Fiscalía tiene menos dinero para el 2020; hay reclamos

Las oficinas fiscales tienen necesidades, pero sus ingresos económicos están a la baja. El año pasado, la entidad tuvo un presupuesto de USD 145,4 millones. Pero para este año se reporta una reducción del 4,7%. Se ubica en USD 138,8 millones.

En el departamento que gestiona recursos para la Fiscalía se sabe que hay problemas en la infraestructura o daños en equipos que conforman las cámaras de Gesell, usadas para grabar testimonios de víctimas. Además, urge renovar 4 000 computadoras, pues no han sido actualizadas desde el 2008.

Los estudios realizados internamente muestran que también se necesita construir nuevas unidades de investigación. Por ejemplo, en el cantón Rioverde, Esmeraldas, no existe una oficina fiscal. Los usuarios que necesitan denunciar deben viajar una hora en bus a la capital provincial.

En esa jurisdicción se requiere una tercera Unidad de Soluciones Rápidas, encargada de indagar delitos como robo, hurto, amenazas y estafas. Las dos oficinas que operan hoy recibieron 2 200 casos solamente en el 2018.

Mercy Guzmán, coordinadora de Gestión de Recursos, asegura que por las limitaciones económicas no es posible construir nuevos despachos este año. En la planificación tampoco se incluyó la creación de más oficinas especializadas para indagar casos de desaparecidos, como lo establece la Ley de Desaparecidos, vigente desde el martes pasado.

Guzmán asegura que la reducción de recursos además tendrá un impacto negativo en la contratación de nuevos funcionarios. “Con el dinero que se nos asignó podremos financiar el personal que tenemos, pero no incrementarlo”.

En el país faltan 451 fiscales, para poder evacuar los casos. El personal que indaga denuncias por robo, por ejemplo, dice que no pueden tramitar todo y priorizan los casos más graves, los que tengan fuertes indicios y aquellos en el que los afectados hacen un seguimiento permanente. Para delincuencia organizada hay siete agentes y únicamente el año pasado llegaron 115 nuevos procesos legales.

Inicialmente, Fiscalía solicitó al Ministerio de Finanzas USD 169 millones, pero no se concretó. Esos recursos económicos se necesitaban para que se contrate 17 agentes investigadores para Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y las provincias de la Amazonía. De hecho, esa solicitud de fiscales fue remitida al Consejo de la Judicatura en abril del año pasado.

El Ministerio de Finanzas indicó a este Diario que en la Proforma 2020 se redujeron los recursos de todas las entidades públicas, excepto de Salud y de Educación. Añadió que esa disminución fue parte de los compromisos que el Ecuador firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La fiscal general, Diana Salazar, ya advirtió al Pleno de la Asamblea que la entidad requiere más dinero. “¿Cómo atender las urgentes demandas ciudadanas de un acceso digno, cercano y diligente a la justicia si, mientras las noticias del delito aumentan cada año, el presupuesto asignado a la institución se reduce?”.

Dentro de la asignación económica de este año se otorgaron USD 105,9 millones para el pago de sueldos a fiscales, asistentes y secretarios. Además, el 7,2% del total se destinará para inversión.

El 24 de septiembre del año pasado, la Fiscalía envió un informe al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para solicitarle recursos para reparar las instalaciones de la Fiscalía de Chone, pues la estructura del edificio se afectó después del terremoto del 2016. Para eso se estableció USD 164 608.

En ese documento se pidió un monto adicional de USD 955 038 para ejecutar un proyecto de readecuación de la infraestructura de las oficinas de Guaranda, Babahoyo, San Lorenzo, Portoviejo, Tena y en los cantones de la provincia de Orellana.

En estos lugares se tiene previsto mejorar la fachada, ampliar el área de atención al cliente y arreglar los equipos tecnológicos. En estas ciudades, las cámaras de Gesell no operan correctamente. Eso dificulta obtener el testimonio de víctimas. En San Lorenzo no hay buena acústica y las grabaciones de audio son de baja claridad. (El Comercio)

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