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Gasto en subsidios equivale al 50 % del PIB y a toda la deuda de Ecuador

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Quito –

Ecuador ha gastado en subsidios de combustibles (gasolinas, diésel y gas) $ 54.269 millones entre 2005 y 2018. Se trata de una millonaria cantidad equivalente al 50 % del PIB y que llega prácticamente al total de la deuda externa actual.

La cifra nace del cálculo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con base en los datos de Petroecuador, tomando en cuenta no solo los costos de producción e importación, sino también los costos de oportunidad, es decir, la diferencia entre el precio interno y el internacional, multiplicado por la cantidad vendida de combustibles.

La semana pasada, el Gobierno anunció la eliminación del subsidio a la gasolina extra, ecopaís y al diésel. La súper ya estaba liberalizada y el gas no se toca. El anuncio causó malestar social y protestas fuertemente reprimidas. Los transportistas realizaron dos días de paro.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de julio, los subsidios aparecen en Ecuador en 1974, cuando el alza de los precios internacionales llevaron a un aumento de los ingresos del Gobierno. En ese momento, el régimen militar introdujo subsidios a los combustibles para fortalecer su poder y apoyar a los hogares vulnerables. El BID indicaba en ese momento: “La eliminación de estos subsidios produciría claros beneficios económicos y ambientales, ayudando a cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, los posibles efectos adversos en los hogares vulnerables pueden dificultar políticamente las reformas”. Y explicaba que era posible aminorar el impacto con transferencias económicas a los más vulnerables.

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, recuerda que el país adoptó la política de subsidios a los combustibles a través de la Ley de Hidrocarburos, que era una copia de otros países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que establecía el subsidio. Adicionalmente, al construirse la Refinería de Esmeraldas había la ventaja de que Ecuador se abastecía con el combustible refinado y el subsidio no era tan representativo, era tolerable. El problema surgió cuando por un lado, Ecuador comenzó a consumir derivados por sobre lo que refinaba, y cuando se registraron los altos precios del petróleo de hasta $ 100.

Para Santos es importante hacer notar que el subsidio, que beneficiaba a los usuarios, también multiplicó el contrabando. Explicó que, por ejemplo, desde el 2004 y 2005 los países vecinos ya subieron al doble y triple el precio de estos combustibles en comparación con el Ecuador. Explicó que el tema de la eliminación u optimización de los subsidios estaba previsto en la Carta de Intención, pero en el 2021. Sin embargo, la imposibilidad política de llevar adelante el incremento del IVA adelantó esta medida.

La idea de la eliminación u optimización de los subsidios no es nueva. Un estudio del Ministerio Coordinador de la Producción, del Gobierno anterior (2010), encaminado a sondear los escenarios sobre subsidios, relata que entre 2000 y 2003 los diversos gobiernos ajustaron el precio de los combustibles y del gas licuado cinco veces. En ese informe se indica que desde que subieron los precios, la operación de Petroecuador se vio afectada porque se le obligaba a la estatal a cubrir la diferencia entre el precio de venta interno y los precios de importación.

También se indicaba que la estructura vigente de subsidios favorecía a los grupos con mayores ingresos que consumen más combustibles y reciben los mayores beneficios. Se afirma que 85 % de la gasolina subsidiada beneficia exclusivamente al quintil más rico de la población y que el subsidio del GLP (gas) beneficia cinco veces más al quintil más rico que al quintil más pobre.

¿Pero es posible cuantificar la pérdida de recursos por el contrabando?

Según un cálculo no definitivo de Finanzas, en Ecuador se pierden al menos $ 212 millones en contrabando de diésel y gasolina. El cálculo se basa en el consumo de galones por persona en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora. Ahí el consumo es de 14 galones mensuales, mientras que en el resto del país es de 10 galones. Si se multiplica por el número de habitantes se calcula que en esas cinco provincias se consumen unos 33,4 millones de galones al mes, cuando si se apegaran a la media del país solo deberían ser 23,9 millones. Así, habría 9,5 millones de galones que no deberían haberse consumido. Eso representa 114,6 millones de galones anuales sin destino cierto, y que equivalen a los $ 212 millones antes mencionados. (I)

Fuente: El Universo

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Juez emite medidas sustitutivas a prefecto Carlos Luis Morales: prohibición de salir del país y uso de dispositivo de vigilancia

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El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, tiene prohibido salir del país, deberá presentarse de forma periódica ante las autoridades de justicia y portará un dispositivo de vigilancia.

Así lo dictaminó este jueves un juez tras la audiencia de formulación de cargos que duró más de cinco horas en la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil.

La Fiscalía formuló cargos contra Morales y otras siete personas que son investigadas por el presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en el Gobierno Provincial del Guayas (Prefectura del Guayas).

El prefecto fue detenido la mañana del miércoles en una urbanización de la vía a Samborondón. Ayer, además, su domicilio fue allanado. (I)

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En su última subasta de bienes, Inmobiliar buscará $18 millones

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El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, más conocido como Inmobiliar, abrirá este lunes el proceso de regularización de documentos para lo que será su última subasta de bienes muebles e inmuebles como institución autónoma.

A mediados del mes pasado, el presidente Lenín Moreno dispuso la extinción de varias entidades del sector público, en atención a la crisis que aqueja al país por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En dicha subasta, que aún no tiene fecha, la entidad sacará a la venta bienes, entre terrenos, departamentos, bodegas y oficinas, con los que espera recaudar unos $18 millones. Este monto se sumará a los más de $121 millones que logró en procesos previos desde el 2016.

El Decreto 1068 da un plazo de 90 días para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOTP) asuma la administración de los bienes que tiene a cargo Inmobiliar, y que son de tres tipos, explica su director, Nicolás Issa Wagner.

Los permanentes, que son los bienes del Estado como tal, y entre los que se cuentan los 22 edificios en los que funcionan dependencias públicas, como las Plataformas Social y Financiera en Quito, el Gobierno Zonal y el edificio Joaquín Gallegos Lara o Makro, en Guayaquil, y otros.

Los transitorios, que suman 4780, y que provienen de diferentes fuentes: el Banco Central del Ecuador (BCE), la desaparecida Ugedep (que administraba los bienes de la banca cerrada) y el extinto Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

La mayoría de estos tiene algún problema legal por lo que no han podido venderse, pero sí pueden arrendarse. Aquí hay desde casas y lotes hasta locales comerciales, parqueos, cuadros, lavadoras y juguetes.

Y los incautados, que son aquellos que fueron tomados en operativos por delitos de narcotráfico o lavado de activos, y que están en depósito. En este apartado hay, también, dinero en varias monedas que suman $18 millones.

Estos tampoco pueden venderse hasta que no se resuelvan los procesos penales que derivaron en su comiso.

Issa explica que el decreto dispone preparar una nueva estructura y un nuevo modelo de gestión. “En eso es lo que estamos trabajando, ya hemos tenido tres reuniones con el Ministerio de Finanzas, Planifica Ecuador (antes Senplades) y el MTOP, para definir cuántas personas se van a quedar. La responsabilidad es del MTOP, pero como nosotros conocemos cómo es el funcionamiento, la estamos trabajando internamente”, señala.

Actualmente, Inmobiliar tiene 710 empleados. Y maneja un presupuesto de unos $50 millones. De ellos, $25 millones se usan para pagar los servicios básicos (agua, energía eléctrica y otros) de todos los bienes a su cargo; $10,5 millones para los sueldos; y lo restante para mantenimiento y compras de las edificaciones y vehículos.

Issa agrega que, de todas las instituciones que se eliminarán por disposición presidencial, Inmobiliar era la única que generaba ingresos al Estado: $40 millones al año, en promedio, que se depositaban en la Cuenta Única del Tesoro.

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, espera que el traspaso sea “lo más ligero posible”, en el sentido de que no represente mucha carga para esa secretaría.

“Estamos evaluando la estructura que tiene Inmobiliar y la del ministerio a nivel nacional, para saber si vamos a poder absorber sus responsabilidades de manera óptima. Inmobiliar tiene más de 4000 bienes, tendríamos que conservar algo de su estructura si es que no tenemos toda la capacidad y además estamos recibiendo bienes de Secob y Ecuador Estratégico”.

El ministro confirma que Issa se halla en la tarea de definir estrategias para delegar o reasignar el manejo de estos bienes antes de los 90 días de plazo que menciona el decreto. Si no se lo consigue, asumirán todo tal cual esté. (I)

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Primera acción de Fuerza de Tarea de Fiscalía: 37 allanamientos en Quito y Guayaquil y 17 detenidos

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La flamante Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para combatir la corrupción en tiempos del COVID-19 dio un golpe contundente en 3 de los 45 casos denunciados durante la emergencia sanitaria. Desde la madrugada de ayer hasta el mediodía se desarrollaron 37 allanamientos en Quito y Guayaquil.

Asimismo se realizaron 17 detenciones, entre ellas las del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; del exdirector del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS; y del gerente de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, Guido Andrade Bastidas.

Estos apresamientos y allanamientos están ligados a tres casos específicos. El del prefecto Morales tiene relación con la investigación sobre supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, así como la contratación de una empresa ligada a otras manejadas por familiares, como su esposa e hijastros del funcionario, según la Fiscalía. Con Morales, doce personas están involucradas, entre ellas la esposa y los hijastros. Siete están presas.

Lo de Bucaram se debe a las investigaciones iniciadas por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, y por delincuencia organizada. Durante el operativo, los policías encontraron un arma, documentos e insumos médicos, mascarillas y pruebas rápidas que, según la fiscal Diana Salazar, son de aquellas que se hallaron en el hospital, cuyas instalaciones también fueron allanadas en horas de la mañana. El exgerente de esa casa de salud Luis Jairala Zunino también fue apresado.

Salazar señaló que la detención de Bucaram era por el arma, pero también por la relación con las compras del Teodoro Maldonado Carbo.

El tercer caso es por presunto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito, del Municipio capitalino. Con el gerente son cinco detenidos, según la Fiscalía.

La fiscal Salazar, en una rueda de prensa que dio al mediodía en Guayaquil junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que en Guayas la Fiscalía investiga tres delitos: peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada. En Pichincha se investiga el delito de peculado alrededor de los contratos adjudicados por la Empresa Metropolitana de Agua.

Estas acciones son las primeras que desarrolla la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que creó Salazar y cuyo anuncio lo hizo el lunes en Quito. El martes, en Guayaquil, dio a conocer que al trabajo de la Fiscalía en esa unidad se sumaba un grupo especial de la Policía. En esa presentación de alianza estuvieron la ministra Romo y el comandante general de la Policía, Patricio Carillo.

La Fuerza de Tarea creada en Fiscalía durará, según Salazar, hasta cuando se haya culminado con el último de los procesos que se den dentro de esta crisis sanitaria. “No más impunidad. (…) No es posible que escándalo tras escándalo entonces cubra lo uno, cubra lo otro y nos vayamos olvidando”, comentó Diana Salazar.

Son alrededor de 45 miembros de la Fiscalía y grupos especiales de la Policía que forman esta unidad. Tres fiscales de la Unidad de Transparencia, cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, los fiscales provinciales de Manabí, Carchi, Guayas y Chimborazo, 24 fiscales de apoyo, un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad interagencial con policías especializados en esta clase de investigaciones conformarán dicha fuerza.

Por ello, los casos de Guayas serán conocidos por fiscales de otras provincias. La Fiscalía de Guayas conocerá los casos de otras jurisdicciones. Salazar dijo que así se evitan compadrazgos y familiaridad.

La ministra Romo indicó que la Policía seguirá con su trabajo, pues no estaba terminado: “La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces determinan si se dictan o no medidas cautelares y cómo avanzan los procesos, por su parte la Policía actúa cumpliendo todos los procedimientos.

El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló en Twitter: “Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos”. (I)

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