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Ley de Crecimiento Económico deja una Asamblea Nacional dividida y ‘alianzas’ impensables

Ante una Asamblea Nacional fragmentada, donde el Ejecutivo no posee una mayoría firme, el trámite del proyecto urgente significó la búsqueda de aliados.

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En todos los escenarios aparecieron unidos, manejaron el mismo discurso y en el pleno de la Asamblea se apoyaron

Quito –

En todos los escenarios aparecieron unidos, manejaron el mismo discurso y en el pleno de la Asamblea se apoyaron. Los correístas y socialcristianos actuaron juntos durante el trámite del proyecto económico urgente: buscaban el archivo.

A ese propósito se adhirió el movimiento SUMA, aunque en la Comisión de Régimen Económico no alcanzaron los siete votos para aprobar un informe para segundo debate que recomiende negar y consecuentemente archivar la propuesta del Ejecutivo por “inconstitucional” e “impuestera”, advierten.

En la otra orilla, Alianza PAIS y CREO, apoyados por la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), y parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), empeñados en que el proyecto pase al pleno. La divergencia: separar lo referente al Código Monetario y dejar lo tributario.

Ante una Asamblea Nacional fragmentada, donde el Ejecutivo no posee una mayoría firme, el trámite del proyecto urgente significó la búsqueda de aliados. En la comisión el grupo Revolución Ciudadana tiene tres delegados; el PSC, dos; SUMA, uno; AP, tres; CREO, dos; BIN, uno; y uno, BADI.

Desde que ingresó el proyecto a la Asamblea los correístas de Revolución Ciudadana y socialcristianos coincidieron en la tesis de evitar que el proyecto se apruebe, sostuvieron que el proyecto a más de ‘impuestero’, pone en riesgo la dolarización.

Henry Cucalón (PSC) dice que lo importante no es etiquetar las posiciones, no es con quién se vota, sino para qué vota; que se tienen que ver los conceptos por encima de las particularidades.

Esto va más allá de una persona, de una agrupación política o de un color, sino que se trata de hacer lo correcto por el ciudadano y lo correcto no era cargarlo con más impuestos de manera directa o indirecta”, Vicente Taiano, Partido Social Cristiano. 

Vicente Taiano aclara que el PSC actuó frente a la preocupación de que el proyecto perjudica a los ecuatorianos y ante una clara intención de que se apruebe por el ministerio de la ley. Que el PSC no ha estado junto a RC, prefiere hablar de una coincidencia puntual, y que su postura no responde a un cálculo político-electoral, como lo advierte el correísta Juan Cristóbal Lloret, quien cree que lo sucedido con el PSC “es un acuerdo de voluntades en el estricto sentido democrático (…); con los que más coincidencia vamos a tener este domingo, frente al proyecto urgente, es con los socialcristianos, porque la visión de ellos también es una visión de archivo”, advierte.

Quienes se suman a combatir el modelo neoliberal son ellos (PSC), no nosotros; ellos son los que se suman a la tesis de no llevar adelante un proyecto de ley que vuelve a la palestra un modelo neoliberal”, Juan Lloret, Revolución Ciudadana. 

Desde el BADI, Eliseo Azuero señala que de los correístas no se puede esperar nada, porque ellos juegan a la desestabilización y al caos, y que ya lo demostraron en las manifestaciones de octubre, y el trámite de esta ley urgente no se aleja de ese objetivo, al que se suman los cálculos electorales, pues creen que mañana puede pasar factura a quienes aprueban una ley de impuestos.

Si entra por el ministerio de la ley será responsabilidad de todos, porque puedo decir una cosa, discursivamente, pero entraño algo por secreto; toman posición que no se contempla en la Constitución, para bloquear”, Eliseo Azuero, Acción Democrática Independiente.

En el primer debate, Esteban Melo (RC) planteó una moción previa para que la sala archive el proyecto, pero no pasó. El encargado de la sesión, Patricio Donoso (CREO), bloqueó la intención señalando que en primera instancia no se aprueba ninguna ley, solo se debate.

Henry Kronfle (PSC) insistió y mocionó por escrito que no se siga debatiendo el informe presentado por el ponente Daniel Mendoza (AP) por tener vicios de nulidad y en su lugar, debata el informe de minoría del PSC, y cambiar de ponente del proyecto. Tampoco se dio paso.

El corto tiempo para tramitar un proyecto que supera los 400 artículos y reforma 22 cuerpos legales llevó a la comisión a instalar prolongadas sesiones, y en cada una de ellas, RC y PSC ratificaron su tesis que debe ser archivada.

La Constitución en su artículo 140, respecto al trámite de un proyecto urgente no contempla el archivo, sino aprobar, negar o modificar.

Frente a un bloqueo constante del oficialismo, CREO, BIN y BADI, los correístas empezaron a buscar más aliados para la segunda etapa de trámite. El 13 de noviembre, la oficialista Elizabeth Cabezas lideró un pronunciamiento junto a RC, PSC, SUMA, ID-BIN, PK-BIN. De AP, Ximena Peña y Ana Belén Marín.

El planteamiento fue pedir al Ejecutivo que retire la ley, similar a lo que hizo el exmandatario Rafael Correa en junio de 2015, cuando retiró el proyecto urgente de herencias y plusvalías. El retiro tampoco está reglado en la Constitución.

Marín aclara que su posición nunca era por el archivo, que en esa rueda de prensa “todos atacaron al presidente de la comisión, mi posición fue informativa de que había una convocatoria a reunión para continuar con el debate, pero se descontextualiza cuando solo ven la foto y no el contenido… Fui a defender el trabajo de la comisión, de ir a generar la estabilidad y el equilibrio que se necesitaba”.

La presencia de oficialistas era personal, dice Marín; inclusive el presidente de la Asamblea, César Litardo, aclaró al día a siguiente que el pedido de Cabezas de retirar el proyecto era personal, no del bloque, por lo que exhortó a la comisión a presentar un informe hasta el viernes –como se hizo–, que la propuesta debe seguir el camino regular de los dos debates.

El 14 de noviembre, RC y PSC propiciaron una toma simbólica del pleno de la Asamblea tras la suspensión de la sesión donde pretendía aprobar una resolución para exigir un informe para segundo debate. Ahí aparecieron también SUMA y el oficialista Carlos Bergmann.

En la noche, en la comisión, el bloque correísta amuralló la posición de sus delegados y acompañaron en la sesión. Del PSC estuvo Henry Cucalón.

Tras dos horas de sesión, el socialcristiano Vicente Almeyda planteó unificar los informes de minoría presentados por ellos y por los correístas: “He analizado el proyecto presentado por la asambleísta Lira Villalba, Hermuy Calle y Esteban Melo, creo que la finalidad del proyecto de ellos coincide con el de nosotros”.

Calle acentuó lo dicho por el PSC: “Como bancada estamos de acuerdo con la propuesta, unificar y que se haga una sola votación la propuesta de negar y correspondiente archivo del proyecto”. La moción pasó, pero no logró los siete votos para que se apruebe el informe recomendando el archivo del proyecto y Mendoza suspendió la sesión y se encerró en su oficina acompañado de su coideario Juan Carlos Yar y de Franco Romero (BADI), y eso provocó la reacción de los aliados por el archivo y alertaron que Mendoza buscaba que el proyecto pase por el ministerio de ley.

Patricio Donoso (CREO) se negó a presidir una autoconvocatoria de la comisión, que finalmente aprobó el informe el viernes. Foto: Alfredo Cárdenas. 

RC, PSC y SUMA intentaron autoconvocarse e instalar la sesión, plantearon que Patricio Donoso asuma la presidencia de la mesa, pero él advirtió: “No me voy a prestar para una ilegalidad”. En medio del forcejeo, Gabriela Larreátegui (SUMA) planteó la elaboración de un documento que exija un informe para el pleno. Mendoza, que había convocado a sesión a las 11:00 del día siguiente, salió y la adelantó para las 09:30.

La sesión donde se aprobó el informe para segundo debate no duró más de 14 minutos y obtuvo 13 votos a favor. Hoy el proyecto se tratará en el pleno a partir de las 14:00 y RC, PSC y SUMA suman 50 votos para para negar la ley, esperar apoyo de Pachakutik que son 6, pero necesitan 70. (I) Fuente: El Universo

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Incertidumbre en Monte Sinaí luego del desarme de estructuras deshabitadas

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Un contingente de policías nacionales y otro de militares ofrecieron resguardo durante el operativo en contra de las invasiones ejecutado por el Gobierno en la cooperativa Cañaveral, sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Los uniformados tomaron posesión en un cuadrante de al menos ocho manzanas por lado, en una loma de casas de caña, donde habitantes señalaron que cumplieron dos años en el sitio.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares estuvo a cargo del operativo que se desarrolló el jueves 9.

La secretaria Evelyn Montalván indicó que actuaban en flagrancia luego de recibir alertas de ocupación irregular de terrenos.

Resguardada por policías con trajes antimotines, la funcionaria encaró a un ofuscado Gustavo Quiñónez que reclamaba por el posible desalojo de habitantes, pidiendo que se los deje pagar por los terrenos y quedarse allí, puesto que alegó que su familia no tenía otro lugar a donde ir.

La secretaria Montalván sostuvo que no estaban retirando a posesionarios, sino derrocando cerramientos y casas desocupadas.

Aseguró que poseían fotografías que ponían en evidencia qué estructuras son recientes.

Operadores de maquinaria pesada ascendieron a la loma para proceder con el derrocamiento de paredes de caña. No obstante, los moradores las tumbaron al remecerlas.

Peter Padilla, otro posesionario, dijo que temían quedarse sin techo en caso de que en un nuevo operativo ellos no estén presentes para probar que son residentes.

María de la Cruz lamentó el ambiente de incertidumbre que dejaba la acción. Recordó que pagaba renta en la cooperativa Juan Montalvo hasta que recibió la propuesta de tomar un solar en Cañaveral. Este asentamiento está en la zona de La Ladrillera.

30 estructuras

La secretaria Montalván señaló que unas 30 estructuras se habían derrocado en la mañana del jueves 9, que no se habrían registrado detenciones ni altercados. Agregó que la Secretaría Técnica impulsa investigaciones en contra de seis promotores de tierra.

En Cañaveral trabaja la fundación Fábrica de Juguetes. Su representante, Leslye Sánchez, pidió que no los dejen sin el espacio en el que 21 niños reciben clases de inglés, música y de reforzamiento escolar. Dijo que mantiene programas de horticultura y de crianza de pollos, vinculando a la comunidad. (I)

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En junio se contraen créditos de vivienda y consumo, pero suben los productivos

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Los créditos en Ecuador bajaron en junio. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la banca privada alcanzó una cartera de $28 892 millones a junio del 2020, lo que presenta una leve contracción de $102 millones en comparación con mayo 2020, representando una disminución porcentual del 0,35 %.

En medio de la pandemia, y tras varios meses de cuarentena, de todas maneras, la contracción es menor a la de los últimos tres meses y muestra una tendencia favorable. A fines de junio, la cartera bruta registra un incremento, esta vez de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del 2019. Así lo informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

En el tema de cartera, pese a la contracción es interesante señalar que la comercial y productiva subió $93 millones en comparación con el mes pasado. En cambio, la cartera de consumo se contrae en $176 millones, y en lo que va del año consumo ha decrecido $440 millones. También el microcrédito se contrajo en $1 millón, vivienda en $9 millones y cartera automotriz tampoco presenta crecimiento.

En acumulado del 2020 (enero a junio), la cartera se ha contraído en $1137 millones, de los cuales $646 millones corresponden a cartera de empresas (comercial y productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo.

Adicionalmente, junio registró un crecimiento de depósitos de $372 millones (1,12 %) más que en mayo de este mismo año. Asimismo, hubo un incremento de la liquidez a 28,8 %, 3,6 puntos porcentuales mayor en comparación con junio de 2019.

En este sentido, Asobanca considera que las cifras muestran una tendencia de recuperación positiva de los indicadores, pese a la cuarentena.

Tras haberse registrado en marzo y abril caídas de depósitos por $1035 millones, el aumento actual es una noticia positiva. El crecimiento en depósitos registra una variación anual de 6,1 % y un incremento mensual del 1,1 %.

Gonzalo Rueda, de la empresa consultora MarketWatch, coincide en que las cifras reflejan un escenario positivo. Sobre la liquidez explica que en junio hubo un aumento de 3,6 puntos, que representa una mayor confianza de la gente en el sistema financiero. Indica que en cuanto a los depósitos, Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Internacional, Produbanco y Bolivariano presentan un aumento significativo en depósitos. Además recalca que en este mes ingresaron $280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre tanto, MarketWatch señala que la morosidad del sistema en el primer semestre presenta un ligero deterioro cerrando en 2,8 %, levemente mayor a 2,7 % de diciembre de 2019.

Sin embargo, se puede observar que esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de consumo y microcrédito a 60 días. En este sentido, considera que el dato real se verá en el periodo de julio y agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas.

La morosidad en hipotecario sí refleja el deterioro por la situación actual, ubicándose entre 6 % y 7 % en los últimos meses. (I)

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Biess aplicará diferimientos de pagos de hipotecarios que no han sido cancelados durante emergencia por coronavirus

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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) aplicará el diferimiento de las cuotas a créditos que no pudieron ser pagados durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Esto lo dio a conocer en una entrevista el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, el último miércoles.

De acuerdo a información de Diario El Comercio, en la resolución 603 se estableció que los pagos que no se realizaron entre marzo y junio se trasladen al final de la tabla del crédito.

La disposición sexta de la Ley Humanitaria señala que el directorio del Biess «emitirá las resoluciones o ejecutará las acciones necesarias que permitan garantizar la suspensión y refinanciación de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios que mantienen los afiliados, jubilados y beneficiarios de montepío a la seguridad social, basadas en los informes técnicos que garanticen la solvencia y liquidez de los fondos correspondientes».

Además que por solicitud del afiliado, jubilado o beneficiario de montepío, que perdió el empleo durante la crisis sanitaria o tenga una reducción de su capacidad de pago, «se establecerá la suspensión del cobro del préstamo hipotecario y se establecerán los mecanismos de refinanciamiento correspondientes, que se podrá realizar por única vez por el tiempo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Esta suspensión de pago de cuotas no generará intereses o multas».

Hasta el momento la entidad no ha difundido el proceso para acceder a este proceso. Sin embargo, el pasado 4 de julio, a través de redes sociales, le indicaron a un beneficiario de crédito hipotecario que puede solicitar el refinanciamiento a través del solucionesdepago@biess.fin.ec si los ingresos disminuyeron. (I)

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