió terreno al ubicarse con el 15 %.

Esa nueva composición se da por el cierre de casi dos meses de las plantas en Ecuador debido a la pandemia del coronavirus.

Los carros que provienen de Colombia ocupan el 13 %; los de Corea del Sur, el 11 %; México, el 9 %; la UE, el 6 %, al igual que Japón.

China venía creciendo en participación en los últimos años en el mercado ecuatoriano por la banda de precios que manejaban y la variedad de modelos. De China no solo vienen carros a gasolina sino eléctricos. (I)

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Quito va a los 17 000 casos; pero hay camas libres para COVID-19, señala ministro de Salud

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Cinco meses después del inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador, Pichincha, de la mano de Quito, es la provincia con más contagios. Ayer superó a Guayas.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud hubo 18275 casos de coronavirus en Pichincha. En Guayas 17 936. En Quito, 16 520.

En un intento por detener el aumento de casos en la capital, se aplican más controles en siete parroquias desde hace 15 días, los fines de semana.

Autoridades del Gobierno y locales hicieron un análisis de que el toque de queda se inicie a las 19:00 y de la prohibición de venta de licor.

De acuerdo con el ECU911, del 31 de julio al 3 de agosto y del 7 al 10 de agosto se redujeron las aglomeraciones el 7% y el irrespeto al toque de queda 18 %. Aumentaron las fiestas clandestinas el 86 %, así como los escándalos 14 %; y el 7%, los libadores.

Mientras, desde que se inició agosto, la atención en salud para tratar coronavirus está “bien estable”, según dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una entrevista.

El funcionario sostuvo que entre 4 y 6 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) están siendo liberadas de forma permanente y hay de 40 a 60 camas disponibles para los casos de hospitalización.

Zevallos expresó que, por ejemplo, en UCI se aumentó de 61 a 162 camas.

En el hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estaban ocupadas 182 de las 206 camas para la atención en hospitalización. Las del UCI están copadas al 100 %.

El titular del MSP agregó que cuánto contagia una persona a otra o los casos efectivos de reproducción están bajando, incluida Pichincha, provincia que ha llegado a menos 1, que, aseguró, es el índice ideal.

Esa cartera de Estado lleva adelante un estudio que busca determinar el porcentaje de personas que han desarrollado anticuerpos, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto, indicó ese ministerio, permitirá conocer cuáles son las características en Quito.

Con ese objetivo, 50 brigadas tomaron 2000 pruebas rápidas a mayores de 18 años, en 27 parroquias urbanas y rurales.

Algunos de los barrios en los cuales se tomaron las pruebas rápidas fueron: Calderón, Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, Pomasquí, al norte. Al sur: La Magdalena, Solanda, San Bartolo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, entre otros. (I)

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Consejo Electoral abre nueva etapa de 30 días para revisar las pruebas de descargo a cuatro movimientos políticos

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Quito –

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se tomará 30 días más para revisar las pruebas que presentaron las cuatro organizaciones políticas que están en etapa de investigación de cómo se dio su inscripción, por recomendación de la Contraloría General del Estado.

En medio del periodo de democracias internas para elegir candidatos para las elecciones nacionales del 2021 que rige desde el 9 al 23 de agosto, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social se mantendrían suspendidos en su actividad política, mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no resuelva la apelación que hizo el CNE a la decisión del juez Fernando Muñoz, que dejó sin efecto el inicio de la revisión administrativa de las cuatro agrupaciones.

La mañana de este martes, en un plenario virtual, los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero votaron afirmativamente por un informe de la Dirección Jurídica que les recomendó aperturar un periodo de prueba de 30 días para que se realice la práctica de los elementos probatorios, que presentaron los cuatro movimientos nacionales.

Esto, después de que resolvieron el 19 de julio dar un plazo de 10 días para que presenten sus pruebas, frente a las recomendaciones de la Contraloría establecidas en una auditoría, de que deben ser extinguidas del Registro Permanente de Organizaciones Políticas por existir inconsistencias en las firmas que presentaron para su inscripción. En esa resolución, también aprobaron como medida cautelar suspenderlas, mientras se resuelve su situación jurídica.

Pita esgrimió que el Consejo, debería esperar la resolución del TCE antes de seguir tomando decisiones; Verdesoto anotó que la situación de estas cuatro organizaciones nació por decisión de los tres consejeros de mayoría y son ellos los que deben resolverlo.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad los reglamentos de inscripción de candidaturas para las elecciones generales del 2021, y de pronósticos electorales.

Una de las medidas que se adoptan en el reglamento de inscripción de candidatos, es que las organizaciones políticas podrán inscribirlos a través de un sistema informático que pondrá en vigencia el CNE para el efecto; o, podrán hacerlo de manera presencial pero con “previa cita y debiendo cumplir con los protocolos de bioseguridad correspondientes”, debido a la pandemia del COVID-19.

También se estipula que a las organizaciones políticas que presenten una sola lista, no se exigirá el requisito de encabezamiento de listas por mujeres.

También aprobaron la convocatoria a un tercer consejo consultivo virtual con las organizaciones políticas, previsto para el 17 de agosto, en el que se tratarán temas relacionados con la aprobación de otros reglamentos, así como las reuniones que estaría manteniendo el CNE con las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para la organización de las votaciones del 7 de febrero del próximo año. (I) Fuente: El Universo

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