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ZAMORA CHINCHIPE

Fiscalía investiga a 24 personas que habrían participado en las protestas del mes de octubre

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Eduardo Moreno, fiscal provincial de Zamora Chinchipe se refirió a los procesos penales que se siguen luego de las manifestaciones llevadas a cabo en el mes de octubre.

Moreno dijo que la fiscalía tiene que investigar aquellos actos que se consideraría son delitos de acuerdo a la información que remite la Policía Nacional o la ciudadanía; a nivel nacional existieron un sin número de movilizaciones encabezadas por distintos sectores sociales del país, Zamora Chinchipe no fue la excepción, sin embargo, no existieron agresiones a la propiedad privada o pública.

Según información del Fiscal Provincial, se conoce que en algunos sectores no se permitió el libre transporte vehicular, por ello en Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza y El Panguí se está determinando si esos hechos se dieron y quienes participaron de los mismos, aseguró que en todo el país se tienen recopilados los “actos violentos”, “todos tenemos derecho a la resistencia y a protestar dentro de las líneas legales y de forma pacífica”, aseveró.

La Policía Nacional afirmó que en Zamora Chinchipe no se produjeron disturbios ni se dio la utilización de gas lacrimógeno, pese a esto, Moreno expresó que aún se tiene que determinar si se configura el delito que se está investigando, es decir de existir una acción o conducta humana que este tipificada, antijurídica y que luego del debido proceso se determine culpabilidad deberá acogerse a las sanciones según la ley.

Personas que hubieran cometido este tipo de infracciones y que padecieran de demencia se someterían a una causa de inculpabilidad, si un sujeto actuó en legítima defensa por un estado de necesidad no habría antijuridicidad, si el acto efectuado por un ciudadano no está tipificado en la ley no sería considerado un delito.

La fiscalía tiene la obligación de determinar si una conducta humana es un acto tipificado, antijurídico y culpable; la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la paralización de servicios públicos, dentro de ellos está la transportación pública, esto es lo que se está investigando de acuerdo a la información recolectada, así lo dio a conocer Moreno; se determinará la participación de una persona y el grado de su participación (instigados, autor, cómplice).

De existir testigos, filmaciones o documentos que contengan los elementos de convicción suficiente se judicializará y se llevará a una acusación, en la provincia existen alrededor de 24 personas que están siendo investigadas, la fiscalía es la encargada de probar que cometieron un delito.

Se ha iniciado procesos por paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, instigación para delinquir, son alrededor de 4 tipos penales que se estarían investigando de acuerdo al grado de afectación y las circunstancias. La pena varia de 1 a 3 años y de 3 a 5 años de cárcel, la más grave es por terrorismo y se sanciona con más de 10 años de cárcel.  (I) ZT

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Intendencia intensifica operativos para resguardar la salud

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La Intendencia de Policía de la provincia, con el fin de que los ciudadanos cumplan con las disposiciones de los Comités de Operaciones Emergentes Nacional, Provincial y Cantonal, y salvaguardar la salud de la población, intensifica acciones y operativos con procesos sancionatorios a quienes ocupen espacios deportivos públicos y privadas que no están autorizados para su funcionamiento.

Olga Valdez, intendenta general de policía de la provincia, informó que mediante un barrido realizado, se identificó que uno de los mayores problemas, son las aglomeraciones en canchas barriales y sintéticas, donde los ciudadanos no portan mascarilla, se reúnen más de 25 personas y no cuidan el distanciamiento social, incumpliendo así, con las normas biosanitarias que previenen el contagio de COVID-19.

“Como autoridades, en primera instancia ya realizamos una campaña de socialización sobre la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias; ahora en la segunda fase que inicia esta semana, procederemos aplicar las sanciones por la inobservancia de la Ley. Hacemos el llamado a las autoridades municipales a sumarse al trabajo y sancionar según las competencias de cada entidad”, expresó la autoridad.

Desde el 04 hasta el 07 de julio de 2020, se suspendieron 10 eventos deportivos: Chinchipe, dos, Zamora, cinco y El Pangui, tres, donde se desalojó a las personas a quienes se les socializó las medidas de bioseguridad y se les advirtió de las sanciones por cometer esta infracción.

José Luzuriaga, comisario de Zamora, explicó que como Ministerio de Gobierno se tiene la competencia según el Acuerdo Ministerial 0069, mientras que la Comisarías Municipales tienen que intervenir según las ordenanzas aprobadas por los GADs Municipales, “nuestro llamado para trabajar en conjunto y así hacer cumplir las disposiciones legales vigentes las cuales ayudarán a la lucha contra esta emergencia sanitaria”, añadió.

Además, la Intendenta resaltó que también se desalojó a más de 60 personas aglomeradas en el sector Virgen del Carmen de la ciudad de Zamora, quienes estaban reunidas en la cancha de este lugar, incumpliendo las disposiciones del COE Nacional.
(I)

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UNL y GPL fortalecen la gestión del riesgo

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Hoy inicia capacitación en gestión del riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático a través de Educación Continua del alma mater lojana. 

 Con el propósito de fortalecer las capacidades de la institucionalidad que permita mejorar la gobernabilidad y la política pública en el territorio de la cuenca transfronteriza y de la provincia de Loja, a través de la formación al talento humano como facilitadores del desarrollo en materia de gestión del riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático.

En este sentido, la Universidad Nacional de Loja y el Gobierno Provincial de Loja, a través de un convenio de cooperación interinstitucional -firmado el pasado viernes y financiado por la Unión Europea- capacitarán a responsable de las Unidades de Gestión de Riesgos de Gobiernos Autónomos Descentralizados de Gonzanamá, Calvas, Quilanga, Espíndola, Sozoranga, Macará, Zapotillo, Mangahurco y Cazaderos; técnicos de ministerios y secretarías de estado; y de instituciones de educación superior.

El programa de capacitación, que se desarrolla del 9 de julio al 11 de diciembre de 2020, cuenta con el aval académico de la UNL. Entidad que proporcionará la certificación de aprobación, una vez que los participantes hayan cursado los 10 módulos de estudio, durante las 240 horas y de manera semipresencial. Las clases se ejecutarán, cada 21 días, los jueves y viernes de 08h00 a 17h00, a través de la Unidad de Educación Continua del alma mater lojana.

En la firma del convenio, el prefecto Rafael Dávila, destacó la importancia de contar con la academia “en estos últimos años ha existido una muy buena relación entre la Universidad y la Prefectura, esto nos permite ayudar y servir de mejor manera a la provincia”. De su parte, Nikolay Aguirre, rector de la UNL, señaló que “Loja, la región y el país nos necesita fortalecidos para transformar toda esta realidad. Como Universidad tenemos un potencial humano, infraestructura tecnológica y física, por eso es importante tener al gobierno provincial como un aleado estratégico, porque este es el camino para un mejor desarrollo”.

El fortalecimiento de capacidades es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de Loja a través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad y su línea operativa de Educación Continua, la Facultada Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y el Gobierno Provincial de Loja a través del proyecto “Gestión del riesgo sin fronteras” que busca reducir la vulnerabilidad de la zona fronteriza de Ecuador y Perú.

 

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Arcsa contribuye a la reactivación turística en la Zona 7

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A través de la socialización de protocolos y el control a establecimientos de alojamiento y alimentación colectiva, se pretende precautelar la salud de quienes hacen uso de estos servicios en las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

Frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por Covid-19 se establecieron protocolos de bioseguridad, los cuales fueron socializados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) junto con el Ministerio de Turismo, a través de capacitaciones virtuales al sector turístico de la Zona 7, previo al reinicio de esta actividad económica.

Es así que, bajo esta modalidad se capacitaron a más de 535 representantes del sector en los meses de mayo y junio de 2020, para de esta manera, proceder al control de establecimientos tanto de alojamiento como de alimentación. En los operativos se verifican las condiciones higiénico-sanitarias, manipulación de alimentos, higiene del personal, baterías higiénicas, manejo de desechos, control de plagas y la implementación de los protocolos de bioseguridad.

En Santa Rosa, provincia de El Oro, se controló junto con la Comisaría del cantón todos los  hoteles de la jurisdicción, así como también se han inspeccionado establecimientos en los cantones de Loja, Arenillas, Machala, Zamora Chinchipe, Catamayo, entre otros.

Del mismo modo, una vez que desde el COE Nacional se estableció la reapertura de playas desde el 22 de julio, técnicos de Arcsa realizaron una visita técnica a la isla Jambelí (El Oro) y participaron en la reunión entre delegados de diversas entidades y la comunidad, para coordinar acciones  previas a la reactivación de sus servicios.

 

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