La fijación de tarifa de taxi en Yantzaza es nula

LA FIJACIÓN EN 1,25 CENTAVOS DE DÓLAR A LAS TARIFAS DE TAXI EN #YANTZAZA ES NULA, POR LO TANTO, LA TARIFA DE LA CARRERA MÍNIMA VIGENTE ES DE UN DÓLAR.

La Resolución No 073-DIR-2014-ANT METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y SU REFORMA (TAXI CONVENCIONAL) emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito (en adelante ANT) contienen un sin número de fórmulas y lineamentos técnicos de difícil comprensión en cuanto a  conocimientos específicos sobre su aplicación; razón por la cual, deben ser elaborados por personal debidamente capacitado, quienes deberán realizar análisis minuciosos, trabajos de campo, etcétera, que permitirán obtener información, real, veraz y correctamente aplicada  para la fijación de las tarifas de transporte.

Por otro lado, UNA RESOLUCIÓN, a pesar de que esté firmada por TODOS LOS CONCEJALES, no tiene validez alguna por encima de una ORDENANZA MUNICIPAL, pues esto lesiona el principio de SEGURIDAD JURÍDICA que consta  en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador donde se señala que ”El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, disposición que, aunque no les guste a algunos políticos y autoridades, evita que los poderes públicos cometan barbaridades jurídicas como las que se exponen, Se pueden citar graves errores cometidos en el pasado, como la RESOLUCIÓN QUE FIJABA LAS FOTO MULTAS EN LOJA y todos los perjuicios que se han derivado de dicha «RESOLUCIÓN ILEGÍTIMA.”

LA CONSTITUCIÓN SEÑALA, ADEMÁS, que “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran NULOS. Las servidoras o servidores responsables SERÁN SANCIONADOS”.

Incluso para que la ordenanza tenga validez, debe estar sustentada en un estudio técnico, el cual debe seguir los lineamientos de la ANT, tal como señala la Ley de Tránsito en su artículo 30 que dice: «Las ordenanzas que expidan los GADs en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del sector, y se enmarcarán en las disposiciones de carácter nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas que se expidieren deberán ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobación, para el control correspondiente. Así mismo, el Directorio de la ANT, a través de su Presidente, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a los GADs la información relativa al cumplimiento por parte de éstos, de las regulaciones de carácter nacional que expida. De determinarse el incumplimiento de las regulaciones de carácter nacional por parte de los GADs, la ANT podrá ejercer las acciones legales y constitucionales que correspondan para garantizar el correcto cumplimiento de estas regulaciones.”

Lo antes señalado, tiene concordancia con lo que establece el CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO en su artículo 18.- Principio de interjección de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales, el deber de motivación y la debida racionabilidad. (no se entiende dónde empieza el artículo y dónde termina)

Las jerarquías de las normas ya se han discutido con autoridades de todos los niveles de gobiernos; sin embargo, persisten en sus yerros, caen en chantajes y perjudican a la población (sus mandantes). Aun en días pasados la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO para poder ejecutar el ofrecimiento del gobierno en cuanto a la elevación del 32% del valor de tarifas a nivel nacional, elaboró, entre gallos y medianoche, un “Estudio Técnico” con la finalidad  de cumplir el requisito de motivación que la Constitución exige para la  “resolución” correspondiente.

Por estos antecedentes, fácticos, legales y constitucionales que se esgrimen a la referida resolución es NULA. Por lo expuesto, la tarifa vigente, hasta que se emita la respectiva  Ordenanza, es de UN DÓLAR la carrera mínima, por cuanto es el valor que se ha venido cobrando previo a la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Entendemos que el pedido de los señores transportistas es justo, y que su requerimiento se basa en la elevación de los costos en la operación de transporte, pero para evitar el malestar ciudadano, y posibles acciones legales contra las operadoras y las autoridades, lo ideal es que se regularice el tema de forma adecuada con el cumplimiento de parámetros en los que se tome en cuenta también a los usuarios es decir  siguiendo el debido proceso, esto no es sencillo y requiere de paciencia por parte de los transportista, pero es la única forma en que todos nos veamos beneficiados. (O)

Por: Dr. Diego González Quezada

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