Fiscalía investiga a 24 personas que habrían participado en las protestas del mes de octubre

Eduardo Moreno, fiscal provincial de Zamora Chinchipe se refirió a los procesos penales que se siguen luego de las manifestaciones llevadas a cabo en el mes de octubre.

Moreno dijo que la fiscalía tiene que investigar aquellos actos que se consideraría son delitos de acuerdo a la información que remite la Policía Nacional o la ciudadanía; a nivel nacional existieron un sin número de movilizaciones encabezadas por distintos sectores sociales del país, Zamora Chinchipe no fue la excepción, sin embargo, no existieron agresiones a la propiedad privada o pública.

Según información del Fiscal Provincial, se conoce que en algunos sectores no se permitió el libre transporte vehicular, por ello en Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza y El Panguí se está determinando si esos hechos se dieron y quienes participaron de los mismos, aseguró que en todo el país se tienen recopilados los “actos violentos”, “todos tenemos derecho a la resistencia y a protestar dentro de las líneas legales y de forma pacífica”, aseveró.

La Policía Nacional afirmó que en Zamora Chinchipe no se produjeron disturbios ni se dio la utilización de gas lacrimógeno, pese a esto, Moreno expresó que aún se tiene que determinar si se configura el delito que se está investigando, es decir de existir una acción o conducta humana que este tipificada, antijurídica y que luego del debido proceso se determine culpabilidad deberá acogerse a las sanciones según la ley.

Personas que hubieran cometido este tipo de infracciones y que padecieran de demencia se someterían a una causa de inculpabilidad, si un sujeto actuó en legítima defensa por un estado de necesidad no habría antijuridicidad, si el acto efectuado por un ciudadano no está tipificado en la ley no sería considerado un delito.

La fiscalía tiene la obligación de determinar si una conducta humana es un acto tipificado, antijurídico y culpable; la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la paralización de servicios públicos, dentro de ellos está la transportación pública, esto es lo que se está investigando de acuerdo a la información recolectada, así lo dio a conocer Moreno; se determinará la participación de una persona y el grado de su participación (instigados, autor, cómplice).

De existir testigos, filmaciones o documentos que contengan los elementos de convicción suficiente se judicializará y se llevará a una acusación, en la provincia existen alrededor de 24 personas que están siendo investigadas, la fiscalía es la encargada de probar que cometieron un delito.

Se ha iniciado procesos por paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, instigación para delinquir, son alrededor de 4 tipos penales que se estarían investigando de acuerdo al grado de afectación y las circunstancias. La pena varia de 1 a 3 años y de 3 a 5 años de cárcel, la más grave es por terrorismo y se sanciona con más de 10 años de cárcel.  (I) ZT

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