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Debate por acciones de la Contraloría y la Fiscalía en medio de la organización de los comicios presidenciales

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Las acciones de la Fiscalía General y de la Contraloría del Estado para investigar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) abren el debate de si se configuraría una infracción electoral por una posible intromisión en el periodo electoral, en la organización de las elecciones nacionales, rumbo a la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

La madrugada de este 21 de febrero, el pleno del CNE proclamó resultados “definitivos” de la elección de Binomio Presidencial, en los que Andrés Arauz de la alianza UNES y Guillermo Lasso de CREO-PSC “pasan” a la segunda vuelta electoral.

Horas antes de este hecho, las denuncias que presentó el 11 de febrero, el candidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez, en las dos instituciones tuvieron efecto.

El contralor Pablo Celi solicitó al CNE que apruebe una resolución que le posibilite iniciar una auditoría informática antes de que se realice el balotaje, para “coadyuvar a la generación del ambiente de confianza en el actual proceso electoral”, cita el escrito remitido a los consejeros.

Celi reconoce que el organismo está en periodo electoral, pero aseguró que los resultados estarían listos en 20 días.

Esta solicitud se dio pese a que la misma Contraloría emitió un acuerdo en septiembre pasado disponiendo la suspensión de plazos para hacer examenes especiales a la Función Electoral por encontrarse en periodo de elecciones.

A la par, en horas de la noche del sábado, se conoció que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera autorizó a la Fiscalía a proceder al “registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor (equipo informático)” del CNE. La “información se ceñirá al proceso electoral efectuado el 7 de febrero; así como al reconocimiento, exhibición y extracción de la información que fuere obtenida de la antes referida diligencia”.

El “acto urgente” es para recolectar contenido digital y hacer una pericia informática forense. Se preveía realizarla a las 07:30 de ayer, pero hasta el cierre de edición, no se realizó.

La Fiscalía aclaró en una misiva que la diligencia atendía una denuncia planteada por Bruno Segovia y otros representantes de Pachakutik, y que solo pretende registrar y retener la información de la base de datos del CNE, pero no la “incautación”.

La investigación previa se abrió el 18 de febrero, y el magistrado autorizó el 20 de febrero que se dé paso a las prácticas de investigación en base a los artículos 282 del Código de la Función Judicial y 442, 444, 475 y 500 del Código Integral Penal.

Se indicó que estas habían sido “debidamente coordinadas” con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y que no incurrían en una interferencia en los comicios.

Pero Atamaint, en horas de la madrugada del domingo, antes de proclamar resultados alertó en un tuit que el artículo 16 del Código de la Democracia dispone que ninguna autoridad extraña puede interferir directa o indirectamente en la organización del proceso electoral.

Analistas consultados por este Diario tienen distintos criterios sobre la posibilidad de realizar estas acciones, y si ello configuraría una infracción electoral grave que debe ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El analista y catedrático Esteban Ron cree que no puede configurarse una interferencia en el proceso electoral ni una infracción, pero “no es el tiempo para hacerlas”.

“Son malas temporalidades escogidas. Las auditorías de la Contraloría se hacen terminado cualquier evento, y el mismo contralor pide que se le autorice para no configurar una infracción. Y, la investigación de la Fiscalía no interrumpe el proceso, porque tiene una facultad investigativa”.

A su criterio el CNE debería brindar las facilidades porque es solo una fase investigativa, lo que está prohibido anotó: es que los consejeros sean procesados penalmente.

El constitucionalista Stalin Raza explicó que la Contraloría no puede hacer una auditoría y por eso “pide al CNE que emita una resolución autorizando”.

“En periodo electoral ninguna autoridad puede interferir con el proceso. La Fiscalía sí puede investigar posibles delitos electorales, lo que no puede es, procesar penalmente a ninguno de los miembros del CNE”, apuntó.

Afirmó que la Fiscalía se debate en una “delgada línea: entre investigar un delito e interferir en el proceso”. No obstante, enfatizó que el órgano judicial puede solicitar información al CNE y este enviarle. “Pero no puede incautar sistemas, vulnerar las seguridades porque eso no es investigar sino interferir y poner en riesgo las elecciones. No puede retener y tomar control del sistema informático porque le pertenece en este lapso al CNE. Solo puede pedir información y que el Consejo le entregue. Deben tener mucho tino la Contraloría y la Fiscalía con lo que están haciendo”.

Antonio Gagliardo, exfiscal y exjuez de la Corte Constitucional, opinó que la Fiscalía puede practicar su investigación pero no interferir en las funciones del CNE.

“Puede investigar, pero sin ir más allá de sus atribuciones”, dijo y advirtió que la autorización de que se registre y retenga información del sistema informático del Consejo “es un asunto muy delicado”.

“La Fiscalía puede investigar la denuncia, siempre y cuando no interfiera en el proceso electoral, es decir que su presencia no intervenga en los resultados. Puede llamar a declarar a Yaku Pérez, a los consejeros, pedir copias certificadas de las actas, pero ingresar al sistema informático es muy delicado”.

Para Paúl Salazar, exvocal electoral, no se podría realizar esta auditoría porque se podría interpretar como una injerencia de otros organismos dentro del proceso electoral.

“El CNE si cree conveniente puede denunciarlo al TCE como una infracción electoral muy grave. No es el momento oportuno para que la Contraloría y Fiscalía intervengan en algo que está llevándose a cabo, como es el proceso”, subrayó.

Planteó que en el “peor escenario” en el que la Fiscalía decida retener información, el CNE puede implementar un nuevo centro de cómputo de contingencia para procesarla y evitar se detenga el desarrollo de las elecciones.

“El CNE debería funcionar con el sistema de cómputo de contingencia y rearmar un nuevo centro de cómputo de contigencia. No hay argumentación que valga para suspender alguna actividad del proceso electoral. Siempre hay salidas, aunque no es momento de que las instituciones realicen estos procedimientos”, afirmó.

Gonzalo Silva, penalista, tiene una opinión distinta y aseguró que ninguno de los entes de control pueden interferir en el proceso electoral.

“No pueden hacer nada hasta que no se termine el proceso electoral y se proclamen los resultados definitivos de estas elecciones. Yo creo que no va pasar nada, están solo haciendo ruido”, comentó. (I)

Fuente: El Universo

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41 contratos de inversión por $ 743,03 millones se firmaron en el 2020

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Durán fue el sitio escogido por la firma Barry Callebaut para la construcción de sus nuevas instalaciones en Ecuador. En la planta del vecino cantón planea secar, limpiar y almacenar los granos de cacao que exportará a sus fábricas en los EE. UU., Canadá, Asia y Europa.

El fabricante global de productos de chocolate y cacao, que está presente desde el 2007 en el país, desplegará una “inversión significativa” para trazar planes de largo plazo, que incluyen desarrollar más relaciones comerciales con socios locales y mejorar programas de sostenibilidad con los productores de cacao.

La multinacional fue una de las empresas que en enero de este año firmaron un contrato de inversión con el Gobierno ecuatoriano para acogerse a los beneficios e incentivos que se ofrecen a las nuevas inversiones. Su planta la desarrollará en Durán.

En lo que va del 2021, el Ministerio de Producción ha firmado cuatro contratos de inversión, que ascienden a $ 50′054.862,79.

Ese monto se suma a los 41 contratos de inversión que se firmaron en el 2020 y que representan un monto de $ 743′034.185,09, según esa cartera de Estado.

Cinco sectores concentraron el año pasado la mayor cantidad de contratos de inversión suscritos: manufactura; turismo; acuacultura; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y transporte y almacenamiento. Allí están 38 convenios por $ 703′736.460,85, es decir, el 94% del total.

Varios de los contratos firmados el año pasado se encuentran en marcha como la construcción de un Centro de Mejoramiento Genético de Larvas de Camarón en Ayangue, Santa Elena. Ese proyecto demandará 25 millones de dólares y lo impulsan Ecuacultivos, Skretting y Hendrix Genetics.

Otros proyectos en el sector turístico están por concretarse con la firma de contratos de inversión. Uno de ellos es la construcción de un hotel tipo resort que hará Innovum, firma inmobiliaria de grupo corporativo Alessa. El hotel de cuatro estrellas estará en Playas y será el primer hotel Courtyard by Marriott-Resort en Ecuador. Ese contrato se firma esta semana.

A través de la suscripción de los contratos, las empresas obtienen los beneficios tributarios de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y el Código Orgánico de la Producción.

Dependiendo de los proyectos y el sitio en el que se desplegará, los beneficios incluyen la exoneración de doce años de impuesto a la renta (IR) y su anticipo para nuevas inversiones productivas fuera de jurisdicciones urbanas de los cantones Quito y Guayaquil.

También consta la exoneración de ocho años para inversiones en zonas urbanas de Quito y Guayaquil y la exoneración del impuesto a la salida de divisas a los pagos realizados al exterior por importaciones de bienes de capital o materias primas.

¿Se pueden anular los contratos por incumplimiento?

La ejecución de la inversión a la que se obligan los inversionistas se encuentra ligada a lo que señale el cronograma del proyecto por desarrollar. Cuando las empresas no pueden cumplir con su cronograma de inversión, deben notificar inmediatamente al Ministerio de Producción para justificar su incumplimiento e iniciar el proceso de adenda.

En caso de que no cumpla con su cronograma y esto sea verificado en el proceso de monitoreo, la empresa puede modificar su contrato de inversión. Cuando no sea posible justificar el incumplimiento se procederá con la terminación unilateral del contrato de inversión, refiere el Ministerio.

La cartera de Estado indica que los contratos de inversión suscritos en el 2020 serán monitoreados en el transcurso de este año para saber el detalle de la ejecución y avance de los proyectos de inversión.

Aunque este año aún se muestra complejo por la pandemia y por el clima electoral, el Ministerio espera que se supere el monto del 2020.

“Este corresponde a un año atípico por cuanto los inversionistas aún se ven afectados por la crisis mundial del COVID-19; y a esto también debemos sumarle el hecho de que estamos en un año electoral, lo cual genera incertidumbres a los inversionistas; sin embargo, esperamos superar el monto de inversión del año 2020″, indica el Ministerio. (I)

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Guillermo Lasso prioriza diálogo con jóvenes y plantea impulsar la teleeducación

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El contacto hacia los jóvenes en emprendimiento, medioambiente y derechos de la mujer es la forma como el candidato presidencial por la alianza CREO-PSC Guillermo Lasso inicia sus actividades de segunda vuelta electoral.

En estos días tuvo varios encuentros con jóvenes. Ayer tenía planificado dialogar con ellos vía Zoom, de acuerdo con su equipo de comunicación. Más temprano estuvo en cinco medios de comunicación, entre estos radiales y televisivos.

Y el pasado martes protagonizó el segmento denominado Punto de encuentro durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook. Esto acompañado de una joven y contestó preguntas relacionadas con las pasantías, educación rural, examen Ser Bachiller e incluso interrogantes personales como cuál era el mejor recuerdo de sus padres.

Dijo que su idea es eliminar la Senescyt y darle libertad a los jóvenes para que elijan la carrera a estudiar. Se comprometió a impulsar la teleeducación que irá ligada a mejorar la cobertura de internet.

Pero no son los únicos encuentros. También dialogó el pasado lunes con un grupo de jóvenes de 18 a 27 años, algunos vendedores informales y otros preocupados por una política ambiental.

Anoche, Lasso se reunió con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, quien lo invitó a participar de la asamblea del gremio, la próxima semana.

Delgado le entregó una carta en la que le manifiestan su preocupación por tres temas: las vacunas del COVID-19, las rentas atrasadas y la inseguridad.

Lasso se comprometió a darle una respuesta a sus inquietudes y aceptó asistir a la cita de alcaldes. (I)

Fuente: El Universo

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En Quito hay 65 personas a la espera de una cama en unidades de cuidados intensivos

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Quito, la ciudad capital, mantiene el contagio sostenido de casos de coronavirus.

Así lo informó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en su último reporte sobre la situación epidemiológica en la capital debido a la pandemia del COVID-19.

La entidad agregó que la ocupación de camas del área de hospitalización es del 80%, mientras que la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) es del 98%.

Además, la lista de espera por espacios en UCI ha aumentado a más de 65 personas en los últimos días.

En el hospital del IESS Carlos Andrade Marín hay 119 camas para atender a pacientes con coronavirus; de ellas, 55 están destinadas para hospitalización y hay una ocupación del 91% (50 camas).

En tanto que para áreas críticas y emergencias por COVID-19 hay 64 camas. En terapia intensiva las 34 camas están al 100% ocupadas, así como los 30 espacios para emergencias.

El hospital Quito Sur del IESS tiene el 100% de su capacidad ocupada. Hay 253 hospitalizados por COVID-19 y 46 personas en lista de espera por una cama de UCI.

Hugo Espejo, subdirector de medicina crítica del IESS Quito Sur, mencionó que en estos últimos ocho a diez días se ha visto un aumento del 50% en la recepción de pacientes sintomáticos respiratorios, pues han pasado de un promedio de 100 a 150 diariamente.

Sobre terapia intensiva, el galeno dijo que se ha ido llenando muy rápidamente con casos clínicos críticos.

En marzo del año pasado, las dos salas de terapia intensiva ya estaban llenas y sostuvo que nunca han tenido un día con camas libres.

La mortalidad en exceso, según la Secretaría de Salud, es del 41,1% en lo que va del mes de febrero.

La entidad planteó considerar un aumento en las medidas restrictivas si la mortalidad continúa en aumento. (I)

Fuente: El Universo

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